Fue una jornada atípica. Parecía una sesión, pero no: en las bancas casi no había ediles, y en cambio quienes estaban sentados y hablaban a través de los micrófonos eran dirigentes y miembros de organizaciones sociales. La poltrona de la presidencia estaba vacía, y la cabecera estaba un metro más abajo. Y allí, en lugar de las autoridades del Concejo Municipal se alineaba otra formación, y bastante poco común: allí estaban Marcelo Beltrán, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia; Raúl Lamberto, diputado socialista; Orlando Debiasi, el concejal socialista que presentó el proyecto para la reunión –y que junto a su compañero de bloque Edgardo Falcón y al socialista auténtico Alberto Cortés fueron a la postre los únicos tres ediles presentes–; Enrique Prins, titular de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa de Rosario; Eduardo Delmonte, coordinador regional de la Corriente Clasista y Combativa, y Edgardo Bagnasco, titular del Colegio de Arquitectos de Rosario. La heterogénea mesa –y la presencia todavía más diversa en las bancas– se movió, sin embargo, hacia un único objetivo: lograr que la Nación implemente en Rosario el plan de cooperativas Argentina Trabaja, haciendo cesar de inmediato lo que todos los presentes, en mayor o menor medida, caracterizaron como un suerte de ninguneo a Rosario y a la provincia toda. Contra ello, la primera decisión tomada fue viajar a Buenos Aires el próximo jueves 2 de diciembre, y plantar el reclamo frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
“Discriminación”, “marginación” y “exclusión” fueron las acusaciones –todas ensayando blanco en el gobierno nacional– que más se repitieron desde las bancas a lo largo de la tarde de ayer. Pero las palabras que más sonaron en el recinto fueron otras: “trabajo”, “techo” y “comida”. Por esas necesidades, una numerosa movilización de organizaciones sociales acompañó afuera la convocatoria, que el Concejo votó por unanimidad la semana pasada a propuesta de Debiasi.
Los manifestantes llenaron las gradas del recinto hasta que el espacio se acabó. Los que quedaron afuera, y que se contaban por centenares, se esparcieron por el Parque a la Bandera, preparándose para una larga espera.
Mientras tanto, adentro del Concejo, prolijamente y sin interrupciones cada organización, a través de uno o a veces dos de sus dirigentes, empezaban a describir lo que padecen todos los días pero casi nunca pueden denunciar.
Así, agrupaciones fuertes y conocidas como la CCC, Barrios de Pie, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y la Federación de Organizaciones de Base se alternaban con otras más pequeñas, algunas focalizadas sólo en los barrios donde surgieron, como la Organización Social del Oeste o la Asociación Juntos por Ludueña. Y también tuvieron la palabra otras entidades intermedias, cuyos miembros no soportan las carencias o la marginación de Pueblos Originarios en Lucha o Padres del Dolor, los que también tenían algo para decir, como la Asociación Conciencia, Despertar Ciudadano, el Grupo Organización Laboral o el Centro Cultural La Angostura, entre otros.
Todos los dirigentes tuvieron tiempo y espacio para hablar, incluidos funcionarios y legisladores como el secretario de Promoción Social de Rosario, Raúl Capilla, y el socialista Raúl Lamberto, titular bloque del Frente Progresista en la Cámara baja. Sin embargo, la ausencia de referentes sociales y políticos alineados con el gobierno nacional acentuó la impronta opositora de la convocatoria. Acaso difícilmente hubiera sido de otra forma: el eje era el reclamo por un programa precisamente implementado por la Nación –el plan Argentina Trabaja fue lanzado por la presidenta Cristina Fernández el 14 de agosto del año pasado– y el cargo es que el gobierno lo implementó sólo en sectores políticos y geográficos afines. Y por ello también tomó cuerpo otra idea: denunciar en el Instituto contra la Xenofobia y el Racismo (Inadi) al gobierno nacional, bajo el cargo de “discriminar” a Rosario y Santa Fe.
Pero no fue sólo en eso que coincidieron militantes, funcionarios, dirigentes sociales y miembros de organizaciones no gubernamentales: todos ven una salida –con dignidad y trabajo para un amplio arco de oficios– en la construcción de viviendas sociales: la necesidad está, la mano de obra también. Y sólo falta –coincidieron– los 1.200 pesos de salario con obra social, aportes jubilatorios y seguro de vida, que es lo que ofrece el plan de cooperativas Argentina Trabaja.
Por ello, y aunque en rigor no se tomó ninguna determinación concreta, todo indica que se avanzaría en una próxima reunión y en la presentación ante el Inadi. Mientras tanto, sí se resolvió apoyar la movilización del próximo jueves: aunque ningún edil viajará –el 2 de dciembre hay sesión– Lamberto anunció que la bancada socialista de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación –los legisladores Mónica Fein y Rubén Giustiniani hicieron llegar su adhesión a la convocatoria– recibirá a una delegación de quienes viajen, y el concejal Cortés anticipó que procuraría la misma recepción por parte del bloque de Proyecto Sur.
