La fiscalía, a través de Miguel Moreno, profundizó ante el auditor del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai, la denuncia por delitos de acción pública contra su par Matías Edery. Según trascendió, esta ampliación tuvo lugar este martes y giró en torno a un hecho ocurrido en 2021 cuando se conocieron una serie de chats entre una mujer, identificada como Natalia Salinas, que fue asesinada junto con otro hombre, y el funcionario judicial.
Esta mujer de 33 años fue asesinada brutalmente en febrero del 2021 circunstancia en la que también murió el remisero Diego Alberto Maldonado, de 34 años, que solo estaba en el lugar haciendo su trabajo. Ambos circulaban en un Peugeot 306 cuando fueron atacados a tiros por al menos una persona en la zona de Vera Mújica y Rueda.
En esa oportunidad, trascendieron algunos chats entre Salinas y Edery.
Según trascendió, en la ampliación de denuncia presentada en un primer momento por Moreno y su par Pablo Socca contra Edery, un abogado se presentó en la oficina del mencionado Moreno y contó que había sido pareja de Salinas, e hizo referencia a que una amiga de la mujer le contó sobre un presunto vínculo entre la mujer, vinculada con el narcomenudeo según esta versión, y el funcionario investigado. A lo que se sumó que en una investigación hay una escucha donde se dice que Salinas le pasaba información al fiscal.
A su vez otra letrada se acercó a la fiscalía a informar sobre una actuación supuestamente irregular en el marco de una allanamiento a su oficina en una causa que comandaba Edery, lo que también fue anoticiado al auditor, por parte de Moreno.
Finalmente Moreno hizo referencia a una situación que le tocó vivir con su par en relación a una persona que investigaba que tenía pedido de captura y fue liberado por Edery, según dejó asentado aquél.
El conflicto institucional en el MPA se desató durante las audiencias de imputación por extorsión contra una célula de la banda de Los Monos, en este caso con vínculos directos con el líder del grupo delictivo asentado en La Granada, Ariel «Guille» Cantero. Según la acusación, la ex testigo estrella de la Fiscalía y ahora imputada por aprietes Mariana Ortigala es testaferro de Cantero, y acumuló propiedades a su nombre mientras era testigo protegida, una figura no prevista en al Código Procesal Penal santafesino. Según la denuncia -penal y administrativa- contra Edery, omitió informar de datos sobre hechos delictivos investigados por un par, entre otras presuntas irregularidades que Moreno y Socca le achacan.
