Los máximos directivos de la agrofinanciera Guardati Torti están a un paso de ser condenados luego de que aceptaran un acuerdo entre su defensa y la Unidad Fiscal de Delitos Económicos en el que reconocen su responsabilidad en delitos de estafas, desmanejo de cientos de cuentas de clientes y falsificación de balances. El documento será evaluado por un juez de primera instancia el próximo viernes y, de ser homologado, los titulares de la firma recibirán una pena a tres años y ochos meses de prisión como también pagarán una multa de 5 millones de pesos cada uno. La investigación comenzó en diciembre pasado y los otros siete miembros del directorio a sortearon el juicio oral a cambio de multas de hasta 10 millones de pesos y trabajo comunitario.
Los empresarios Juan Carlos Guardati y Ángel Torti, a través de su defensa, se habían comprometido a mediados del año pasado a resarcir a los ahorristas que los denunciaron por estafa. En ese marco, los financistas cumplieron en un 65 por ciento al vender dos oficinas que tenían en Puerto Norte y sus acciones. Esta maniobra hizo que estuvieran en condiciones de solicitar el juicio abreviado al titular de la Unidad Fiscal Económica Sebastián Narvaja y la probation junto a las multas para el resto del directorio.
El inicio de la causa
A principios de 2020, el default del agroexportador Vicentín arrastró a su mismo destino a la firma Guardati, cuyo directorio fue denunciado por usar el dinero de cientos de sus acreedores para evitar el ocaso. En diciembre de 2021, los máximos responsables de la agrofinanciera junto a Natalia Guardati, Noemí Ponte, Susana Alesandrini, Alejandro Giacomino, Juan Guardati y Laura Torti y el síndico titular Gustavo Rossi, fueron imputados por delitos vinculados a la falsificación de balances y desmanejos.
En febrero, el fiscal Narvaja los volvió a imputar por 156 hechos de administración fraudulenta donde sus clientes fueron víctimas del vaciamiento de las cuentas que administraba la firma. En dicha oportunidad, la Fiscalía los señaló como “los autores de maniobras ilegales cometidas en violación de los deberes que tenían a su cargo como administradores de la sociedad y responsables de la administración y custodia de fondos de terceros para beneficiarse económicamente con el provecho de una serie de actos desleales de administración de los intereses pecuniarios de los clientes de la firma”.
La tercera imputación se produjo por el vaciamiento de una cuenta de una empresa de transporte por 19 millones de pesos. En estos tres casos los imputados se fueron a sus casas con algunas restricciones.
Sin embargo, en la cuarta acusación que se llevó a cabo en junio pasado a Juan Carlos Guardati y Ángel Torti se les achacó el delito de colusión que se produce cuando se hace un convenio que estipula ventajas especiales para el caso de aceptación de un concordato, convenio o transacción en el que intervenga un deudor, director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa o persona jurídica de otra índole en estado de quiebra o concurso.
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En este caso, le ofrecieron a dos acreedores una reparación económica, en un caso por 7 mil dólares y en otro por 65 mil dólares lo que quedó supeditado a su voto favorable en el concurso preventivo que atraviesa la firma. Ambos imputados terminaron con arresto preventivo efectivo por 90 días. No pasaron ni 20 días y los socios consiguieron el arresto domiciliario por los problemas de salud que adujeron a su avanzada edad, ya que ambos tienen más de 75 años.
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De acuerdo con voceros relacionados al caso, Guardati y Torti aceptaron su responsabilidad en dichos delitos como también cumplir una pena de tres años y ocho meses de prisión. A esta sanción se le sumó una multa de 5 millones que deberán pagar cada uno si la Justicia acepta el abreviado.
Las fuentes agregaron que para el resto del directorio la probation se cerró de acuerdo al grado de responsabilidad y los roles sindicados en cada delito de la siguiente manera: Natalia Guardati y Alejandro Giacomino harán trabajo comunitario por 1.200 horas y pagarán una multa de 10 millones de pesos.
Juan Martín Guardati deberá pasar el mismo tiempo de trabajo comunitario y abonar 4 millones de pesos mientras que Laura Torti también tendrá la misma carga horaria pero con un multa de 2 millones.
En tanto, a Noemí Ponte y Margarita Alesandrini, esposas de los titulares de la firma, cerraron en 100 horas de trabajo comunitario y el pago de 2 millones de pesos cada uno, detallaron los voceros del caso para recordar que estos acuerdos están supeditados a la homologación del Juzgado de Primera Instancia que se hará el próximo viernes en el Centro de Justicia Penal.
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