El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, quedó nuevamente en la mira de la Justicia penal, esta vez, por contaminación ambiental. Un fiscal federal pidió que sea indagado por volcar efluentes cloacales en crudo al río Paraná, el arroyo Ramallo y el Yaguarón en infracción a la ley de Residuos Peligrosos y por incumplir con sus deberes de funcionario público.
En la causa se constató que el mandatario de Juntos por el Cambio abandonó el mantenimiento de las plantas de tratamiento de residuos líquidos y, ante su deterioro, realizó conexiones clandestinas con cañerías que hicieron de puente hasta cada desembocadura.
Además de esos “bypasses ilegales”, el fiscal advirtió que Passaglia estaba al tanto de los efectos peligrosos de la maniobra: en 2017 le encargó a la Universidad Nacional del Litoral un estudio hidráulico dentro de la reserva natural Parque Rafael de Aguiar (donde se encuentran dos de las tres plantas que tiene la ciudad) y recibió un informe lapidario que le advertía sobre los niveles escandalosos de contaminación de las aguas públicas, además de los efectos nocivos para la salud.
Nada cambió. El paso siguiente de su gestión fue otro escándalo ambiental: la habilitación de balnearios públicos y puentes vehiculares para cruzar a las islas en esa zona protegida. Muchos vecinos celebraron la medida mientras otros se organizaron en un reclamo desesperado para frenar la deforestación masiva de bosques nativos y humedales y denunciar el tramado encubierto de negocios inmobiliarios de alta gama. Hace dos meses, la Corte Suprema de Justicia bonaerense clausuró todas las obras ilegales construidas por Passaglia dentro de la reserva ecológica.
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Un bypass que contamina
En medicina, un bypass es un conducto alternativo que desvía la corriente sanguínea para facilitar su circulación. En San Nicolás, es el término más adecuado para explicar el recorrido esquivo de los residuos cloacales de la ciudad.
En su pedido de indagatoria, el fiscal federal Matías Felipe Di Lello menciona la existencia de “bypass clandestinos” construidos por el Municipio para desviar el curso de los efluentes cloacales, eludir las plantas de tratamientos y volcarlos en crudo al río Paraná, el arroyo Ramallo y el Yaguarón. También advierte que la falta de tratamiento adecuado de esos desechos tóxicos contamina el agua de un modo peligroso para la salud y el ambiente.
Los datos fueron corroborados por la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina y funcionarios provinciales de la Autoridad del Agua que inspeccionaron las plantas y labraron actas.
Además del intendente, el fiscal Di Lello pidió la indagatoria del secretario de Obras Públicas y Planeamiento de San Nicolás, Darío Gritti, y de Federico Nicolás Agudo, presidente del Ente de Aguas, organismo descentralizado de la administración pública municipal. Por último le solicitó al juez de la causa, Carlos Villafuerte Russo, que de curso a una medida cautelar que ponga fin al daño ambiental. El pedido busca que se quiten esos bypass, se pongan en condiciones las plantas de tratamiento y se gestionen los permisos legales ya que se encuentran funcionando sin el Certificado de Aptitud Ambiental y sin el permiso provincial de vuelco de efluentes de la Autoridad del Agua.
Destrucción ambiental “para la gente”
La causa fue iniciada en 2020 por la asociación civil Foro Medio Ambiente (FOMEA) y un numeroso grupo de personas bajo patrocinio de los abogados Fabián Maggi y Carlos Arturo Turati. Los vecinos no sólo detallaron que las aguas se encontraban contaminadas con bacterias coliformes fecales en niveles alarmantes, muy por encima de los parámetros legales permitidos. También denunciaron que el intendente y varios de sus funcionarios estaban al tanto del daño causado.
“Fue el propio Municipio el que contrató en 2017 a la Universidad Nacional del Litoral para que haga una evaluación ambiental del Parque Rafael de Aguiar (una reserva natural de 320 hectáreas). En esa evaluación se tomaron muestras que detectaron niveles escandalosos de contaminación con efluentes cloacales, datos recibidos por el jefe de Obras Públicas Darío Gritti”, recordó el abogado Fabián Maggi a El Ciudadano.
“Es decir que fueron alertados de la problemática y no hicieron nada para solucionarlo. Y lo más aberrante es que pagaron una fortuna para hacer un estudio que pretendieron que tenga carácter confidencial con la firma de un acuerdo que finalmente se filtró, cuando todas las leyes y tratados internacionales señalan que la información ambiental debe ser lo más pública y transparente posible”, agregó.
Maggi recordó el proyecto original que quiso llevar adelante el intendente Passaglia dentro del área protegida con la construcción de hoteles y restaurantes en la isla. Dijo que se trata de un modelo de gestión que hace eje en “la privatización del espacio público, la especulación inmobiliaria y la búsqueda de ganancias económicas dentro de la reserva ecológica”.
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Para el abogado de FOMEA, se trata de una “gestión de gobierno que invierte millones de recursos y esfuerzos para intervenir estéticamente la ciudad poniendo adoquines, farolitos, lamparitas y no pone un peso en tratar los efluentes cloacales generando una contaminación de enorme magnitud”.
Al respecto cuestionó el uso de recursos públicos “invertidos en apariencias, en detalles estéticos muchas veces dañinos para el ambiente” y “en querer hacer creer que toda esa destrucción ambiental es para que la gente tenga un balneario, además de balnearios que están contaminados por efluentes cloacales que son peligrosísimos para la salud humana: una gestión que parece estar a favor de la gente y en realidad lo que hace es descuidarla y hasta perjudicarla en términos de salud”.
A modo de ejemplo mencionó la causa por malversación de fondos en la que Passaglia está imputado. “Fondos que le sacó a Educación para construir un autódromo con la misma lógica que sacó fondos de Seguridad e Higiene de la ciudad para construir pasarelas que cruzan el río”, refirió.
La causa por contaminación del agua quedó en manos del juez Villafuerte Russo quien deberá decidir si da lugar a los pedidos de indagatoria y curso a la medida cautelar. Para FOMEA, querellante en varias causas locales por contaminación, el juez no va a avanzar con la investigación. “Sabemos que es un juez muy reacio a otorgar cualquier medida que afecte a la familia Passaglia. Por la experiencia que tenemos en otros casos nos animamos a anticipar que va a emitir un fallo desfavorable y lo vamos a tener que revertir apelando a un tribunal superior”, afirmó.
