Una «machi» mapuche (chamana) podrá regresar al predio de Villa Mascardi del que fueron desalojadas el año pasado y podrán «ejercer sus tareas espirituales y medicinales», aunque no podrá residir allí y la comunidad será reubicada en otras tierras.
Así se acordó en la tercera reunión de la Mesa de Diálogo por el conflicto territorial en Villa Mascardi, de la que participaron representantes mapuches, funcionarios nacionales y referentes de organismos de derechos humanos.
Luego de analizar la situación actual, quedó en firme el compromiso del Estado nacional a reconocer el rewe como sitio sagrado de la comunidad mapuche y se dará cesión de uso a la Machi Betiana Colhuan para que pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales para todas las comunidades mapuche tehuelche.
Asimismo, se acordó que la Comunidad Lafken Winful Mapu se reubicará en otras tierras, distintas a donde se ubica el rewe de Villa Mascardi, cuya localización será analizada en el marco de la mesa de diálogo que se realizará en las próximas semanas.
También se determinó que el Estado nacional establecerá una presencia constante en la zona mediante la instalación de oficinas propias de distintas carteras gubernamentales, además del Ministerio de Seguridad.
«El propósito fundamental de esta medida es garantizar una convivencia pacífica entre la Machi en el rewe y los legítimos propietarios de la zona, que podrán habitar el lugar«, subrayó el comunicado difundido por la Secretaría de Derechos Humanos.
Sobre ese último punto, se destacó que a los «vecinos legítimos propietarios de la zona se les reconoce su propiedad de sus tierras y sus casas».
Entre otros puntos, también se acordó que la semana próxima se presentará un acuerdo conciliatorio ante la Justicia, transmitiendo y mostrando el acuerdo arribado entre el Estado nacional y representantes de las comunidades mapuches a fines de que se extinga la acción penal, siempre y cuando se cumplan con todas las cláusulas del acuerdo.
El conflicto territorial de Villa Mascardi tuvo su punto más álgido e 2017, cuando el joven Rafael Nahuel fue asesinado por miembros de la Prefectura durante un operativo.
En la reunión llevada a cabo en el predio de la ex ESMA estuvieron presentes representantes de comunidades mapuches de Río Negro, Chubut y Neuquén; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; su par de Articulación Federal de la Seguridad, Silvia La Ruffa; el presidente del Instituto de Asuntos Indígenas, Alejandro Marmoni; el titular de la Administración de Parques Nacionales, Federico Granato; la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Carolina Varsky; y referentes de organismos de derechos humanos como Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y Mariana Katz; entre otros.
