Otra vez la Justicia federal debe resolver la suerte de unos 200 trabajadores directos de la tabacalera rosarina Bronway, además de otros dos mil puestos laborales indirectos. Esto es así a partir de que en 2016 el Ejecutivo impulsó por decreto un impuestazo que el Congreso, un año más tarde, apenas morigeró. Así, las pymes del interior del país, como es el caso de la firma asentada en Nuevo Alberdi, necesitan un aval periódico del Poder Judicial, donde las multinacionales presionan para barrer con la competencia, justamente pidiendo que se niegue el estampillado a las fábricas más chicas y de capitales nacionales. Ahora bien: acaba de trascender que mientras los representantes del oligopolio exigen en los estrados judiciales que las pequeñas y medianas empresas paguen el impuesto interno mínimo, por otro solicitan al Ejecutivo la suspensión de este tributo, aunque a puertas cerradas.
El último capítulo aún se está escribiendo: es a partir de que un juez federal de primera instancia de Rosario hizo lugar a un reclamo de Massalin Particulares para que la empresa local no cuente con estampillas para vender sus productos. Si bien en segunda instancia se revocó esa medida, un recurso extraordinario de la Afip y la empresa multinacional determinó la paralización de la empresa y otra vez las cartas están en manos de la Cámara Federal.
Sin embargo, la semana pasada se filtró una nota reservada que la firma multinacional de origen estadounidense le envió en mayo de este año al Ministerio de Economía, puntualmente al área encargada del área tabacalera de la Argentina, solicitándole la suspensión del impuesto interno mínimo.
La nota lleva la firma el vicepresidente de Massalin Particulares y el jefe de asuntos legales y externos de la inglesa British American Tabaco, es decir de los dos integrantes del oligopolio extranjero en el país.
La misiva está dirigida al coordinador del Programa de Reconversión de áreas tabacaleras dependiente del Ministerio de Economía. En el punto 3 de la nota a la que tuvo acceso este medio, y que ya se encuentra en poder de la Cámara Federal de Rosario, dice expresamente: “En base a lo comentado en los apartados anteriores, desde la CIT estamos de acuerdo en una suspensión temporal del Impuesto Interno Mínimo de forma que se establezca una igualdad de condiciones para todas las empresas del mercado hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre la cuestión de fondo (la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Impuesto Interno Mínimo)”.
Y añade en forma contundente: “Por otro lado, nos oponemos a cualquier modificación de la tasa de impuestos internos a raíz del efecto multiplicador que una medida así tendría sobre nuestros precios, sobre nuestra actividad y toda nuestra cadena de valor. Los efectos del impuestazo por decreto del 2016, que llevó la tasa de internos al 75%, se probaron muy negativos y llevaron a la reforma del 2017 donde el Congreso bajó la tasa al 70%. Un incremento en la tasa no garantizará incrementos en la recaudación”.
Lo curioso es que en el mismo momento que Massalin Particulares, a través de su vicepresidente, solicitaba dejar sin efecto el impuesto interno, instruía a sus abogados a reclamar en Rosario, ante el juzgado federal de primera instancia de Gaston Salmain, el otorgamiento de una medida cautelar a favor de Massalin y en contra de la empresa local Bronway Technology SA, la que finalmente fue despachada aunque más tarde revocada por unanimidad por la Cámara Federal de Rosario por resultar una resolución judicial contraria a derecho.
A pesar de ello, la fábrica que hoy emplea a 201 personas de modo directo y casi 2.000 indirectos se encuentra cerrada, con su personal suspendido y a punto del despido, ya que la resolución de Salmain fue recurrida por Afip y Massalin mediante un recurso extraordinario que hace más de un mes no tiene respuesta, lo que deja la medida cautelar despachada en vigencia.
Por un lado, el gigante extranjero pedía a puertas cerradas la suspensión del mínimo del impuesto interno y por otro lado le decía a la Justicia Federal que estaba siendo perjudicada por la pyme rosarina.
“Esto no solo demuestra cómo es manipulada la Justicia por los grandes monopolios sino también refuerza la denuncia penal y ante el Consejo de la Magistratura que hicimos contra el juez Salmain, que ni bien llegado de Buenos Aires a mediados de este ano despachó soterradamente esta medida que favorecía al monopolio norteamericano”, explicaron desde Bronway.
