El gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda y la Dirección de Comunidades Originarias, salieron al cruce de las denuncias formuladas por una concejala respecto de la supuesta situación de abandono de un complejo de 32 viviendas que fueron entregadas en diciembre pasado a la comunidad Qom, en barrio El Cairo, en el sudoeste de Rosario.
Voceros de la propia Secretaría y la Dirección mencionadas explicaron que desde el inicio del mandato del gobernador Omar Perotti “se asumió el compromiso de cerrar un proceso que estaba inconcluso, porque se había proyectado un plan de viviendas sin considerar los servicios esenciales, como luz y agua potable”.
Tanto el director provincial de Localización y Adquisición de Tierras, Francisco Alda; y su par de Comunidades Originarias, Rosana Esquivel, mencionaron que en ese barrio se viene trabajando de manera conjunta con los vecinos para culminar las obras infraestructura pendientes, después del pedido realizado por la propia comunidad, en diciembre del año pasado, de que las viviendas sean entregadas debido al temor de usurpaciones y los permanentes actos de vandalismo sobre las edificaciones.
“En esa oportunidad, a fines de 2022, desde Comunidades (Originarias) nos elevan el pedido de entrega” de las unidades habitacionales, recordó Alda. La nota fundamenta la urgencia debido “a los hechos de vandalismo y riesgos de ocupación irregular que se vienen presentando”, expresa el texto fechado el 20 de diciembre pasado y que lleva la firma de los vecinos de la comunidad.
“Estamos hablando de vecinos de un barrio que venía postergado hace más de 25 años en cuanto a soluciones habitacionales, y que esta gestión actual tomó la decisión política de poner punto final con la ejecución de 32 viviendas”, remarcó Alda. Por eso, el 23 de diciembre se entregaron las viviendas construidas en el asentamiento ubicado al oeste de calle Rouillón y al sur de Aborígenes Argentinos, en el cual se edificaron 27 viviendas premoldeadas para las comunidades originarias y cinco para demanda general.
La entrega fue acordada mientras se terminaban de las tareas de suministro de energía eléctrica y la reposición de los materiales de los demás servicios esenciales que habían sido vandalizados o robados. Al día de hoy, la EPE continuaba con las tareas de conexiones domiciliarias mientras los vecinos preparaban una suerte de movilización al Concejo Municipal para repudiar los dichos de la edila del Frente Progresista.
“Se hizo un relevamiento de las roturas y faltantes y se acordó con la empresa (contratista) la culminación de los trabajos para que las viviendas queden en perfecto estado, en cuanto al resto de los servicios esenciales, trabajando siempre de manera conjunta entre ambas direcciones y los propios vecinos, sin mezquindades, totalmente opuesto a la desinformación generada y difundida”, agregó Alda en referencia a las denuncias desde ese bloque en el Concejo rosarino.
Pocos días después de la entrega y a través de un convenio con la EPE, se iniciaron las primeras tareas de conexión. Mientras, la Dirección de Comunidades Originarias asistió a los vecinos con agua apta para consumo a través de una toma provisoria. “Los vecinos habían esperado muchos años para tener su vivienda y eso nos lo hacen saber cada vez que estamos en ese lugar, donde seguimos trabajando de manera conjunta. Anoche tuvimos otra reunión para ver los pasos a seguir”, sostuvo Esquivel.
Sólo para el caso de las obras eléctrica, la EPE contempló la postación y tendido de 1.000 metros de la red de baja tensión con cable preensamblado. Los propios vecinos del complejo habitacional preparaban hoy una movilización al Palacio Vasallo para repudiar lo que ellos consideraron como “equívocas” las denuncias de la edila que elevó a través de un pedido de informes y difundió a través de redes sociales.
