El ministro de Justicia de la provincia, Héctor Superti, acompañado por el gobernador Hermes Binner durante una recorrida por las obras del Centro de Justicia Penal que se construye en Rosario, se refirió ayer a la reforma procesal penal en la provincia y anunció que se enviaron a la Legislatura la mayoría de los pliegos para los cargos directivos de Fiscalía y Defensa y el pedido de prórroga de la implementación definitiva del nuevo sistema. En conferencia de prensa, el funcionario renovó sus críticas a la Corte Suprema y a su presidente, Rafael Gutiérrez.
“En cuanto a la reforma, desde el principio aparecieron mitos que se fueron planteando como dificultades”, dijo Superti sobre los planteos que viene haciendo el máximo tribunal santafesino y que pusieron en duda la aplicación de las reformas judiciales que impulsa la administración Binner.
“Se puede hacer un paralelo entre lo que ocurre con el Centro de Justicia Penal y con la implementación de la reforma procesal”, dijo el ministro Superti una vez finalizada la recorrida por el Centro de Justicia que se levanta donde estaba el viejo Heca. “En ambos casos se necesitan planos, diseños, columnas, gente que trabaje, y se va viendo, poco a poco, cómo las etapas se cumplen”, agregó.
El titular de la cartera de Justicia provincial prosiguió: “Pedimos una prórroga (de 180 días) para la implementación definitiva del sistema (el nuevo Código Procesal Penal) porque no están dadas las condiciones. Estamos organizando los equipos de la Fiscalía, la Defensa y los nuevos juzgados” para un adecuado funcionamiento del sistema.
Más adelante, Superti se dedicó a recordar las críticas de la Corte en torno a la reforma judicial y a refutar los argumentos de los supremos santafesinos. “Decían que la ley de implementación progresiva era de imposible cumplimiento y hace ya casi dos años que rige. Los institutos que hemos puesto en marcha funcionan: hay mediación penal, procedimientos abreviados, juicios orales, atención a la víctima. Los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) que funcionan en Tostado, Santa Fe y Rosario están atendiendo más de 1.500 casos. Es decir que ese caos que anunciaban se convirtió en un mito”, indicó el ministro.
“Luego apareció el problema de la inconstitucionalidad. Esperamos siete meses para que el planteo del procurador (Agustín) Bassó fuera resuelto por la Corte. En algún momento se le preguntó al presidente de la Corte cuándo lo iban a resolver y contestó que lo tomaban como una causa más. Y estaba en vilo la reforma y la institucionalidad. Esos siete meses fueron coronados por una sentencia que no salió por unanimidad, sino 4 a 2”, recordó el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
“Después vino el mito del presupuesto: decían que no había cargos ni dinero y que por eso no se podía hacer el cambio. Para la reforma, ya habíamos creado por leyes especiales más de doscientos cargos y ahora se amplían a 1.100. Y a nivel de soporte presupuestario la previsión para 2011 es de 60 millones de pesos para sueldos y 15 millones para bienes y servicios. Ése es el presupuesto de la reforma, que está en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, añadió Superti.
El funcionario provincial no se quedó ahí y siguió contestando las críticas de la Corte: “Ahora surge el mito de que en estos tres años no se hizo nada. Primero, se dieron muchos pasos. Segundo, la reforma ya no es más un problema del Poder Ejecutivo y del Legislativo, como fue hasta ahora, sino de todos, incluso de la Corte Suprema, que está atrasada porque todavía no resolvió el problema de los administradores del sistema penal. Ahora hay una nueva administración y los directores de la Oficina de Gestión Judicial son una asignatura pendiente del alto tribunal”.
Por último, Superti recordó las “deudas” de la Corte: “Están pendientes reglamentaciones de normas de la ley de transición y el cronograma de la transición. Hay cosas que les van a corresponder a las autoridades de la Fiscalía nueva y otras a las autoridades de la Defensa, por eso en la ley de prórroga los 180 días que se piden corren a partir de que estén nombradas sus máximas autoridades”.
