El Secretario de Derechos Humanos de la Nación firmó días atrás un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del caso internacional por la desaparición de Jorge Julio López, en 2006.
En efecto, en el acuerdo de solución amistosa firmado por el secretario Horacio Pietragalla Corti; los hijos de Jorge Julio López, Rubén y Gustavo; sus abogados y la Cancillería, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, al debido proceso legal, a la protección judicial efectiva y a la integridad personal, en perjuicio de Jorge Julio López y de sus hijos.
Esto es así, por la falta de articulación de medidas para resguardarlo como víctima y testigo en un juicio por crímenes de lesa humanidad y de debida diligencia en la investigación de la desaparición y en la búsqueda de su paradero. También por la impunidad imperante sobre lo sucedido y sus eventuales responsables, y las lesiones a la integridad personal que todo aquello significó para sus hijos.
El acuerdo prevé, entre otras, las siguientes obligaciones para la Argentina:
- El desarrollo de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, y la difusión del acuerdo en diarios de amplia circulación nacional.
- El compromiso de seguir fortaleciendo y promoviendo políticas públicas para el acompañamiento y asistencia a víctimas y testigos en investigaciones y juicios vinculados a crímenes de lesa humanidad.
- La obligación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de elaborar un informe integral y circunstanciado que dé detallada cuenta del proceso de búsqueda de Jorge Julio López desde su desaparición hasta la actualidad.
El informe, que procurará ser un insumo para impulsar su búsqueda efectiva e incluirá recomendaciones sobre próximos cursos de acción, será entregado a la familia, las autoridades judiciales a cargo del caso y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. - El impulso de la sanción de una Ley Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en democracia por el Congreso de la Nación, que recepte los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
Durante el acto de la firma, el secretario Pietragalla afirmó: En tiempos actuales donde se reproducen constantemente discursos negacionistas, para nosotros poder seguir trabajando y estar hoy firmando este documento significa seguir fortaleciendo las políticas públicas de derechos humanos y la defensa del proceso de memoria, verdad y justicia”.
Y agregó: “Es una deuda que tenemos con la familia de Jorge Julio López y con lo que Julio aportó a la construcción de la democracia. Él fue ejemplo del valor que tuvieron y tienen los testigos en los procesos judiciales contra los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Esta es la primera acción de esta reparación simbólica y debemos trabajar fuertemente para que se cumpla con todo lo que nos comprometimos en el acuerdo como Estado nacional”.
Sobre el caso de Jorge Julio López
El 18 de septiembre de 2006, López salió de su domicilio hacia los Tribunales de La Plata. Debía presenciar la audiencia de alegatos en la causa contra el genocida Miguel Etchecolatz por delitos de lesa humanidad. Pero nunca llegó a destino.
Sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, sus testimonios fueron fundamentales para la reconstrucción de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires.
