Durante la represión contra los manifestantes en Jujuy durante los últimos días, que sólo en la jornada de este martes dejaron 170 heridos, se utilizaron varios vehículos sin identificar. Según pudo averiguar Data Clave, al menos dos de las camionetas que se usaron en los operativos policiales para trasladar a los 68 detenidos pertenecen a empresas que tienen contratos con el Estado jujeño o con grandes corporaciones de la provincia.
Por ejemplo, una de las camionetas con las que personal de fuerzas de seguridad se llevaron a los detenidos es una Toyota Hilux, dominio AA982GP, que pertenece a Marcelo Horacio Zarif, responsable de la empresa constructora Hormixa, de acuerdo con los registros oficiales a los que accedió este sitios.
Esa empresa tiene contratos con el estado jujeño desde 2002, y solo en los últimos años construyó barrios, carreteras, escuelas, y se presentó a varias licitaciones convocadas por el gobierno a cargo de Gerardo Morales.
La última licitación que se le adjudicó a la empresa constructora de Zarif es de apenas un par de semanas atrás. El 31 de mayo último se le adjudicó la construcción de cuatro edificios escolares por un total de 320 millones de pesos, de acuerdo con la documentación pública del Ministerio de Educación de Jujuy.
Otra de las camionetas en las que se llevaron detenidos es una Ford Ranger DC 4×4 tiene el dominio AC671KA, que se corresponde con la empresa constructora Paredes SRL. La firma está a nombre de Jorge Antonio Paredes, quien a su vez tiene en sociedad con su hijo Ariel Gustavo Paredes la empresa Paredes Minería e Industria.
Por su parte, Gustavo tiene dos emprendimientos gastronómicos: Candelia y Uma, que recibieron subsidios del estado provincial por los acampes que se realizaron en la capital jujeña entre el 14 de diciembre de 2015 y el 18 enero de 2016, cuando Morales inició la persecución contra Milagro Sala y ordenó su encarcelamiento. En aquel momento el gobernador Morales otorgó subsidios a los comerciantes que estaban situados en la zona conocida como Paseo de la Bandera. La firma Candela recibió una compensación entonces de 147 mil pesos.
De acuerdo con los registros oficiales, Jorge Armando Paredes, en 2014, inició las obras para la construcción de mil viviendas en Calilegua, un emprendimiento de la corporación Ingenio Ledesma. El uso de vehículos de empresas para reprimir no es una novedad.
El próximo 20 de julio se cumplen 46 años de la represión conocida como “Noche del Apagón”, cuando se utilizaron vehículos del Ingenio Ledesma en medio de llamativos cortes de luz para secuestrar a trabajadores de la empresa que tenían militancia sindical o política en la localidad de General San Martín, en procedimientos coordinados con la dictadura militar.
Los operativos de represión policial en Jujuy generaron los reclamos de organismos de defensa de los derechos humanos y de los cuerpos colegiados de abogados que denunciaron que se les impide tomar contacto con sus defendidos que fueron alojados en cárceles de la provincia.
Por ejemplo la abogada Mariana Vargas, que asiste a algunos de los detenidos, aseguró esta mañana que «hay personas que no se saben dónde están» y denunció «irregularidades» por parte de las fuerzas de seguridad que intervinieron durante las protestas contra la reforma de la Carta Magna.
«Tenemos una lista de 42 detenidos en Alto Comedero, pero habría más. Estamos viendo dónde y cómo están. La situación es muy grave porque todo es absolutamente irregular. Hay personas que buscan a familiares que no saben dónde están», advirtió Vargas en declaraciones a Radio 10.
«Algunos infiltrados policiales fueron detenidos. Se reían cuando entraban y les preguntábamos el nombre. Después salían caminando muy tranquilos. Es desvergonzada esta situación. Vamos a hacer una denuncia por la quema de un auto y por los infiltrados que estamos confirmando», señaló.
Fuente: www.dataclave.com.ar
