Un ex convicto, de 33 años, quedó a un paso del juicio oral por disparar la madrugada del 28 de septiembre contra los Tribunales Federales, de bulevar Oroño 940. Este martes se conoció que el titular de la Fiscalía Federal 1, Javier Arzubi Calvo dio por finalizada la investigación y pidió la elevación de la causa donde se debatirá los indicios contra el acusado, identificado como Guillermo Sebastián Camarasa, de 33 años, por los delitos de intimidación pública o amenazas agravadas y portación ilegal de arma de guerra agravada.
A pesar de las múltiples medidas investigativas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) no pudo determinar si las conversaciones previas a la balacera que mantuvo Camarasa con su amigo René “Brujo” Ungaro, alojado la Unidad Penal Federal N° 6 de Rawson, tuvieron relación con el atentado, describieron voceros relacionados al caso.
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El ataque y la causa
El atentado de los Tribunales Federales se produjo a las 3.20 del 28 de septiembre del año pasado. Las cámaras de seguridad del edificio tomaron a un hombre que llegó caminando desde Rioja, apoyó una pistola en la reja principal, la montó y gatilló dos veces. Uno de los proyectiles hizo blanco en la garita de seguridad de la Prefectura Naval Argentina ubicada en el interior del predio donde funcionan juzgados, tribunales orales y fiscalías federales de Rosario.
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Tras la balacera, el fiscal federal dispuso múltiples medidas investigativas en las que participó personal de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA), las cuales permitieron identificar al gatillero.
El análisis de informes de empresas de telefonía y de las filmaciones captadas por decenas de cámaras de seguridad posibilitó a los detectives reconstruir el trayecto del tirador.
En base a esos resultados, Arzubi Calvo determinó que el imputado residía en plena zona céntrica, en San Lorenzo al 2200, a escasos metros Oroño y del edificio que resultó blanco del ataque que está entre Rioja y San Luis.
Tal como surge del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Fiscalía, el imputado hizo el recorrido desde su domicilio hacia la sede judicial caminando. Los informes relevados en la investigación precisaron que esto ocurrió en escasos minutos, dado que la distancia que lo separaba era de 600 metros. “En efecto, se corroboró tras el ataque el acusado retornó a pie”, indicaron voceros del MPF en un comunicado presentado en su página oficial fiscales.gob.ar.
A su vez, de la pesquisa también surgió que Camarasa, oriundo de barrio Matheu, utilizaba gran cantidad de celulares y que contaba además con antecedentes de condena de prisión efectiva dictada en 2019 a 7 años y 10 meses de prisión por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego y por la utilización de un menor de edad para cometerlo en un hecho cometido el 29 de octubre de 2011. Lo llamativo es que no hubo una hipótesis certera sobre la motivación para llevar a cabo el atentado, debido a que no contaba con causas en el fuero federal.
Del material aportado por el fiscal para pedir el juicio también surgió que algunos testigos refirieron que, con posterioridad al día en que ocurrió el atentado, observaron a Camarasa caminando por la puerta del palacio de Justicia.
Además, de las tareas de los uniformados de la División Antiterrorismo de la PFA surgió que las características físicas de Camarasa coincidían con las del sujeto que efectuó el disparo, quien residía San Lorenzo al 2200 y que allí lo observaron cuando arrojaba a un recipiente de basura municipal una bolsa que contenía un par de zapatillas de color negras, un blister de tarjeta SIM y anotaciones.
Todos estos elementos fueron resguardados por la Unidad de Investigación Antiterrorista, ya que se trató de material probatorio relevante para la causa, describió Arzubi Calvo en su presentación.
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Camarasa fue detenido el 12 de octubre de 2022 tras un allanamiento en la casa de San Lorenzo al 2200, en los que además se secuestraron prendas coincidentes con las que vestía el imputado momento del hecho.
A la vez trascendió que hubo otros dos operativos en barrio Grandoli, específicamente en el Fonavi del Parque del Mercado donde creció Ungaro: en Sánchez de Thompson al 200 bis y también en Ísola al 100 bis, donde hay una casa de reparación de celulares en la que se presume que el imputado llevaba teléfonos.
En ese negocio, los uniformados secuestraron 150 teléfonos celulares –algunos con pedido de secuestro e imei adulterado– junto a una pistola calibre 9 milímetros con 29 municiones. Voceros del caso contaron que el padre del titular del negocio es un uniformado retirado de la Policía de Santa Fe y se hizo cargo de la 9 milímetros.
Desde el MPF señalaron que los pesquisas hicieron diversas medidas para determinar la participación de terceros como también el móvil que llevó a la intimidación pública, porque de las intervenciones telefónicas habían corroborado que Camarasa mantuvo -desde el 28 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2022– 38 comunicaciones con abonados correspondientes al Servicio Penitenciario Federal de Rawson, provincia de Chubut.
La lupa se posó en su vínculo con Ungaro, es que filmaciones y registros de internos del penal permitieron a los investigadores luego verificar que la persona del otro lado de la línea era el Brujo, con quien Camarasa había compartido pabellón en la Unidad Penal 11 de Piñero tiempo atrás.
También, los uniformados buscaron en el departamento de Sánchez de Thompson al 200 bis, ya que Camarasa ya había sido demorado en un allanamiento de año anteriores cuando le cuidaba esa vivienda a una familiar de su amigo el Brujo. Este procedimiento dio negativo.
Otra de las medidas para intentar establecer la relación entre Camarasa y Ungaro, quien está detenido desde 2011 por el asesinato al ex líder de la barra leprosa Roberto «Pimpi» Caminos y que luego acumuló condenas por narcotráfico y asociación ilícita, fue una requisa en la celda de Rawson, aunque hallaron anotaciones con números de teléfonos, nombres, montos de dinero retirados y un celular, no pudieron encontrar conexión alguna.
Una fuente del caso indicó que las comunicaciones entre los sospechosos se dieron a través del teléfono público que está a la entrada del pabellón, pero que al no estar intervenido, nunca se supo el contenido de la conversación por lo que esta causa llega a juicio con el sospechoso de haber sido el autor material de la balacera contra los Tribunales federales.
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