Melisa García, fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), opinó que el Poder Judicial «atrasa, ejerce violencia institucional y está muy lejos de entender las desigualdades de la sociedad» y consideró imprescindible avanzar hacia una reforma con mirada feminista para que la Justicia sea efectiva en prevenir situaciones de violencia y no deje a las víctimas «más expuestas» a sufrir agresiones.
«No podemos pensar en una democracia real, no podemos pensar en eliminar la violencia si tenemos uno de los tres poderes de la República (por el Poder Judicial) que violenta, que ejerce violencia institucional, que atrasa y que está muy lejos de atender las enormes desigualdades de la sociedad», reflexionó García.
La abogada es vocera de la Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista, un movimiento que reúne a 300 organizaciones feministas, sindicales, sociales, de derechos humanos, académicas y del colectivo LGTBIQ+ y que será lanzada formalmente el 29 de este mes.
El reclamo central de la campaña apunta a que «los Tribunales Superiores y Cortes de Justicia provinciales, cámaras y tribunales inferiores de el país garanticen los derechos humanos de todas las personas y el acceso a la justicia con perspectiva de género».
Son parte de la campaña el Colectivo Ni Una Menos, Madres de Plaza de Mayo línea Fundadoras, Mujeres Sindicalistas, la Corriente Federal de Trabajadores, sindicatos nucleados en la CGT, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, organismos de DDHH, el Proyecto Generar, Abofem y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras.
La gran distancia entre quienes están al otro lado del mostrador hace que no puedan comprender la gravedad de cómo opera la violencia en el país
Sobre cuáles son las modificaciones urgentes que deberían hacerse para avanzar hacia un Poder Judicial con perspectiva de género, la abogada señaló que «una importante es la falta de imparcialidad y la persecución que hace la justicia hacia liderezas políticas en nuestro país. A esto se suma la falta de perspectiva de género de los jueces y juezas en la totalidad de sus abordajes.
En los casos de violencia de género vemos cómo fracasan una y otra vez las medidas que toma la Justicia y que, lejos de prevenir estas situaciones, termina dejando más expuestas a la violencia a las mujeres que denuncian. También, la falta de formación con perspectiva de género de jueces y juezas al momento de concursar; la falta de democratización en los ingresos y la existencia de una Corte Suprema que ya demostró tener una inclinación político partidaria, con la que apunta una y otra vez a eliminar derechos, más que a impartir justicia.
Estos son ejemplos de la Justicia que hoy tenemos y que está muy alejada de ser una Justicia que entienda las desigualdades de nuestra sociedad y que trabaje para eliminarlas porque las fallas están en un montón de lugares, pero los casos de violencia de género siempre son el común denominador. La pregunta recurrente es cómo eliminamos la violencia y por qué, a pesar de las políticas públicas, los casos de femicidio no frenan e incluso aumentan.
Ahí, obviamente, falla el abordaje del sistema de justicia en su totalidad y abarca a todo el territorio. Porque el sistema está totalmente plagado de estereotipos de género, de una idea de cómo debe ser una víctima y de una falta de contextualización e historización de los casos. Hay una distancia tan grande de quienes están al otro lado del mostrador que hace que no puedan comprender la gravedad de las situaciones de violencia y cómo opera la violencia en nuestro país.
Las sentencias quedan en la discrecionalidad de cada juez y en su predisposición a dar respuesta con mayor o menor compromiso a los casos de violencia
Acerca de si existen estadísticas sobre el tratamiento judicial de casos de violencia de género que permitan visibilizar esas fallas o esa denegación de justicia a las víctimas, la militante feminista dijo que «uno de los grandes temas es la falta de transparencia. No tenemos un registro de las sentencias de jueces y juezas. Eso hace que no haya ningún tipo de control y que las sentencias queden en la discrecionalidad de cada juez, de cada juzgado, y en su predisposición a dar respuesta con mayor o menor compromiso a los casos de violencia.
Hoy incluso está a la vista la discrecionalidad de jueces y juezas que hablan de una «ideología de género» y se corren de lo que es la normativa vigente. La ideología es una cosa y la perspectiva es otra completamente distinta (el Estado argentino mantiene un compromiso internacional ante la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer –Comité CEDAW-ONU–, por el cual los jueces deben capacitarse para aplicar perspectiva de género).
Pensemos en la fiscal de Saladillo (Patricia Hortel, de la UFI 2) y en sus dichos sobre el femicidio de Rocío González. Los casos que llegan a los medios son, en definitiva, los que nos aterran por la impunidad, pero esto que pasa es algo cotidiano.
(La fiscal Hortel fue separada de la causa que investigaba el femicidio de González luego de que en una entrevista afirmara: «Los agresores seleccionan a sus víctimas, dificulto que a mi hija le pase una cosa así porque tiene otro perfil, yo creo que debemos educar muy distinto a las mujeres. Estoy segura que mi hija lo sacaba bailando, que se impone ¿entendés? Es una persona que se hace respetar y que su «no» es respetado»).
En un año marcado por la puja electoral, ¿hay acompañamiento desde el poder político a la Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista?
La abogada manifiesta que «la lógica de la campaña es transversal, colectiva y federal. Por supuesto, hay fuerzas más afines. Por ejemplo, la persecución judicial y el intento de magnicidio de la Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) están vinculados con esas lógicas de criminalizar a las mujeres que alzan la voz en la vida política y en ámbitos político-partidarios. Independientemente del color político, ese hecho nos muestra que el poder, en su muestra más gravosa, no repara en perseguir y crear causas para justificar lo injustificable. Una lógica que tiene más que ver con la persecución, que con el debate de ideas.
Entonces, obviamente hay sectores que acompañan muchísimo más. Siempre la política partidaria es compleja en cuanto a cómo acompaña o no acompaña las luchas sociales, entonces, en algún punto, es interesante la transversalidad de esta campaña con organizaciones de todo tipo: territoriales de base, de la sociedad civil, organizaciones que trabajan en ámbitos académicos, sindicatos y partidos políticos.
Eso deja en claro que la lucha es mucho más que un color político, pero sí es una lucha política aunque no responda a una lógica político-partidaria», y agrega: «No podemos pensar en una democracia, no podemos pensar en eliminar la violencia si tenemos uno de los tres poderes de la República (por el Poder Judicial) que violenta, que ejerce violencia institucional, que atrasa y que está muy lejos de atender las enormes preocupaciones de toda una sociedad.
Ni hablar de lo que sufren las mujeres mapuches, los pueblos originarios, ni hablar de la persecución y criminalización de madres protectoras (mujeres que impulsan denuncias de abuso sexual en defensa de sus hijos), de los malos abordajes en los casos de violencia, de la infinidad de casos en los que lo único que se hace es sostener la impunidad, sostener el patriarcado y sostener un sistema que sigue vulnerando una y otra vez a mujeres, disidencias, a otras identidades de género y a niñeces. Por eso es importante».
