La actuación del fiscal Aldo Gerosa en el llamado “caso Galaz” fue nuevamente amonestada por la Legislatura. Si bien no se impuso su expulsión del Ministerio Público de la Acusación como habían pedido algunos integrantes de la Comisión de Acuerdos y ahora numerosos legisladores, con lo votado este jueves serán en total diez meses de suspensión en el ejercicio de su cargo, según publicó El Litoral.
Por unanimidad, aunque se registraron abstenciones la Sesión Conjunta de ambas Cámaras dispuso seis meses más de suspensión como fiscal a Gerosa, ahora sin goce de sus haberes. Como se recordará, el 15 de junio, se había votado sancionar con cuatro meses de suspensión y el cobro del 50% de su sueldo a Gerosa. Ahora, no habrá haberes por medio año más.
La decisión se tomó al cabo de un cuarto intermedio extenso que tuvo a los senadores del peronismo como protagonistas principales: habían pedido de abstención para mostrar que pretendían directamente remover del cargo a Gerosa, pero comprendieron que de sostener esa posición hubieran llevado a la Legislatura a no pronunciarse y que no se produjera una sanción.
Las Cámaras aceptaron el dictamen único por unanimidad, firmado por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa. En el Senado hubo 11 votos a favor y 4 abstenciones; en Diputados, 38 y 5, respectivamente.
En el caso de la Cámara alta fue determinante el cambio de posición que debieron asumir los justicialistas que primero pensaron en un gesto político (el de la abstención generalizada para marcar la cancha frente a los demás legisaldores) y que luego, al hacer números y revisar el reglamento, comprendieron que de persistir en esa postura no habría ninguna sanción y el beneficiado hubiera sido Gerosa.
Tras el cuarto intermedio que muy oportunamente había pedido el diputado radical Julián Galdeano fueron varios los cónclaves para repasar la ley y el reglamento para las sesiones conjuntas. Una medida disciplinaria sobre un fiscal requiere quórum de cada una de las Cámaras (lo que ya existía) pero también la mitad más uno de sus integrantes. Con los siete senadores radicales presentes más cuatro justicialistas hubo el número necesario: votaron a favor Joaquín Gramajo que defendió la actuación de Acuerdos, Alcides Calvo, José Baucero y Miguel Rabbia. Se abstuvieron Rubén Pirola (que fue quien así lo había anunciado para todos los senadores del PJ), Hugo Sosa, Eduardo Rosconi y Armando Traferri.
Revictimización
El proceso disciplinario llevado a cabo por la Legislatura encontró a Gerosa responsable de haber revictimizado a una joven que sufrió graves y reiterados abusos sexuales en su infancia por parte de un familiar, que ocupó cargos políticos relevantes y que ha sido un conocido colaborador de la municipalidad de Avellaneda y de los más altos cuadros políticos del radicalismo en el departamento General Obligado.
Galaz fue detenido en la mañana de 16 de julio de 2021 en su despacho oficial de la Municipalidad de Avellaneda donde se desempeñaba como secretario privado del entonces intendente municipal, Dionisio Scarpin, hoy senador nacional y diputado provincial electo.
Por esa razón, cuando Gerosa admitió que hubiera un juicio abreviado para Galaz, abundaron las acusaciones contra dirigentes de la UCR del norte santafesino que se ventilaron en la sesión antes mencionada. En junio pasado hubo graves acusaciones sobre el senador reelecto Orfilio Marcón, quien tomó la palabra para defenderse, por parte del diputado provincial saliente Fabián Palo Oliver.
Ahora no hubo debate. Sólo reproches de quienes entendieron que Gerosa no debe seguir en el MPA. La intervención más destacada fue la de la diputada socialista que actuó como acusadora, Erica Hynes, había pedido el máximo rigor pero no encontró el acompañamiento de sus pares de los bloques “del futuro oficialismo, hoy oposición”, indicó Pirola para marcar las “contradicciones” entre el contenido de la acusación y la medida sellada en Acuerdos (donde no hubo dictamen por la minoría).
Del auditor
Acuerdos se avocó a estudiar la actuación de Gerosa porque el auditor general del MPA, Leandro Mai, encontró seis conductas disvaliosas con un cúmulo de pruebas en el marco de una “justicia clasista” y una “trama de protección para atenuar la condena” del acusado (Marcelo Galaz) mediante un juicio abreviado que concluyó con una condena de 7 años. Inicialmente, el fiscal de Reconquista suspendido había pedido 32 años.
