El fiscal general Federico Reynares Solari junto a su par de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Matías Scilabra pidieron una pena unificada de 23 años para el piloto de avión comercial Julio “Peruano” Rodríguez Granthon por organizar desde la cárcel el comercio de drogas en un búnker Villa Banana y de 8 años de prisión para el ex titular de la Terminal Puerto Rosario, Gustavo Shanahan, un contador y financista que está acusado como miembro de la banda que le cambiaba las ganancias en pesos por dólares.
El pedido ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de Rosario fue el corolario del alegato final que hizo el fiscal general, quien remarcó que en esta causa siguieron “la ruta del dinero, y eso es una novedad” haciendo referencia en que no sólo cayeron en abril de 2021 los vendedores y acopiadores sino que también fueron detrás de la cueva financiera que le atribuyen a Shanahan en España al 800.
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“Las bandas que compran material estupefaciente no pueden ir con una tarjeta a comprar cocaína, necesitan dólares”, sostuvo Reynares en el alegato, para señalar que “la cocaína es un commodity, y los dólares son fundamentales para el giro comercial”.
“Alguien advertido como Shanahan sabe eso”, dijo sobre el financista detenido en octubre de 2021, a la vez que acusó a Rodríguez Granthon como organizador del tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, y al contador como coautor del mismo delito.
El fiscal también pidió penas de menor cuantía para otros acusados que llegaron a juicio, a quienes señaló como miembros de la una banda narco que distribuía drogas en un búnker de Valparaíso al 2600 en Villa Banana desde una vivienda de Espinosa al 6200 donde hacían el acopio y estiramiento de los estupefacientes. Todo dirigido desde por Rodríguez Granthon desde la Unidad Penal federal de Marcos Paz.
La causa se inició en abril de 2021 a partir de una información que daba cuenta que en una vivienda de Villa Banana se comercializaba drogas al menudeo, y que era regenteada por dos hermanos de apellido Pérez, luego identificados como Facundo, llamado Jirafa, y Ubaldo.
Según el fiscal, Jirafa era el nexo del Peruano y de acuerdo con lo ventilado en el juicio oral, la vigilancia policial sobre el búnker de venta de drogas permitió advertir que por quincena vendían unos 12 kilos de cocaína y que el dinero recaudado era llevado a un domicilio de calle Ovidio Lagos al 400 donde entraba en acción Marcos Díaz, un ex jugador de rugby de Plaza que está prófugo en esta causa.
En las distintas jornadas, Reynares y Scilabra indicaron que los pesquisas de la Brigada Antinarcóticos local de la Policía Federal descubrieron que desde allí, Díaz trasladaba bolsos y mochilas a unas oficinas ubicadas en un departamento de España y Rioja.
Ese sitio fue allanado en octubre de 2021, luego de que una policía de civil que realizaba seguimientos en Villa Banana fuera baleada por un miembro de la banda de Rodríguez Granthon. Los investigadores secuestraron en esas oficinas, donde funcionaba una cueva financiera de Shanahan, cerca de 34.000.000 de pesos en billetes de baja denominación.
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“Queda absolutamente claro que Shanahan dirigía una cueva, no hay interrogantes sobre eso. Desde el aspecto objetivo comete una intermediación financiera no autorizada”, sostuvo Reynares Solari durante el alegato.
En ese sentido, agregó: “El aspecto subjetivo me permite determinar que el dinero que circulaba por sus oficinas provenía de una actividad narcocriminal”, algo que el financista no podía desconocer.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), “toda la ganancia que se generaba en Villa Banana era viabilizada a la cueva de calle España”.
Con esos elementos, Reynares pidió al tribunal integrado por los jueces Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez y Mario Gambacorta, la pena unificada de 23 años de cárcel para Rodríguez Granthon, y de 8 años para Shanahan.
A la vez, solicitó la pena de 6 años para los imputados Alfonzo Sebastián Sciortino y Gustavo Báez Aguilar por tráfico de estupefacientes, y de 3 años y 6 meses de prisión para Juan Román González, por el mismo delito, pero en calidad de partícipe, indicaron las fuentes.
Declaración del Peruano y alegatos
Este miércoles, Rodríguez Granthon pidió ampliar su declaración y cuestionó las pruebas aportadas por la Fiscalía federal sobre su participación en la organización del comercio de estupefacientes a través de un búnker de Villa Banana y la cueva financiera del microcentro.
El acusado remarcó que se trata de una causa armada y desmintió que el contenido de las dos escuchas –que se conocieron durante el debate como prueba del MPF– estuviera relacionado con la venta de drogas. Para deslindar su responsabilidad, aseguró que sólo es amigo de Jirafa Pérez y que su comunicación sobre sumas de dinero se trataba por el cambio de cheques, no de las ganancias del narcotráfico. En tanto, la segunda en la que el MPF atribuye las palabras “Sprite, Manaos y Coca” como referencias a estupefacientes, señaló que hacía referencia a gaseosas que ingresar mediante familiares al penal federal de Marcos Paz.
En los alegatos de clausura de la defensa de Rodríguez Granthon, la penalista Mariana Barbitta y su equipo pidieron su absolución haciendo hincapié en que la única prueba presentada por el MPF son dos escuchas y una declaración de un testigo que nunca pudieron conocer su procedencia.
“Se le da un «tinte» de legalidad a los «buchones» para que puedan ser utilizados por la Policía. No hubo una reserva de identidad, sino una completa ocultación de información alrededor de esta persona y las circunstancias que lo llevaron a declarar en calidad de informante”, enfatizó la abogada.
Barbitta agregó que “el MPF pretende que se condene a mi asistido por solo dos audios en los que supone que refieren a estupefacientes, los cuales no tienen entidad alguna para poder considerar a Julio como organizador del comercio de estupefacientes”.
Además, la abogada enumeró que su defendido “no tenía ningún tipo de vinculación con los domicilios allanados; jamás tuvo disposición de dinero o estupefacientes y no traficó con estupefacientes a través de los llamados recabados en este debate”.
Para cerrar, la defensora hizo las reservas pertinentes para recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Causas anteriores
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Rodríguez Granthon, de 30 años, es un piloto de avión comercial graduado en Tierra del Fuego y oriundo de Perú. Hace una década que está radicado en Rosario. Está detenido desde 2017 y cuenta con dos condenas por narcotráfico en la Justicia federal en juicio abreviados: una de agosto de 2021 cuando fue penado a 12 años de prisión en el marco de la causa Coronas Blancas y la otra en octubre de ese mismo año a 10 años por considerarlo organizador del comercio de estupefacientes junto al líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero.
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Además, está siendo juzgado desde finales de noviembre pasado en la Justicia provincial junto a otras tres personas por participar en el plan criminal para asesinar al ex concejal y pastor Eduardo Trasante cometido en julio de 2020 en su casa de San Nicolás al 3600.
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