El Gobierno ratificó que apelará el fallo dictado en el juicio por la expropiación de YPF por la jueza Loretta Preska, quien ratificó que la Argentina deberá pagar a dos fondos buitre un resarcimiento de US$ 16.099 millones por la nacionalización de la empresa, ocurrida en 2012.
Así lo dispuso la jueza Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en beneficio de los demandantes Burford Capital (que adquirió los derechos de litigio al Grupo Petersen) y Eton Park.
La magistrada ordenó que Petersen reciba US$ 14.385.449,737, de los cuales US$ 7.533.269,948 corresponden a daños y US$ 6.852.179,789 al 8% de interés simple previo a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha.
Y que Eton Park recupere US$ 1.714.338,556, que corresponden US$ 897.752,615 a daños; más US$ 816.585,941 por 81 intereses simples previos a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha.
Además, dispuso que Petersen y Eton Park recuperen también los intereses posteriores a la sentencia, calculado a partir de la fecha de entrada de esta sentencia a una tasa del 5,42% anual, computada diariamente hasta el pago.
En el fallo de este viernes, la magistrada ordenó que todos los demás reclamos de los demandantes contra la República Argentina, incluidos los vinculados con incumplimiento anticipado, incumplimiento del deber de buena fe y trato justo e impedimento promisorio, sean desestimados, así como todos los reclamos contra la empresa YPF.
La postura de Argentina
Previo a darse a conocer la sentencia de primera instancia, la Argentina reafirmó su voluntad de cooperar de buena fe con los pedidos de la justicia de Estados Unidos y de trabajar sobre de monto de la fórmula determinada en el juicio por la nacionalización de YPF, al tiempo que reiteró que se reserva su derecho de presentar la apelación de la sentencia final en el caso.
Así lo indicó la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell, en un carta enviada a la jueza de Nueva York a cargo del caso y a la que tuvo acceso Télam.
«La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación», aclara la defensa, que tiene un período de 30 días para realizar el pedido formal.
La misiva es en realidad una respuesta a una carta enviada por los representantes del grupo Petersen y Eton Park, del estudio Kellog, Hansen y asociados, quienes acusaron al país de haberse «negado a conferir de buena fe con los demandantes para preparar un presentación conjunta», afirmó el abogado litigante Dereck Ho.
Así se refirió a los últimos requerimientos de la jueza neoyorkina de darle un número final al monto de manera conjunta, en la misma orden judicial de la semana pasada cuando pronunció sobre la fórmula que debía aplicarse para calcular el monto de resarcimiento a los demandantes por la expropiación de YPF, y según el fallo de marzo de 2023 en contra de la Argentina.
«Eso no es cierto», retrucaron los abogados de la Argentina, quienes a su vez denunciaron que «unilateralmente» el estudio de abogados presentó sus cálculos ayer a la justicia de Estados Unidos, al tiempo que expusieron su cooperación y los números aportados al caso.
Preska había ordenado la semana pasada a ambas partes a que se pongan a trabajar conjuntamente en la interpretación de «la formula D del profesor Fisher», que es la que la jueza eligió para calcular el monto final a pagar.
Dicha fórmula, surge en realidad del mismo estatuto de YPF, que data de los ’90 y que para la Argentina tiene una interpretación y para la contraparte otra diferente.
Y en ese tren de intentar hacer los cálculos que ordenó Preska es que ambas partes tampoco se pusieron de acuerdo para interpretar el monto final de la sentencia, que difiere en casi 1.000 millones de dólares.
Mientras que Petersen y Eton Park piden casi 16.000 millones de dólares, la Argentina difiere en el cálculo del eventual daño «en 800 millones de dólares», según precisaron los demandantes en el texto enviado a Preska.
Sin embargo, «esto no quiere decir que la Argentina esté de acuerdo con la sentencia ordenada por Preska ni con pagar 15.000 millones de dólares», explicó un abogado a Télam, que sigue muy de cerca el caso.
«Tampoco quiere decir que renunciaba a su derecho de apelación», continuó la fuente. De hecho, en un pie de página de la carta de la defensa argentina reafirma su posición de apelar, que fue conocida ni bien se emitió el dallo.
Las mismas fuentes consultadas por Télam explicaron que lo único que hizo la Argentina con esta última carta fue puntualizar los montos de la sentencia, y cumplir con un paso procesal que nada tiene que ver con la opinión de la Argentina.
El 8 de septiembre, apenas se conoció el fallo en contra del país sobre la fórmula para calcular el monto de la sentencia emitida en marzo de 2023, el Gobierno nacional anunció que iba a apelar «inmediatamente» el fallo emitido por Preska en una causa por la estatización de YPF.
El estudio de abogados Sullivan & Cromwell manifestó «su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito» de Nueva York, y ratificó «la intención de apelar la sentencia».
Robert Giuffra, socio de la firma, aseguró que «la sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable y exacerba otros errores graves de derecho argentino que la corte ya cometió en instancias anteriores del caso».
