Juanjo Beascochea, especial para Télam
El jury que se le sigue a una jueza de Familia y una asesora que le otorgaron la tutela de Lucio Dupuy, el niño asesinado en 2021 en La Pampa por su madre y la pareja de esta, actualmente condenadas a prisión perpetua, continuará este martes con un careo entre el abuelo de la víctima y su abogada, y los alegatos de las partes.
Luego, el jury pasará a un cuarto intermedio hasta el viernes 22 de diciembre próximo, cuando se dará a conocer el veredicto.
En el banquillo de los acusados se encuentran Ana Clara Pérez Pérez Ballester, titular del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes 1; y Elisa Catán, a cargo de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes 2, ambos organismos de General Pico.
Según las fuentes judiciales, las dos son juzgadas por presunto mal desempeño de sus funciones en la tramitación de los legajos por la tutela y el cuidado personal de Lucio, asesinado el 26 de noviembre de 2021 por su madre Magdalena Espósito Valenti y la pareja de esta, Abigail Páez.
La audiencia del martes comenzará con un careo entre Ramón Dupuy, abuelo de la víctima, y su abogada, Adriana Alizia Mascaró; tras lo cual, se escucharán los alegatos de la acusación y de las defensas.
De acuerdo a los voceros, el careo se dispuso en función de declaraciones contradictorias entre los dos testigos.
El abuelo de Lucio contrató en su momento a Mascaró para asesorar a la tía política del niño, Leticia Hidalgo, cuando firmó el acuerdo de cuidado personal en favor de Espósito Valenti.
Según declaró el abuelo, a Mascaró le mostraron «un montón de pruebas, fotos donde ellas hacían cosas delante de Lucio, de plantas de marihuana en macetas, de chats con agresiones a Christian (Dupuy, padre del nene) y todo eso no sirvió para nada».
«Esas pruebas Mascaró se las llevó a la jueza Pérez Ballester y nos dijo que la jueza le había manifestado que (Lucio) no iba a estar mejor que con la mamá», recordó.
En cambio, la abogada declaró: «Jamás me entregaron eso. Si hubiera sido así, jamás hubiera aceptado que se firmara el acuerdo».
«Solo recibí una foto, que me mandó Leticia, porque la mamá le había hecho a Lucio un corte de pelo raro. Pero eso no era para sospechar sobre una situación de riesgo», aseveró durante el debate.
El tribunal de enjuiciamiento está conformado por Fabricio Luis Losi, presidente del cuerpo y del Superior Tribunal de Justicia; las diputadas provinciales María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio.
La acusación está a cargo del procurador general subrogante, Guillermo Sancho, y por las defensas intervienen el abogado particular Pablo Rodríguez Salto (por Pérez Ballester) y la defensora general Carina Ganuza y la defensora oficial, Ana Carolina Díaz (por Catán).
En tanto, se estima que, en los alegatos, el procurador solicite la destitución de las dos funcionarias y que la defensa pida la absolución.
Para los acusadores, las imputadas no escucharon la opinión de Lucio, pese a estar expresamente ordenado en todas las normas que rigen la materia de familia porque «se presumió que no estaba condiciones de declarar».
Tampoco citaron ni recabaron la opinión del padre y de la madre; no le dieron intervención a la autoridad de aplicación administrativa (Dirección General de Niñez) ante «la posible vulneración de derechos».
A su vez, sostuvieron que la asesora consintió el archivo de la causa pese a que había solicitado la tutela, por lo que durante ese lapso no ejerció efectivamente el debido contralor de ella.
Además, los acusadores sostuvieron que no le dieron intervención al equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial (psicólogo, médico, asistente social) y que omitieron toda comunicación a la autoridad de aplicación, a pesar de que de una denuncia de la madre podía surgir que Lucio hubiese sufrido alguna lesión.
En el cierre de su alegato de apertura, Sancho habló de «omisiones e incumplimientos reiterados», por parte de las acusadas, para justificar el mal desempeño de ellas.
En cambio, el defensor de Pérez Ballester aseguró que «a homologación del convenio de cuidado personal se produjo un año antes de la muerte y en ese momento no había indicadores de violencia».
Respecto a la acusación de no haber escuchado a Lucio, la defensa de Catán dijo que «no estuvo fundada» porque la Procuración citó una ley equivocada y otra que fue derogada y aseguró que «el papá estaba en conocimiento y consintió la tutela».
El jury comenzó el martes pasado y entre los primeros testigos declaró el padre de la víctima, quien aseguró que que a él «jamás» lo citaron en ninguno de los dos expedientes por el cuidado personal de su hijo y que «nunca» imaginó que el nene era maltratado porque, sino, «hubiera hecho algo» al respecto.
Lucio, de 5 años, fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde vivía con su madre y Páez.
El niño fue visto vivo por última vez a las 17.32 y que entre esa hora y las 19.40 fue golpeado brutalmente, por lo que a las 21.30 fue llevado primero a un centro asistencial del barrio y luego al Hospital Evita, donde a las 21.45 se constató que ya estaba muerto.
Según determinó el tribunal de juicio al que fueron sometidas la madre de Lucio y su pareja, ambas participaron de la golpiza mortal al nene, quien recibió puñetazos, patadas y palazos, además de un pisotón en la espalda por parte de Páez, el cual le provocó lesiones internas y un edema cerebral.
El pasado 26 de septiembre, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) de Santa Rosa confirmó las condenas a prisión perpetua para Espósito Valenti y Páez por el homicidio de Lucio y le agregó a la primera de ellas, el delito de abuso sexual.
El juicio a las funcionarias es el segundo proceso que deriva de ese caso y que está relacionado con las responsabilidades judiciales en el hecho.
La organización Change.org ya reunió más de 111.000 firmas que avalan el pedido de destitución de la jueza Pérez Ballester (www.change.org/DestituyanALaJueza).
