Una confusa pero enojosa situación tuvo como protagonistas este jueves pasado el mediodía cuando dos trabajadores del Correo Argentino salieron a comprar comida y de pronto se vieron abordados por dos agentes de la Policía Motorizada. Todo ocurrió en la puerta de la sede del Sindicato de Correos y Telecomunicaciones de Rosario, cuyos miembros salieron a interceder por sus afiliados. Al rato había más de media docena de motos policiales, miembros del gremio y una batahola en ciernes. Finalmente un oficial de mayor jerarquía puso paños fríos y el episodio no pasó a mayores pero generó el repudio del Sindicato de Prensa Rosario, que integra la CTA de los Trabajadores, y del Movimiento Sindical Rosarino, que tiene al gremio de Correos entre sus integrantes. “Las fuerzas de seguridad deben estar para cuidar a la ciudadanía y no para hostigarla”, advirtió el MSR, y exigió al gobierno de la provincia “el pleno respeto de los derechos fundamentales”. Y demandó que “investigue este accionar, aplicando las medidas pertinentes”.
En el comunicado de la entidad intersindical se denunció, además, otro episodio en la zona norte, dos días antes: uniformados revisaron el portafolios del un empleado del Correo Argentino, algo “prohibido por la normativa vigente”. El MSR dio cuenta de ambos episodios y el Sindicato de Correos advirtió que el registro de la correspondencia que portaba el cartero cuando fue abordado en Machaín y Blas Parera constituye un episodio «aún más grave» que la tensa situación en Buenos Aires al 800: el trabajador fue impelido a abrir su portafolios, o de lo contrario se lo llevaban detenido.
“El MSR repudia el acto de amedrentamiento injustificado y violencia policial sufrido por dos compañeros trabajadores de Correo Argentino a manos de la Policía de la provincia de Santa Fe”, transmitió la entidad que reúne a buena parte del movimiento obrero organizado a nivel local.
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Por su parte, el Sindicato de Prensa Rosario sumó su repudio y expresó su “solidaridad y acompañamiento” al gremio de Correos “para impedir que se sigan vulnerando los derechos más elementales de la ciudadanía”.
El accionar policial coincidió, sugestivamente, con el anuncio de gremios de la CTA y la CGT de acompañar este jueves la ronda de las Madres de la Plaza 25 de Mayo, en una nueva expresión contra el DNU 70 del gobierno de Javier Milei, y contra la llamada “ley ómnibus”, que en conjunto desarticulan todo el andamiaje legal de protección de las y los trabajadores. “Brutal ajuste y quita de derechos”, consideró al paquete el gremio de Correos, que días atrás declaró en sesión permanente a sus cuerpos de delegados en todo el país y se pronunció en defensa del Correo de Bandera. Y ahora enfrentó una situación con la Policía.
Respuesta oficial
El Ministerio de Seguridad de Santa Fe presentó una denuncia contra los trabajadores del Correo citando el acta policial confeccionada por los uniformados que actuaron en el lugar.
En la denuncia se describe cómo estaba vestido el trabajador que fue requisado y que tenía «el mismo tatuaje en pómulo derecho y cuello».
Trascartón, como si eso fuera motivo de sospecha, los agentes inician «una identificación de rutina» y la persona se niega a entregar el documento, dice la presentación y a renglón seguido, citando el acta policial, adjudica una respuesta: «No estamos en dictadura para pedir DNI».
Luego prosigue la tensión hasta que se suman los dirigentes del sindicato y también un superior de los efectivos, tras lo cual se comienza a calmar la situación.
El ministro Pablo Cococcioni le pidió a la justicia que investigue la reacción de los trabajadores, si existió el delito de «atentado a la autoridad» o «resistencia a la autoridad agravada».
Actitud sospechosa
“Lo que nosotros entendemos que pasó es que un reducido grupo de funcionarios de la Policía estaban realizando procedimientos de chequeo y averiguación en calle y no hicieron otra cosa que solicitarle a un ciudadano que por favor le exhibiera su documento de identidad. Es una facultad policial, no es ilegal, no es de la dictadura y no es nada por el estilo”, señaló Cococcioni a Radio Dos.
Según evaluó, la reacción de quienes estaban en el lugar “no sólo fue cuestionar esta facultad, sino que después se conglomeró un grupo de personas que empezó a agredir al personal policial verbalmente y generando algún grado de confrontación casi física”.
“De parte del Ministerio de Seguridad no vamos a dejar de pasar la oportunidad de formular una denuncia contra todo aquel que ponga un dedo, insulte, amenace o se quiera resistir al legítimo accionar de la policía”, remarcó, para definir conceptualmente el rumbo que le imprime a su gestión: “La actitud sospechosa es un concepto flexible, hay un margen de valoración policial y eso está legislado”.
