Ariel Rolfo
La Involución es un retroceso en la marcha o evolución de un proceso. Si la analizamos en la ámbito político social o cultural podemos hablar que se trata de «una involución política, social o cultural».
Este proceso de Involución Política a modo de «Laboratorio Social» se está produciendo en Jujuy donde el gobernador Gerardo Morales personero de una casta feudal de poder económico provincial con el Grupo Ledesma de los Blaquier como emblema de la misma y con una justicia cómplice, como ocurrió durante el proceso militar, desde el inicio de su gestión empezó a criminalizar la protesta social y a encarcelar a sus lideres como ocurrió por ejemplo con Milagro Sala.
El objetivo principal de esta acción represiva no es combatir al delito o generar orden social que garantice la convivencia cívica sino que su objetivo, como ocurrió durante la dictadura militar, es someter en forma autoritaria y antidemocrática cualquier atisbo de cuestionamiento de los sectores populares a un régimen político que claramente defiende los intereses de las minorías feudales de los grupos económicos provinciales.
Hay algo que no puede negarse y es que en ambas gestiones el gobernador Gerardo Morales llego al poder de estado legítimamente a través de comicios democráticos siendo ungido por una mayoría electoral donde recientemente logro sancionar por mayoría y con la anuencia de la oposición una Constitución Provincial que lo habilita para impedir el corte de calles y rutas, pero que no lo habilita para emplear metodologías ilegales represivas propias de la Dictadura Militar que viola los Derechos Humanos y los Derechos Políticos de la población a la protesta social.
La dura represión al pueblo jujeño que se movilizo por reclamos legítimos en las calles, el encarcelamiento de lideres populares y de abogados que presentaban habeas corpus que sistemáticamente fueron negados por una justicia provincial cómplice, el ingreso de encapuchados a domicilios privados con vejaciones sexuales y tortura como ocurrió en el caso de la docente Camila Müller nos retrotraen a la metodología de la dictadura militar quitando legitimidad democrática de origen al régimen jujeño.
Un cosa es tener legitimidad de origen pero otra muy distinta es el abuso ilegal del poder de estado que se realiza en la gestión de gobierno. En el ámbito judicial a esa particularidad se la llama prevaricato, en el ámbito político se le llama autoritarismo, abuso de poder, dictadura.
Esta situación que vive Jujuy también interpela al gobierno nacional y federal respecto de si la violación de elementales derechos de la población jujeña no amerita o requiere la intervención de la provincia, algo quizás complejo desde el punto de vista político constitucional ya que el gobierno jujeño ha sido recientemente reelecto y además sanciono una reforma constitucional cuestionable que lo habilita a acotar fuertemente la protesta social.
Parafraseando a Pérez Soto podemos afirmar que de esta forma en el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy… “La democracia se ha convertido en un medio eficaz para la contención y disgregación del movimiento social. Más eficaz que los gobiernos militares, más eficaz que la totalización de lo social bajo las consignas de algún doctrinarismo ideológico.
La combinación de tolerancia represiva y represión focalizada, la constante manipulación de la opinión pública a través de agendas comunicacionales artificiosas, el clientelismo objetivo que se produce a través de la precarización del empleo estatal, el doble discurso que combina mensajes liberales y progresistas con amenazas veladas y advertencias sobre enemigos e imprudencias, son sus principales herramientas.”
No vuelven los lentos… Vuelven los duros
El mismo destino que a Jujuy le espera a la argentina de ganar la dupla de Horacio Rodríguez Larreta – Gerardo Morales, donde ambos explícitamente hacen gala de la mano dura que tendrán en su potencial futura gestión de gobierno.
Un poco más extrema aun es la posición de la otra alternativa ofrecida por el mismo sector político de Cambiemos, la camaleónica Patricia Bullrich, donde ya en su gestión durante el macrismo demostró su performance represiva que asegura será aún mayor en caso de repetirse un nuevo gobierno de esta facción política ligada al poder de los grupos económicos locales y al la embajada de Estados Unidos, algo igual o parecido a lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar, donde los grupos civiles ligados a la oligarquía vernácula fueron funcionales y facilitaron sus cuadros políticos y económicos para el funcionamiento de la feroz maquinaria represiva que tuvo una escala nacional.
Esta posibilidad cierta de involución de los valores y las prácticas democráticas en la argentina con la anuencia electoral de la ciudadanía es una llamada de atención y en cierta medida pone en evidencia la ineficacia o falencias que tuvo el campo nacional en ofrecer desde el gobierno los procederes adecuados para brindar un estándar satisfactorio de seguridad y convivencia democrática a la población general.
No se gobierna para una minoría progresista ideologizada sino que se gobierna para un pueblo heterogéneo, multifacético y complejo al cual se le deben ofrecer medidas de gobierno que conformen a la mayoría de la población sino esta, en el momento que puede expresarse por el voto, elegirá a quien mejor la interprete, esta es una cuestión en la que el campo nacional y popular debe realizarse una autocrítica ya que su performance de gobierno en la brevedad volverá a ser valorada por el único soberano… El Pueblo.