Por ley, el auditor debe remitir a la bicameral de Acuerdos las faltas que de ser comprobadas considere graves. Los 8 diputados y 6 senadores que componen Acuerdos consensuaron un dictamen en el que había posiciones a favor de la destitución lisa y llana.
El caso tuvo una doble mirada en cuanto a los reproches que se han formulado a la Justicia. Por una parte, la escasa pena que logró obtener el ex funcionario municipal (también cercano al senador provincial radical Orfilio Marcón, de General Obligado) porque su defensa convenció al Ministerio Público de la Acusación de aceptar un juicio abreviado con solo 7 años de prisión efectiva, que también fue consentido por un tribunal; por otra, las acciones durante el proceso que en la interpretación de la Auditoría del MPA y de expertos revictimizaron a la joven que durante su infancia sufrió los graves abusos sexuales por parte de un familiar directo.
Según Hynes hubo “un quiebre inexplicable”
La diputada socialista Erica Hynes, que como acusadora había pedido el máximo rigor en el dictamen de la Comisión de Acuerdos, relató la cambiante “estrategia judicial” y hasta el trato del fiscal Aldo Gerosa para con la víctima de violaciones en su infancia que, ya mayor de edad, decidió enfrentar en la Justicia.
La legisladora saliente no encontró el acompañamiento de sus pares de bloque en la bicameral y tampoco en la Sesión Conjunta. En su exposición se destaca la idea de que hubo “un quiebre inexplicable” que coincide con el momento en que el fiscal comprende que no será juez. Formula entonces declaraciones a la prensa y hasta se permite dar a conocer la identidad de la víctima de Galaz. Avellaneda, como toda ciudad chica, la expone aún más.
Hynes dijo que inicialmente Gerosa puso “especial pericia de la fiscalía en conducir el proceso judicial de manera de no dañar su resultado y no revictimizar a la joven denunciante” en 2021, como cuidar con la cámara Gesell su declaración.
El fiscal en pocas palabras pidió inicialmente 32 años de condena y ofreció en un abreviado 22, bajo hechos como “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado”, “acceso carnal reiterado agravado” a una menor y siendo el autor “encargado de la guarda y cuidado”. También haber “provocado un grave daño a la salud mental de la víctima, en concurso ideal con la promoción de la corrupción de menores agravada por la convivencia”.
Pero luego todo cambió: se sometió a la denunciante a un careo con el violador, se hizo pública su identidad y se revisa la medida de prisión preventiva: Galaz queda en libertad y según Hynes se le miente a la víctima respecto de qué podría o no hacer su victimario al salir de prisión.
“En noviembre de 2022 y ante la proximidad del juicio, es el momento en que se evidencia el mayor cambio en el desempeño de la unidad fiscal. El 10 de noviembre Gerosa propone un acuerdo abreviado por 6 años”, finalmente al caerse ese acuerdo serán finalmente 7.
El Fiscal Regional Martínez (que el diputado Palo Oliver considera “cómplice” de la revictimización a la denunciante) dijo a Acuerdos que Gerosa “no supo manejar el problema y estaba enojado porque no pudo ser juez, por eso ocurrió todo lo que ocurrió”. En efecto, “su pretensión de ser nombrado juez se vio frustrada en el marco de un concurso. En ese período, el fiscal apeló a distintos recursos para poner en cuestión ese resultado, incluidas conversaciones y peticiones con actores políticos locales y regionales”.
El 8 de diciembre, “harta de llevar el estigma de víctima y de ser señalada como tal en su comunidad, la joven publica una carta abierta en los medios, lo que desata el enojo del fiscal y quiebra completamente el diálogo que no se reencauza sino hasta marzo de 2023 donde el equipo de la fiscalía presenta un nuevo acuerdo abreviado, por 7 años, que esta vez sí es aceptado y se firma y consolida mediante un tribunal con un voto en disidencia”.
Fue para la diputada “un proceso que se inició correctamente” pero “se desvió completamente de camino en un punto de la causa. Se dejó de informar, de proteger, de buscar justicia. Todos los mensajes que el fiscal y los empleados exhiben, de cordialidad y buen trato, y agradecimiento, finalizan en noviembre de 2022, cuando cambia el rumbo, hacia el apuro por cerrar un abreviado desventajoso”.
El fiscal además “realizó declaraciones indecorosas en los medios, trayendo a colación su situación personal y laboral y mezclándola con el contexto político y con el devenir de la causa”.
