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Más turbio imposible: cayeron una uniformada, dos falsos policías y un testigo trucho en el noroeste

El cuarteto fue interceptado por personal del Comando este miércoles a las 23 en un Toyota Corolla: dijeron ir a un allanamiento pero no pudieron sostener la versión. La sospechosa, además es la ex de un policía exonerado que tiene captura por causas criminales ligadas a la banda de Los Monos

Una mujer y tres hombres quedaron detenidos luego de que intentaran convencer al personal de Comando Radioeléctrico de que tenían que hacer un allanamiento cerca de la medianoche de este miércoles en barrio Belgrano, de zona noroeste.

Los cuatro estaban en un Toyota Corolla estacionado en Pampa y Juan Pablo II, colectora de Circunvalación. A lo turbio de la situación se sumó que la mujer es policía y ex pareja de un uniformado exonerado tras ser condenado como integrante de Los Monos y que tiene pedido de captura desde principios de este año por sus lazos con complejas organizaciones criminales.

También, que dos hombres que la acompañaban aseguraron ser agentes de la ley mientras que el tercero se hizo pasar por testigo. En el auto, les encontraron dos oficios del Juzgado de Familia y un descargo a nombre del testigo trucho junto con un arma de juguete, de acuerdo con lo informado por voceros policiales.

Las fuentes relacionadas al caso indicaron que todo comenzó este miércoles a las 23 cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de cuatro uniformados en actitud sospechosa arriba de un Corolla. Apenas llegaron los policías del Comando, la mujer bajó del lado del acompañante y se presentó como Natalia Gabriela B., de 46 años, y subinspectora de la subcomisaría 20ª.

Dijo que esperaba un llamado de la Fiscalía para hacer un allanamiento. El conductor dijo que era de la Policía de Investigaciones (PDI) –ahora Agencia de Investigación Criminal– y fue identificado como Gustavo M., de 34.

En tanto, uno de los que estaba atrás, Lucas D., de 34, tenía vestimentas de subinspector y contó que era compañero en la sub 20ª de la mujer mientras que el restante, Alejandro D., de 27, explicó que era testigo y que los policías lo habían “levantado” en barrio Ludueña por un allanamiento.

Al personal de Comando no les llevó demasiado echar por tierra la versión: pidieron las credenciales y les contestaron que no las tenían. Les preguntaron por las armas y el correaje, y recibieron como respuesta que se los habían olvidado.

Ya en ese momento, les colocaron las esposas al cuarteto y revisaron el auto donde hallaron dos oficios judiciales del Juzgado de Familia junto a un descargo a nombre de quien se había presentado como detective de la PDI. Además, siempre según lo que consta asentado en el parte oficial del procedimiento, sólo hallaron una pistola de utilería de marca Lethal Enforcers perteneciente a un videojuego de la década del 90.

Para ese entonces, la mujer remarcó que era policía pero que estaba con carpeta psiquiátrica. Con esas identidades, los pesquisas determinaron que Lucas y Alejandro D. (el testigo trucho) eran parientes mientras que el que se presentó como detective de Investigaciones era vecino de estos dos.

El procedimiento y los detenidos fueron trasladados por orden del fiscal de Flagrancia, Damián Cimino, a la División Judiciales de la Unidad Regional II, donde también hizo medidas el personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a las órdenes del MPA.

El ex policía prófugo

Al interrogante sobre qué iban a hacer estas personas en este lugar se les suma la zona en la que estaban: en Pampa y Juan Pablo II, a 12 cuadras del galpón de Guatemala al 2200 donde se hacía una peña de históricos policías (en actividad y retirados) de la ex Drogas peligrosas.

Este lugar fue allanado a principios de marzo por una causa que investiga criminalidad organizada. A ese galpón fueron a buscar al ex policía Juan José Raffo y resulta que la mujer detenida este miércoles es su ex pareja y madre de sus hijos.

A Raffo lo buscan sin éxito desde febrero pasado por múltiples delitos dentro de la Justicia provincial y federal que son conexos a los lazos que posee un grupo de policías con organizaciones narcocriminales.

