Trascendidos y anuncios de campaña. Esa es toda la respuesta que tienen hasta el momento los inquilinos que en el corto plazo entran en un nuevo año de contrato con aumento por encima del 100% o que deben iniciar uno nuevo con la incertidumbre de no saber donde seguirán viviendo.
La ley de alquileres sigue vigente, no hay nada oficial que diga lo contrario y eso por lo menos hasta hoy parece la única certeza. Pero los trascendidos y off the récord que parecen filtrarse desde la propia Casa Rosada llevaron la situación a un gris, en la que las reglas para alquilar pasaron a ser una cuestión de interpretación.
Aún no se sabe si por mala praxis o por voluntad propia, el gobierno nacional generó mayor incertidumbre en un mercado que atraviesa serias complejidades. La versión de que el propio presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, estaban analizando modificaciones o hasta una suspensión de la Ley, habilitó un escenario de mayor incertidumbre y profundizó la especulación.
Desde las cámaras inmobiliarias, que vienen palpando el terreno hace rato, aprovecharon este desconcierto para insistir con modificaciones favorables a su sector, o directamente con la disolución de una legislación. De hecho a partir de este gris generado por el propio gobierno, se intensificó el fenómeno de locadores y locatarios que, sin el consentimiento de las cámaras inmobiliarias, acuerdan un contrato por fuera de la Ley par agilizar el trámite ante la incertidumbre que puede generar una modificación o una nueva normativa.
Es cierto que la Ley cosechó quejas de propietarios e inquilinos. Cada uno por sus motivos, tuvo razones para esbozarlas. Los primeros por la falta de rentabilidad que les generan los contratos y los segundos, entre otros motivos, por los exponenciales aumentos que tienen que afrontar anualmente. Este descontento casi unánime, que parece fundar los argumentos de quienes quieren destruir la Ley por intereses personales o corporativos, oculta el drama troncal: una inflación desbocada que difícilmente pueda ser controlada en el corto plazo y que el viernes mostró su cuarta suba consecutiva, llegando al 7,7%.
Cuando se conoció el texto de la legislación vigente para los contratos de locación, el índice de aumentos compuesto por la inflación y salarios, parecía algo razonable para una economía con 2% de IPC mensual y 43% interanual. De mínima, daba cierta previsibilidad o establecía reglas claras entre quien ofrece y quien alquila. Hoy con una inflación interanual por encima del 100%, y con pocas expectativas de una merma, no hay cálculo que resista. En concreto, el drama es el índice de precios, que alimenta la idea de una Ley inviable y que empuja las expectativas de cambiarla por acuerdos entre las partes sin control alguno del Estado.
Especulaciones políticas
En medio de este desorden, el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos Por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, capitalizó el debate mediático para dar a conocer una serie de anuncios en clave electoral. Claro que a la hora de explicar su propuesta se acopló al pedido de suspensión de la Ley de alquileres.
El proyecto que dio a conocer como iniciativa del gobierno porteño contempla tres medidas centrales dirigidas a inquilinos y a propietarios que componen el mercado locativo. La primera de ellas refiere a una herramienta que puede reemplazar a las garantías. Propone bonificar hasta el 70% del seguro de caución, suponiendo que los inquilinos, de este modo, no necesitarían garantía propietaria y podrían afrontar el costo de ese seguro de caución. La segunda se trata del acceso a créditos para mudarse. Específicamente para los trámites de ingreso a una vivienda.
La tercera está dirigida a los propietarios, y pretende financiar reformas en viviendas desocupadas para aumentar la oferta. “Para que los propietarios puedan agregar valor a sus inmuebles y los puedan alquilar en mejor estado; y para que los inquilinos disfruten (pagando menos) de una casa en buenas condiciones”, sostuvo Larreta.
Este anuncio obligó al gobierno nacional a hablar del tema. La encargada fue la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien no pudo soslayar las dudas que existen en torno a la supuesta suspensión de la Ley de alquileres. En ese sentido, declaró: «Hasta que no tengamos una herramienta mejor de protección a los inquilinos, es la ley que está vigente. La ley de alquileres es perfectible, sin ninguna duda, pero es una ley que básicamente protege a los inquilinos. Hasta que no tengamos una herramienta mejor de protección a los inquilinos es la ley que está vigente».
Los dichos de la funcionaria coinciden con la realidad y se ajustan a derecho, lo extraño es que si esa es la concepción del gobierno nacional, cuesta comprender porqué dejaron filtrar versiones que atentan contra la legislación actual y alimentan la especulación.
Agrupaciones aclaran por las dudas
A nivel local, la Oficina Municipal del Consumidor convocó a representantes políticos y de organizaciones civiles en defensa de inquilinos para ratificar la vigencia de la Ley de Alquileres. El titular de la repartición local, Antonio Salinas, reparó en la “irresponsabilidad de quienes hicieron rodar la información de una posible derogación de la ley”.
En el mismo sentido el coordinador del Consejo Asesor de defensa de la Vivienda Única, Inquilinos y PyME’s, Ariel D’Orazio sostuvo: “Desregular empuja hacia arriba los índices de inflación. La idea es ir generando posicionamientos conjuntos desde los diferentes niveles del Estado, que lleven claridad y terminen con la especulación del mercado”.
Por su parte, el referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe, Sebastián Artola sentenció: “Lo que existió la semana pasada fue una operación política”. Y advirtió que “lo que esto genera es que se incumpla aún más la ley”.
Por último, Nire Roldán, de la Concejalía Popular y Frente de Inquilinos Nacional coincidió con el diagnóstico desarrollado en la reunión y sumó: “Hay que dejar de relatar y crear herramientas nacionales”. Asimismo, agregó un tema a la conversación referido a las “plataformas digitales y la necesidad de elaborar normas jurídicas que la regulen”. Al terminar con su exposición anunció que “están trabajando en una convocatoria para una movilización junto a organizaciones políticas y sociales”.
