Un recluso de la Unidad 11 de Piñero fue acusado de idear un plan criminal junto a su pareja para estafar a una familia en 1.500.000 pesos. El ardid denunciado se llevó a cabo en noviembre pasado cuando publicaron la venta de una casa en Barra 3350, una mujer se la compró a la supuesta propietaria, quien brindó una identidad falsa en la documentación de la transacción.
A dos meses de haberse mudado, la familia recibió amenazas, fue blanco de una balacera y tuvieron que abandonar la casa. La Fiscalía pidió una orden de captura para la pareja del recluso, el cual quedó imputado este viernes por estos delitos. También investiga si hubo otras víctimas. Ese terreno de Barra 3350 estuvo mencionado en las crónicas policiales hace seis años por una oscura trama que involucró la desaparición seguida de muerte de uno de sus dueños, un ataque a balazos y narcomenudeo.
El sindicado autor de la estafa y posterior usurpación fue identificado como Ismael Edgardo González, de 39 años, quien está preso en la cárcel Piñero tras ser condenado a mediados de 2013 por el homicidio en ocasión de robo de Arturo Beltrán Correa, de 31 años, cometido el 26 de julio de 2010 en barrio Tío Rolo, otro robo calificado y resistencia a la autoridad. En dicha oportunidad, el tribunal unificó esa pena en 23 años de cárcel, ya que contaban con otra anterior a 5 años.
Los fiscales del caso, Franco Carbone y Federico Rébola, también dictaron el pedido de captura para la pareja del imputado, identificada como Daniela Carla R., quien está sospechada de llevar adelante el plan para estafar a la víctima. También trabajan para identificar a otros cómplices de la pareja y para determinar si existen otras víctimas.
En la audiencia de este viernes, la Fiscalía reconstruyó en base a la denuncia y los indicios recolectados, entre los que están escuchas telefónicas entre la pareja, que el plan consistió primero en conseguir un comprador para una de las viviendas del terreno de Barra 3350 para luego sacársela a través de amenazas y balaceras.
La víctima contó en su denuncia que a finales del año pasado vio una publicación por Marketplace, de la red social Facebook, donde vendían una casa, ubicada en Barra 3350. Se contactó con la supuesta propietaria, la cual se presentó como Carla Ruiz. Luego se conocería que era una identidad falsa y que se trataba en realidad de Daniela Carla R., la mujer que ahora está prófuga de la Justicia.
El 12 de noviembre de 2022, Carla Ruiz le entregó la casa de dos plantas, ubicada en Barra 3350, a la víctima mediante un boleto de compra-venta por 1.300.000 pesos junto a un segundo pago de 200.000 pesos que se concretó a finales de diciembre.
La mujer y sus hijos se mudaron a propiedad y el 27 de enero de este año empezaron los tormentos. Era después de la cena cuando escucharon que les tiraban piedras al techo. La víctima alcanzó a ver por la ventana que dos ciclistas se iban. A la mañana siguiente encontró una nota en la puerta de su flamante vivienda que rezaba: “Dejá la casa en 24 hs. te damos tiempo hasta mañana sino plomo a tu familia, corta».
Eran las 22.40 del 28 de enero y la familia mitigaba el calor comiendo en la vereda cuando dos personas llegaron en moto y dispararon. Hubo corridas y desesperación para refugiarse de los balazos que no alcanzaron a herir a nadie. Las víctimas esperaron un tiempo prudencial para volver a salir y abandonar el domicilio.
La mujer siguió visitando la propiedad y el mediodía del 3 de febrero, encontró una bolsa en la ventana que tenía otra amenaza: “Tomatela no vengan mas xque la próxima que vea a alguien. Lo mato. Dejen la llave”.
Sumida en el terror, la víctima hacía cada más esporádicas sus visitas a la casa de Barra 3350 y el 14 de febrero encontró que al frente lo habían pintado de otro color y le habían cambiado las cerraduras. Los indicios recolectados por los pesquisas determinaron que González desde la cárcel había ordenado hacer esos cambios a su pareja y a otras personas.
El 17 de marzo, la Fiscalía solicitó un allanamiento en dicho inmueble, donde buscaron sin éxito a Daniel Carla R. y fue restituido a la víctima. Al día siguiente, la mujer recibió un llamado anónimo donde un hombre le dijo que era su casa, que tenía la escritura, y la amenazó. Los investigadores determinaron luego de analizar las antenas y escuchar, que el interlocutor era González. Las intimidaciones fueron suficientes para que la familia no volviera a aparecer por la casa de Barra 3350, describieron los fiscales en la imputación.
Tras enumerar las pruebas, Carbone y Rébola acusaron a Ismael González como coautor de los delitos de amenazas con el fin de compeler a la víctima a que abandone su residencia habitual agravada por la utilización de arma de fuego, usurpación y estafa.
Luego de escuchar a las partes, la jueza Silvia Castelli aceptó la imputación de la Fiscalía y dictó para González la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir dos años hasta el juicio oral.
Narcomenudeo, crimen y misterio en Barra 3350
A raíz de esta causa, los pesquisas indicaron que el terreno de Barra 3350 está dividido en tres viviendas, entre ellas, el domicilio de dos plantas con la que estafaron a la familia pero hace seis años en ese lugar funcionaba un almacén con una casa detrás que fue testigo de una balacera, narcomenudeo y estuvo envuelta en una misteriosa ejecución mafiosa, aún impune.
Esa trama se conoció en octubre de 2017 cuando los uniformados de la delegación Rosario de la Policía Federal llegaron a Barra 3350 acompañados por Byron, un perro entrenado para encontrar rastros humanos, de los bomberos de Villa Constitución. Buscaban algún indicio de Sergio Andrés Ramos, morador junto a su pareja Adriana T. de ese terreno, quien estaba desaparecido desde hacía cuatro meses.
La denuncia de paradero la había hecho Gisela, una de las hijas que tuvo Sergio con su primera esposa. La joven contó que el 12 de febrero de 2017, desconocidos irrumpieron en la casa de Barra 3350 para golpear y balear a su padre. Sergio, de 45 años, quedó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y luego fue derivado al Eva Perón donde se retiró el 19 de febrero sin que le dieran el alta médica.
La muchacha dijo que su padre le había contado que volvería a su casa, de ahí no tuvo más noticias de él y en declaraciones a diferentes medios de comunicación apuntó a Adriana, la pareja de Sergio porque él no quería que vendiera drogas.
La hija mayor quería saber qué le había pasado y el panorama no era bueno: el 3 de junio de 2017 encontraron un esqueleto con un disparo en la pelvis y otro en el cráneo en un zanjón de avenida Belgrano al 100, en barrio Cabín 9, de Pérez.
Insistió en la búsqueda y en el operativo de octubre en la casa de Barra el perro detectó rastros de sangre en una especie de templo umbanda y los policías de la Federal secuestraron 200 bochitas con cocaína que hicieron algo más que medio kilo, una veintena de celulares y detuvieron Adriana junto a otras cuatro personas que estaban en el lugar por infracción a la ley de drogas 23.737.
El almacén era chico, pero tenía siete cámaras de videovigilancia. También se conoció que ese local había sido baleado en agosto de 2016, en lo que Adriana contó que fue enfrentamiento entre dos grupos que justo estaban frente a su comercio.
Pasaron dos años y el 8 de mayo de 2019 estuvieron los resultados de las pruebas de ADN y confirmaron que los restos encontrados en el descampado de Cabín 9 eran los de Sergio Andrés Ramos. Gisela pudo sepultar a su padre pero nunca supo qué pasó, quién o quiénes lo mataron y luego descartaron su cuerpo.
