Argentina fue el único país por afuera de Europa que en 2020 participó del proyecto Sprint, una investigación de extremo rigor científico sobre el impacto que provocan los agrotóxicos en la salud humana y el ambiente. A mediados de este año, las conclusiones del estudio fueron censuradas de forma abrupta por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que dejó sin respuestas a la comunidad y a los 73 participantes voluntarios que recibieron sus muestreos biológicos sin herramientas para interpretarlos, con el agravante de que a todos les encontraron diferentes plaguicidas en sangre, orina y materia fecal. Esa fue la radiografía tóxica que quisieron ocultar. Pero el sol no se puede tapar con la mano.
Los resultados fueron expuestos la semana pasada en Nueva York durante una conferencia virtual, traducida por una periodista argentina, donde también se difundió el contenido de los estudios realizados en los otros diez países europeos que participaron del proyecto.
En el caso argentino se confirmó lo que ya habían empezado a dilucidar los participantes por su propia cuenta tras la censura del INTA que, al comparar los resultados, descubrieron que a todos les habían encontrado diferentes agrotóxicos en el cuerpo (entre principios activos y metabolitos). El efecto nocivo en la salud que puede implicar la sinergia (mezcla de sustancias tóxicas que actúan en conjunto) fue una de las preocupaciones que compartieron los voluntarios y también uno de los objetivos que se propuso investigar el proyecto Sprint.
Según los resultados difundidos en Nueva York, los 73 voluntarios argentinos tenían diferentes combinaciones de agrotóxicos en sus muestras biológicas. Un rango de 6 y 13 plaguicidas en la orina, de 2 a 10 en sangre y de 0 a 18 en materia fecal. Así lo reveló la periodista y activista ambiental Anabel Pomar a Lavaca luego de participar en la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas y traducirla al español.
Además de las muestras biológicas tomadas a los 73 participantes, todos del sur de Buenos Aires, se midieron los agrotóxicos en el ambiente con una pulsera que usaron durante días en su ámbito cotidiano para analizar el aire. También juntaron el barrido de la tierra de sus casas y se analizaron los alimentos y el agua. Los mismos monitoreos se realizaron en 14 establecimientos rurales con la toma de muestras biológicas de animales, alimentos, granos de cultivo, suelo, agua superficial y ambiente.
Confesiones de un cuerpo fumigado: habló una de las voluntarias del proyecto que censuró el Inta
En relación a los participantes, un tercio fue seleccionado por habitar en pueblos pequeños vecinos a productores, el otro tercio por su actividad como productores agropecuarios (la mitad con trabajo agroecológico y la otra mitad con el uso de plaguicidas) y el último tercio como consumidores.
Esa clasificación arrojó uno de los resultados más preocupantes que develó el estudio. La omnipresencia de agrotóxicos en todos lados, incluso lejos de donde son utilizados los plaguicidas. Se encontró ese tipo de venenos en los alimentos de personas y animales, en todas las muestras biológicas, en suelo, agua y granos de cultivo.
Los resultados también develaron diferentes tipos de agrotóxicos en cada muestra. Un “rango de 6 a 22 plaguicidas en los alimentos de los participantes argentinos”; “de 43 a 86 en polvo de sus hogares” y “de 0 a 8 plaguicidas en granos de cultivo”.
En relación a los animales encontraron un rango de “1 a 12 en la orina” y “de 0 a 16 plaguicidas en la materia fecal”. En sus alimentos hallaron de 5 a 25 plaguicidas en el alimento; de 0 a 12 en suelo y de 10 a 28 en agua superficial.
Censura y persecución a científica que investigó el impacto de agrotóxicos en poblaciones fumigadas
El proyecto Sprint, financiado por la Unión Europea (UE), estudia el impacto de agrotóxicos en la salud humana y el ambiente. A los diez países europeos que participaron de la investigación —Holanda, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, España, Italia, Suiza y República Checa— se sumó Argentina por ser la principal exportadora de soja y otros cultivos para alimentación animal. Lo hizo a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA) bajo la dirección de la científica Virginia Aparicio.
A mediados de año estaba previsto que se publiquen los resultados obtenidos en la Argentina pero días antes, la investigadora del Conicet recibió una instrucción expresa para “posponer” el informe, junto a una advertencia de que estaba siendo analizado su desempeño dentro del INTA porque el “mapeo biológico humano” que investigaba el proyecto Sprint no estaba dentro de la incumbencia institucional del Instituto.
La censura y persecución a la directora del proyecto fue un escándalo dentro y fuera de la comunidad científica y además, la dirección del INTA fue desmentida por decir que desconocía el contenido de la investigación.
La ausencia de Virginia Aparicio en la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la exposición del proyecto Sprint, el pasado 27 de septiembre, dejó en claro que la censura continúa pese a tratarse de información pública que involucra a la salud de toda la población. También que atento a los primeros resultados difundidos –donde se develó que más de cien plaguicidas y sus residuos están presentes en el ecosistema y en los humanos– lo que intentan ocultar es su indiscutida peligrosidad.
