Unas 2 mil personas se sumaron este jueves a la ronda de las Madres de la Plaza 25 de Mayo en una nueva muestra de respaldo a su histórica lucha y en otra acción en rechazo rechazo del decreto de necesidad y urgencia número 70, publicado el pasado 20 de diciembre para derogar, desarticular y modificar más de 300 leyes, y el proyecto de ley ómnibus del gobierno del presidente Javier Milei, en el cual directamente le pide al Congreso que apruebe su autoexclusión, confiriéndole facultades legislativas en todo el espectro, una suma de poder inédita en 40 años de democracia.
Gremios que integran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, como el Sindicato de Prensa Rosario, docentes de Amsafé provincial y Amsafé Rosario, estatales de ATE provincial y ATE Rosario, junto a organizaciones que integran el Movimiento Sindical Rosarino como Luz y Fuerza, La Bancaria, el Sindicato de Trabajadores Municipales, colmaron la plaza 25 de Mayo en una concentración en la que también movilizaron la Corriente Clasista y Combativa, el Centro Cultural La Toma, y organizaciones sociales y de la economía popular, además de los organismos de derechos humanos.
La decisión de marchar junto a las Madres, símbolo de la resistencia a la dictadura y de la búsqueda de memoria, verdad y justicia durante los 40 años de democracia no fue casual: a medida que se va corriendo el velo y los distintos colectivos van profundizando en detalle el decreto y el proyecto de ley aparecen sorpresas insólitas como el uso de togas y martillo en los estrados judiciales hasta el renunciamiento de la Argentina a su espacio marítimo exclusivo, abriendo la pesca a cualquier potencia extranjera, o la eliminación del todavía insuficiente andamiaje de protección ambiental. Organismos de derechos humanos advirtieron un intento de restaurar la ley de Obediencia Debida, declarada insanablemente nula a nivel legislativo y judicial, por lo que la coincidencia en distintos niveles apunta a que Milei busca generar una autocracia, exactamente lo contrario que la libertad pregonada para alzarse con la mayoría de los votos.
A ello se suma el asedio a través de la aplicación Mi Argentina, que se utilizó para la vacunación durante la pandemia de coronavirus y amplió su uso a un acercamiento entre el Estado y la ciudadanía: ahora, en mensajes dirigidos que aparecen en los teléfonos de cada usuaria y usuario se advierte, tras un saludo personalizado, que «cortar una calle, avenida o una ruta es un delito penado por la ley». El mensaje, difundido hacia millones, puntualiza: «Si va a ejercer el derecho a protestar, tenga en cuenta que sólo lo puede hacer en lugares habilitados». Y también remarca: «Si lo obligan a marchar, puede denunciar de manera anónima al 134».
Los comentarios de lectores en todos los medios de comunicación que habilitan el espacio para opinar se convirtieron ya en un cruce permanente entre quienes defiende cada acción de gobierno, cualquiera sea la dirección en la que vaya, y quienes en creciente número se muestran indignados por contenidos, pero más aún por las formas. Pero entre la primera fracción sobresale una mayoritaria presencia de perfiles de redes sociales carentes de fotografías o actividad personal alguna: perfiles truchos que utilizan el anonimato para atacar con violencia, insultos y descalificación a cualquier expresión crítica.