Hace 17 años que este uniformado aparece en las crónicas policiales: en 2006 Raffo tuvo su primera causa cuando desapareció una puerta de cedro de una comisaría céntrica. Para entonces, cuando ya le achacaban una causa de estafa y otra por tentativa de cohecho agravada, terminó condenado a un año de prisión en suspenso.

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En  2009 volvió a aparecer y habló de cajas negras en la fuerza, para lo que hizo algunas filmaciones que, aseguraba, demostraban lo que denunciaba. Sin embargo, luego comenzó a ser investigado sospechado de que en realidad quería despejar a la competencia en los dividendos y también lo usaba para extorsionar a otros colegas.

En 2013 quedó involucrado en la investigación de la llamada megacausa Monos y en 2018 fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por pertenecer a esa asociación ilícita, por cohecho y violación de secreto.

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Pasó casi un lustro hasta que, fiel a su pedigrí, Raffo volvió a las crónicas policiales y ahora se encuentra prófugo de la Justicia. Una de las causas se conoció tras los allanamientos del viernes 4 de marzo pasado, solicitados por los fiscales Matías Edery y José Luis Caterina por la investigación sobre una asociación ilícita integrada por policías y una célula de Los Monos, liderada por Guillermo “Chupa” Sosa, detenido desde mayo de 2022 por organizar el asesinato del histórico barra de Newell´s Nelson “Chivo” Saravia, cometido en octubre de 2021.

En los operativos fueron detenidos el subinspector David “Lucho” Arellano, de 41 años,  y el suboficial Marcos Barúa, de 31, en sus domicilios de Villa Gobernador Gálvez y barrio Alvear.

En la imputación, la Fiscalía presentó indicios por la presunta connivencia de Arellano y Barúa con sectores sucios de la fuerza y con la narcocriminalidad. También por hacer lobby que, como investigadores, hicieron para impulsar una causa por interés del barra Chupa Sosa, quien mantenía estrecho vínculo con Raffo.

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Edery y Caterina acusaron a Arellano por asociación ilícita, encubrimiento y violación de secretos, mientras que a Barúa le achacaron incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

A su vez, otro procedimiento fue en una peña donde se desarrollaba un asado de jefes policiales retirados y en actividad, en Guatemala al 2200.

En ese galpón, los pesquisas de la Agencia de Control Policial fueron a buscar a Raffo pero no lo hallaron. Sí incautaron los celulares del policía Marcelo “Malevo” Mendoza, veterano de la antigua dirección de Drogas Peligrosas, cuyo último destino –antes de ser pasado a disponibilidad– fue como jefe de la regional del departamento Villa Constitución; y del comisario general retirado y en ese entonces funcionario de la Municipalidad de Granadero Baigorria Alejandro Franganillo, otrora un nombre de peso en Drogas Peligrosas. Estos dos ex jefes policiales no quedaron vinculados con esta causa.

La pata económica no podía quedar atrás y en la causa también aparece un intermediario financiero –comúnmente llamado arbolito–para lavar dinero proveniente de múltiples microeconomías delictivas. A José Luis V., la Fiscalía lo acusó por una compra de dólares ilegal del 4 de enero pasado.

“Con este accionar se permitió que el dinero aportado por Raffo y que entendemos, éste lo obtiene de las actividades ilegales de la asociación ilícita a la que pertenece y brinda soporte técnico y económico, sea inyectado en el mercado financiero a través de Brancatelli SA”, explicaron los fiscales para agregar que esta plata “proviene de los negocios –entre ellos extorsiones, balaceras, manejo de los negocios ilícitos de la barra de Newell’s, homicidios, explotación gastronómica– que llevan a cabo Sosa, quien, a su vez, responde a las órdenes de Leandro “Pollo” Vinardi», gerente de la monada en Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco, y del máximo líder: Ariel “Guille” Cantero.

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Como si el prontuario no fuera extenso, a estas conexiones se suma una investigación de la Justicia federal de Campana que seguía una pesquisa a policías santafesinos ligados al comercio de drogas y su introducción al Gran Rosario.

Por este tiempo, los voceros del caso indicaron que ya resonaba el galpón donde se hacía la peña, ubicada en Guatemala al 2200. Y como todo tiene que ver con todo, en enero pasado, Gendarmería le secuestró el celular a un miembro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Rosario, ya que está investigado por pasarle información sensible al grupo de policías de Arellano y Barúa.

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