La Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires ordenó el cese inmediato de la actividad industrial que lleva adelante la empresa Prochem Bio SA, una agroquímica ubicada a metros del arroyo Ramallo y de su desembocadura en el río Paraná, denunciada hace ocho años por contaminación ambiental.
Por unanimidad, los cuatro miembros de la Corte bonaerense hicieron lugar a la acción de amparo presentada en 2015 por la Asociación Civil Foro Medio Ambiental San Nicolás (Fomea) que denunció a la productora química por emitir gases tóxicos y volcar efluentes contaminantes al río sin contar con las autorizaciones legales vigentes.
En el fallo, los ministros Hilda Kogan, Daniel Soria, Luis Genoud y Sergio Torres revocaron una polémica sentencia de Cámara y ordenaron el cese inmediato de las actividades de la firma que produce biocidas, insumos textiles y biodiesel desde su planta ubicada a escasos metros del barrio residencial Somisa, en el Parque Industrial Comirsa de Ramallo.
En su dictamen, los jueces aclararon que el cese de actividades deberá sostenerse hasta tanto la empresa acredite “haber obtenido los pertinentes certificados y permisos por parte de las autoridades competentes”, en referencia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Autoridad del Agua.
El tribunal agregó que para volver a funcionar también deberán cumplir con los mecanismos legales como son la audiencia pública y la participación ciudadana, instancias que habilitan a los vecinos a expresar su posición.
Crecimiento sin control
Prochem Bio SA es una industria de tercera categoría, lo que significa que su actividad puede ocasionar daños graves en la población y el medio ambiente. Por eso no debería funcionar sin permisos legales. A esa irregularidad se suma –según advirtieron desde Fomea– que desde que hicieron la denuncia en 2015 hasta la actualidad, la planta industrial duplicó su tamaño y producción: pasó de 5 a 10 naves productivas funcionando sin permisos ambientales.
Los demandantes alertaron que para elaborar ese tipo de productos químicos y agrotóxicos (insecticidas, fungicidas y herbicidas), la firma vuelca efluentes contaminantes al arroyo Ramallo, que desemboca en el río Paraná, sin los tratamientos obligatorios, lo mismo que con las descargas de gases tóxicos que ya provocaron diversos incidentes como derrames y explosiones.
Derechos sin garantía
Durante los 8 años que lleva la acción de amparo en trámite judicial se dictaron dos sentencias previas contrarias al reciente fallo de la Corte Suprema bonaerense, que terminó revocándolas.
Desde Fomea cuestionaron a esos dos tribunales porque pese a que lograron constatar la existencia de graves irregularidades en la actividad de la firma, como la falta de permisos ambientales, no ordenaron el cese de la producción ilegal.
Para Fomea, ni el juez de primera instancia a cargo del Tribunal del Trabajo N° 2 de San Nicolás, ni los jueces de la Cámara Primera de Apelación de la misma ciudad garantizaron “el derecho a un ambiente sano”, y además, no cumplieron con el requisito de “tutela judicial efectiva”.
Ambos cuestionamientos fueron avalados esta semana por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que además de ordenar el cese de la actividad industrial cuestinó con dureza el rol de los jueces anteriores por avalar que la firma continúe su funcionamiento de manera ilegal.
“Es fundamental la intervención de los jueces con miras a la prevención del daño ambiental, ya que tiene una importancia superior a la que se le otorga en otros espacios, por cuanto la agresión al ambiente se manifiesta en hechos que provocan, por su mera consumación, un deterioro cierto e irreversible. De tal modo, permitir su avance y prosecución importa una degradación perceptible de la calidad de vida de los seres humanos”, argumentó la Corte.
“El fallo hoy puesto en crisis si bien constató que la empresa Prochem Bio S.A. no contaba con la totalidad de los permisos y habilitaciones que requiere para funcionar, no actuó de conformidad con la legislación vigente y los principios imperantes en la materia. En efecto, las pautas jurídicas reseñadas precedentemente ponen en evidencia que las decisiones judiciales dictadas en la especie aparecen como erróneas y marcadamente contrarias a la apertura jurisdiccional preventiva que surge de las normas aplicables al caso”, agregaron.
Responsabilidad penal
Fabián Maggi, uno de los abogados de Fomea, celebró el dictamen de la Corte y volvió a cuestionar una situación que se repite en la mayoría de los pleitos ambientales. Se refirió a las “demoras inadmisibles en causas urgentes” y recordó que en este caso debieron recorrer durante más de ocho años todas las instancias judiciales para obtener un fallo favorable, siendo que la falta de permisos legales se constató desde un primer momento.
El abogado agregó que “aún queda mucho por hacer, principalmente en la causa penal que tramita en la Cámara Federal de Rosario”. Al respecto dijo que “existen numerosas pruebas que acreditan que Prochem Bio SA causó daño ambiental de magnitud” y agregó que “sus residuos de agrotóxicos se esparcen en forma descontrolada en el ambiente según se pudo constatar con dos pericias oficiales”.
Llueve veneno
Entre esas pruebas figura una pericia realizada por la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) que analizó agua de lluvia recolectada en un barrio de San Nicolás lindero a la planta industrial de Prochem Bio. Los resultados fueron alarmantes ya que la medición de los valores de agroquímicos superó en miles de veces los detectados en zonas de explotación agrícola.
Según informó Fomea a El Ciudadano, el estudio fue realizado por el científico Lucas Alonso quien informó que “la influencia industrial aporta localmente una carga másica de herbicidas significativamente superior que las fuentes rurales”.
En relación a la alta concentración de contaminantes, el experto concluyó que los sitios de San Nicolás con influencia directa de actividad industrial “reciben una depositación atmosférica mayor de glifosato que el resto de los sitios”.
Y advirtió que “es aún más claro al analizar los valores de carga depositada en sitios lindantes a una industria formuladora y fraccionadora de productos comerciales de glifosato”, en relación a la empresa Prochem Bio ya que el agua de lluvia fue recolectada en viviendas vecinas a su planta industrial.
Glifosato en los árboles
Fomea agregó que el grave escenario de contaminación quedó expuesto en otra pericia realizada por el científico Damián Marino, quien encontró en la vegetación de la corteza de los árboles –muchos de ellos completamente secos– la presencia de 2,4D, un herbicidas utilizado para el control de malezas. En esas mismas muestras se detectó glifosato y su metabolito Ampa en cantidades sobreelevadas.
Otra pericia judicial mencionada por Fomea son los análisis de laboratorio que acreditaron que el desagote pluvial de una de las naves de la firma contenía una exorbitante cantidad de contaminantes (11710,8 ug/kg de glifosato y 370234,0 ug/kg de Ampa), desagüe que va directo al arroyo Ramallo que, a su vez, desemboca en el río Paraná.
Incidente trágico
La causa judicial contra Prochem Bio incluye el registro de un grave incidente con el peligroso insecticida clorpirifos que le causó incapacidad de por de vida a un operario de la firma (la causa tramita en un Juzgado Laboral), mientras que se encuentra en investigación el impacto que provocaron esas emanaciones en el agua y la atmósfera circundante ya que se presume que la empresa descartó más de 10.000 litros de clorpirifos al arroyo Ramallo.
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