La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves el protocolo antipiquetes y aseguró que el Gobierno hará cumplir la ley: “La ley no se cumple a medias; se cumple o no se cumple”.
Así lo afirmó Bullrich durante una conferencia de prensa en la que realizó un punteo de los nuevos procedimientos de las fuerzas generales ante diversas situaciones de alteración del orden público. «Sin orden no hay libertad, definió».
“El propósito de este protocolo es cumplir la ley y, como dice el presidente (Javier Milei): el que las hace, las paga”, lanzó Bullrich en el inicio de su locución.
En esa línea, agregó: «Por otro lado, cuidar a quienes nos cuidan y establecer un protocolo de actuación que proteja en su accionar a las fuerzas federales».
A continuación, uno por uno todos los puntos:
# Las cuatro fuerzas federales y el servicio penitenciario federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir.
# Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes que es que, si hay un delito infraganti, van a poder intervenir.
# Es muy importante entender que las fuerzas federales van a actuar en las zonas federales. Eso llevará a que las fuerzas provinciales deben actuar en las zonas de sus competencias y tener un trabajo en común.
# No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito y circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal.
# Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado todo el espacio de circulación
# Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia.
# Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos. También se van a identificar a los vehículos y a sus conductores registrados. Se van a registrar todas las infracciones administrativas existentes y se va a proceder a incautar a los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyo conductores no tengan la documentación que tienen que tener.
# Se va a trabajar también en las estaciones de tren aquellas personas que vayan con tipo de material que debe ser incautado, sean palos o caras tapadas, intentando no ser reconocidos por las fuerzas.
# Los datos de los autores cómplices o partícipes van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente, sea por un bloqueo… A la IGJ para ver las personerías jurídicas de quienes bloquearon, sea por personas que vienen con un plan social. Esto no me corresponde a mí anunciarlo a mí, pero será también tenido. Sobre todo los instigadores, sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa.
# También se dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Algo que sucede de manera permanente es la quema en protestas, que genera una situación dañina al ambiente y a quienes están alrededor.
# En el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños y que no estén los niños —cuando tienen que estar en sus escuelas— en una manifestación.
# Los costos de los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrá que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos deberán hacerse cargo.
# En caso de tratarse de extranjeros, se mandará la información a Migraciones.
# Se va a crear un registro de las organizaciones que participan en estos hechos y que sistemáticamente hacen de voceros hacen de este tipo de manifestaciones.
# Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré.
Críticas de los estatales
La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Rodolfo Aguiar, rechazó por «inconstitucional» el protocolo de movilización anunciado por Bullrich, informó la organización sindical.
«Los conflictos sindicales y sociales no deben ser resueltos por la policía o la justicia sino por aquellos que gobiernan, porque para eso fueron elegidos. La medida anunciada por la ministra se orienta a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quiere conflictos que pare ya el ajuste e incremente los salarios», dijo el gremialista.
Aguiar sostuvo en un documento de prensa que ante «el anuncio de implementación de un protocolo antiexpresión por parte de la cartera de Seguridad la ATE no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y de protesta».
El gremio precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de derechos humanos, de los que la Argentina es parte, y enumeró también los artículos 14 y 14 bis y el inciso 22 del 75 de la Constitución Nacional.
«Es una atribución de forma exclusiva legislativa, por lo que es ilegal e inconstitucional su impedimento. No existe una norma que defina qué es una protesta. La única limitación vigente es temporal y la establece el Estado a través de la autoridad administrativa de la Secretaría de Trabajo para que las partes acuerden por la conciliación obligatoria», afirmó.
Para Aguiar, debe existir de forma previa «un principio de legalidad y una ley que establezca una norma, porque para el derecho de huelga nada dice cómo es», concluyó.
