L-Gante habló tras quedar en libertad: “Aproveché para endurecerme mentalmente”
La decisión fue adoptada este viernes al mediodía por el juez Gabriel Castro, luego de que por la mañana los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra, que representan como particular damnificado a Darío Gastón Torres, el vecino del músico que, con su denuncia, inició esta causa penal, habían pedido la «inmediata captura» de L-Gante.
En una resolución firmada en la mañana de este viernes y a la que accedió la agencia de noticias Télam, Castro se dio por notificado de la decisión de sus superiores de anular el cese de la prisión preventiva del músico que él había dispuesto, pero aclaró que «se proveerá en consecuencia» cuando esa disposición de la Cámara se encuentre «firme».
«Esto significa que no se puede modificar la situación de libertad del imputado hasta tanto no exista un «doble conforme» que en este caso será dado, o no, por el Tribunal de Casación», dijo el abogado defensor de L-Gante, Diego Storto.
En otro de los puntos resolutivos, el juez Castro sostuvo: «En cuanto a la solicitud de captura del encausado Valenzuela incoada en el día de la fecha por los letrados del particular damnificado (Dr. Sigal y Dr. Becerra), no corresponde hacer lugar a la misma, debiendo estarse a lo dispuesto en el apartado anterior».
En ese pedido, también presentado este viernes por la mañana, los abogados del denunciante señalaron que «habiendo tomado conocimiento de lo resuelto por la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal y siendo que el Sr. Valenzuela no se hizo presente en la puerta del Juzgado ni se ha puesto a derecho, solicitamos se inserte su formal captura».
En la misma presentación, Sigal y Becerra informaron que adhieren «en todo a la requisitoria de elevación a juicio» formulada a principios de este mes por el fiscal de la causa, Raúl Villalba, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Moreno-General Rodríguez.
Este jueves, los camaristas Oscar Reggi y Jorge Risuleo hicieron lugar al recurso de queja que habían presentado el particular damnificado y la fiscalía contra la resolución del juez Castro, quien el 8 de septiembre pasado dictó el cese de la medida de coerción que pesaba sobre el cantante, que ese mismo día recuperó la libertad tras pasar más de tres meses preso.
Según las fuentes, días después de la liberación, el fiscal Villalba y los abogados Sigal y Becerra, en representación de uno de los denunciantes de L-Gante, apelaron la medida ante el propio magistrado y solicitaron que el acusado volviera a ser detenido.
Sin embargo, el juez Castro no hizo lugar a esos recursos, por lo que las partes acusadoras se presentaron en queja ante la Cámara de Apelaciones, que se expidió esta tarde en un fallo de trece páginas.
Para los camaristas, «no varió la apariencia de responsabilidad del encausado, como así tampoco el peligro cierto de frustración de los fines del proceso» si no se adopta la medida de coerción, y que no se ha incorporado «elemento alguno que amerite la reconsideración del medio coercitivo» decretado en su oportunidad.
Además, en uno de los puntos resolutivos, la Cámara reprendió al juez Castro, a quien le «hicieron notar» que «en lo sucesivo deberá dar estricto cumplimiento» a la ley 15.232 que indica en su artículo 12 que la víctima tiene derecho a ser informada o a ser oída antes de que se le otorgue la excarcelación al acusado.
Los mismos camaristas ya habían confirmado a fines de agosto y principios de septiembre la prisión preventiva dictada para L-Gante.
L-Gante fue liberado la noche del 8 de septiembre pasado de los calabozos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes en la que estaba alojado desde el 6 de junio.
Al hacer cesar la medida de coerción, el juez Castro tuvo en cuenta la declaración de cuatro nuevos testigos presenciales de la supuesta privación ilegítima de la libertad que el cantante, referente de la Cumbia 420, protagonizó en mayo pasado en General Rodríguez, lo que motivó una «reevaluación» de la prueba que existía en el expediente y su liberación por el «beneficio de la duda».
La denuncia que derivó en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo por Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.
La mañana de ese día, a la salida del local bailable Río, ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada agrupación La Mafilia, integrada por amigos y músicos cercanos a L-Gante.
Según denunció Torres, cuando se retiró del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela y tras ello, integrantes de La Mafilia fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia.
Luego, siempre de acuerdo a su denuncia, pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y lo subió por la fuerza.
A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado la joven Rosa Catalina Passi, también vecina del músico y quien había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante.
Luego, y siempre según la denuncia, algunos integrantes de La Mafilia fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: «Largame a los pibes o a éste te lo mato», en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.
Supuestamente, Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y entonces soltó a las víctimas.
Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela al juez Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el pasado 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.
