Por: Marcelo Bátiz/ Télam
La reciente creación del Registro Nacional de Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos (VE) y Vehículos Híbridos Eléctricos (VHE) fue recibida con satisfacción por distintos representantes de la actividad en el país, que consideraron a la medida como un «punto de partida» para impulsar el desarrollo de la actividad.
Con un mercado incipiente -con apenas un promedio mensual de 780 unidades patentadas en el primer semestre-, la medida busca dar respuesta a la necesidad de contar con una red de recarga lo suficientemente madura tanto en cantidad de unidades como en su distribución geográfica, a los efectos de impulsar no sólo el transporte familiar o personal sino principalmente el público de pasajeros y el de carga.
En ese marco, la Secretaría de Energía creó el registro y también dispuso la elaboración de un mapa para facilitar la ubicación de los puestos de recarga en todo el país, mediante la resolución 817/2023.
«Hasta el momento, parecía que el tema de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en Argentina estaba siendo eclipsado por otras prioridades, pero la resolución 817 nos sorprendió gratamente al mostrarnos que el tema está siendo tratado activamente», dijo a Télam Roberto Stazzoni, socio fundador de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (Aavea) y responsable de Electromovilidad de ABB.
Por su parte, Santiago Ballester, gerente de Desarrollo de Negocios de Electromovilidad de Siemens, consideró a la medida «un punto de partida para que desde la Nación se puedan definir estrategias y prioridades, basadas en lo que el sector privado ya hizo por su cuenta».
En Siemens estimaron que «aunque la resolución por sí sola no impulsará el desarrollo del sector, ya que no propone metas, objetivos, incentivos ni reglas, sí representa un inicio, permitirá que la Secretaría de Energía realice un diagnóstico y, en función de eso, comience a planificar el desarrollo a nivel nacional».
Otros profesionales prefirieron no abrir un juicio definitivo hasta mantener una reunión «con el equipo que redactó la resolución» que, aseguraron, «se empezó a gestar hace unos seis meses, pero no hubo consultas y salió bastante más compleja de lo que era en un primer momento»,
Asimismo, señalaron que el objetivo de elaborar un mapa con la ubicación completa y actualizada de cargadores «es algo bastante difícil de hacer» si se tiene en cuenta que, a diferencia de los vehículos tradicionales de combustión interna, los eléctricos no requieren de surtidores habilitados en estaciones de servicio, y que los cargadores eléctricos, según su potencia, pueden ser incluso de uso domiciliario.
No obstante, se rescataron «algunas experiencias exitosas en Europa, en las que un organismo público recopiló toda la información que había desperdigada en varias páginas web y logró un mapa entero completo».
Stazzoni evaluó que los considerandos de la resolución «muestran un hilo conductor sólido, que arranca con referencias a los compromisos asumidos por la Argentina en relación con el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de Paris, pasa por las diferentes medidas que viene proponiendo el Estado Nacional en relación con la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el transporte y menciona la competencia de la Secretaría de Energía en relación con las redes de carga».
«Tal vez uno de los considerandos que resulta clave dentro de la medida es el que hace referencia al desarrollo y estandarización de la infraestructura de carga, aunque a lo largo de los artículos y en los anexos no se hace referencia a cuál o cuáles de los formatos y normas de conectores disponibles se deberá utilizar a nivel local», indicó, en referencia – entre otros puntos- a las diferentes modalidades que se aplican, por ejemplo, en Japón, China, la Unión Europea o Estados Unidos, sin olvidar que Tesla, la principal fabricante y vendedora de autos eléctricos del mundo, cuenta con un conector exclusivo.
La falta de precisiones al respecto «quizás deje abierta la puerta para que próximamente los diferentes actores involucrados en el desarrollo de estas redes puedan consensuar y definir este asunto, en conjunto con la Secretaria de Energía y en línea con los objetivos fijados a nivel nacional para la reducción de las emisiones en el transporte», manifestó.
En ese sentido, subrayó que en el artículo tercero de la norma se hace mención a que la Secretaría de Energía está facultada a aplicar «los correspondientes beneficios» y que en los considerandos se establece que «fomentará que los usuarios de la movilidad eléctrica puedan cargar sus vehículos en cualquier punto de carga que pertenezca a la infraestructura de acceso público, así como en sus domicilios y centros privados de carga».
La referencia a los «beneficios» fue tomada por Ballester como «uno de los pasos a seguir», entre los que señaló no solo los incentivos a la compra de vehículos y cargadores eléctricos sino a la definición de «reglas de juego para la comercialización», uno de los puntos críticos para evaluar los plazos de repago de las instalaciones.
En la medida que no haya definiciones al respecto, advirtió, «no será un negocio instalar una red de recarga», al tiempo que señaló que las existentes obedecen a políticas empresarias de «presencia, con sus primeras experiencias y avanzando en corredores estratégicos», principalmente los ejes Buenos Aires-Mar del Plata y Buenos Aires-Rosario-Córdoba.
«A todos nos gustaría contar con una red de recargas de Ushuaia a La Quiaca, pero para eso se tienen que delinear objetivos claros y establecer un marco de incentivos», finalizó Stazzoni.
