P.L.
Las comunidades educativas no quedan exentas de los hechos de violencia que se manifiestan dentro de la sociedad argentina. Sea por la crispación generalizada de los tiempos que corren o los discursos de odio que borran las fronteras de los pactos de convivencia imprescindibles para llevar adelante la tarea educativa.
En el mes de septiembre, en la mesa técnica paritaria que conforman integrantes del Ministerio de Educación de la Nación, representantes del Consejo Federal de Educación y entidades sindicales, se firmó el documento de discusión para la “Prevención y resguardo ante hechos de violencia y acoso, sufridos por las y los trabajadoras/ es de la Educación.
A partir de lo discutido, la Ctera está construyendo una herramienta para garantizar un entorno laboral libre de acoso y violencia, promover la prevención de situaciones conflictivas en las instituciones educativas y brindar asistencia jurídica a los docentes afectados.
También buscan valorar el rol de la escuela y los trabajadores de la educación en los nuevos escenarios sociales.
El punto de partida para analizar la situación actual se encuentra en la pandemia de covid-19, que ha destacado la importancia de la vida en común, el cuidado colectivo y el replanteo de las estructuras institucionales y las formas de apoyo a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias. La emergencia sanitaria reformuló el formato escolar y las interacciones sociales.
Simultáneamente, las condiciones sociales actuales han exacerbado las situaciones de violencia en general, especialmente aquellas relacionadas con el género.
Este incremento de conflictos se refleja también en el ámbito escolar, requiriendo enfoques contextualizados para garantizar los derechos de los estudiantes.
Se reconoce que la conflictividad es inherente a las relaciones humanas, por lo que las estrategias de intervención deben centrarse en el reconocimiento del conflicto y la generación de soluciones a través del diálogo y el respeto a los derechos.
Las instituciones educativas han incorporado gradualmente prácticas democráticas como acuerdos con participación estudiantil y educación sexual integral, como parte integral del sistema de protección de derechos.
En el ámbito de la comunidad educativa, se establecen principios esenciales que subrayan el rechazo total a las prácticas de violencia, acoso, discriminación y hostigamiento.
Este compromiso se extiende a entornos virtuales y tecnologías de la información y comunicación. Se fomenta la resolución no violenta de conflictos mediante el diálogo, el respeto a las normas y la sanción de transgresiones, así como el reconocimiento y reparación de daños. El objetivo es crear un ambiente educativo seguro y respetuoso, abordando de manera constructiva las situaciones conflictivas.
La aplicación de normativas internacionales, la actualización del derecho laboral, y la promoción de formación docente, en línea con la Ley Micaela (Ley 27.499) se presentan como pilares para la creación de entornos educativos libres de violencia.
En este sentido se reconoce la necesidad de actualizar las Guías Federales de Orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar (Resolución CFE 217/14), con el objetivo de proporcionar herramientas a las escuelas para el abordaje integral e institucional ante situaciones conflictivas o de vulneración de derechos, así como impulsar jornadas y campañas de concientización, difusión, abordaje y acompañamiento para la prevención de las violencias, destinadas a la comunidad educativa en particular y a la comunidad en general.
En relación con el rol de los medios de comunicación se trabaja en la elaboración de una guía para el tratamiento de noticias relacionadas con denuncias de violencia y acoso en las escuelas, en articulación con otros organismos del Estado, con el objetivo de preservar los derechos e intimidad de las personas afectadas, poniendo como foco el cuidado de niñas, niños y adolescentes.
El caso de la escuela Ortolani en la ciudad de Rosario
En las últimas semanas la Delegación Regional VI del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe emitió un documento acerca de los eventos ocurridos a partir de octubre de 2021 en la Escuela Primaria N° 1319 “José Ortolani”, del Barrio Empalme Graneros, en la ciudad de Rosario.
Dichos acontecimientos tuvieron un impacto significativo en el equipo directivo, docente y asistente escolar de la institución. En ese contexto, se destaca la denuncia pública de los padres de una estudiante, que señalaba una presunta agresión con posibles connotaciones sexuales por parte de otro estudiante no identificado.
La respuesta de la Delegación involucró a diversas instancias, como el personal de supervisión, equipos socioeducativos interdisciplinarios, el departamento de asistencia jurídica y el área de Bienestar Docente.
A lo largo del comunicado, se detallan los procedimientos administrativos realizados para asegurar el bienestar de la niña afectada y se subraya la ausencia de indicios que respalden acusaciones contra el personal escolar.
No obstante, se describe el impacto negativo sufrido por el equipo educativo, que se vio afectado por rumores, amenazas, e intimidaciones provenientes de distintos sectores de la comunidad.
A pesar de la posterior desestimación de la denuncia y la falta de imputaciones, el personal directivo y docente experimentó un deterioro significativo en su bienestar físico y psíquico.
Se destaca que, a casi dos años de la denuncia inicial, la investigación fue archivada sin imputaciones formales, y la familia denunciante modificó su posición sin dar más información sobre el caso.
El comunicado concluye expresando la necesidad de que la sociedad conozca la situación injusta a la que fue sometido el personal de la Escuela, reivindicando el buen nombre y honor de los directivos, docentes y asistentes escolares afectados por el llamado “veredicto popular”.
Cecilia Ciullo, directora jubilada de la institución dio su valoración sobre el documento: “En aquel momento, un grupo de vecinos, rodearon el edificio, rompieron vidrios, quemaron cubiertas y nos retuvieron en la institución a docentes, no docentes, funcionarios y representantes gremiales encerrados y amenazados durante seis horas. Luego de eso se siguieron produciendo hechos de violencia que obligaron a cerrar la escuela durante varios días. Recién luego de dos años se produjo este comunicado. Este documento no nos recupera completamente, pero podemos quedarnos con esto, nuestra institución y sus docentes recibieron al menos esta reparación”, remarca Ciullo.
