En otra intensa jorna de debate legislativo, Diputados y Senadores aprobaron tres leyes estratégicas para el flamente gobierno de Maximiliano Pullaro. Dos de esas normas tienen que ver con los ingresos y egresos del fisco provincial -Presupuesto 2024 y Ley Tributaria-, mientras que la tercera intentará brindar herramientas para la prevención del delito.
El presupuesto 2024 proyecta para el año próximo un resultado levemente superavitario de $ 6.127 millones, como consecuencia de estimar recursos totales por $ 4.865.649 millones y un gasto total de $ 4.859.522 millones.
La ley Tributaria, por otra parte, mantiene la estabilidad fiscal para pymes y prevé aumentos de alícuotas para Ingresos Brutos para algunos sectores, entre ellos el mutualismo financiero.
Tras la sanción de las leyes económicas, el senador por Rosario Ciro Seisas destacó las obras que lograron ser incorporadas dentro del Presupuesto para el Departamento Rosario e hizo mención a que la Ley Tributaria contempla que el Banco Municipal de Rosario, único en sus características en el interior del país, continúe asistiendo a las Pymes y que estas no asuman el impacto de algunos incrementos lógicos.
Por otro lado, el diputado Mariano Cuvertino destacó la «responsabilidad y prudencia con la que se ha abordado el debate en un contexto complejo y difícil. El presupuesto que aprobamos es importante porque fue hecho en el marco de una transición de gobierno. Es importante remarcar que el peor presupuesto es el que no se tiene».
Así, el legislador subrayó que se votó «una ley tributaria que mantiene la estabilidad fiscal, que tiene un fuerte sentido progresivo, donde no se retocan ni se aumentan que tienen que ver con el sector productivo. Se mantiene la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y establece mecanismos para premiar al contribuyente que cumple con su obligación».
Ley de Inteligencia
Tras la media sanción que logró este jueves en Diputados, el Senado provincial transformó en ley la ley de Información para la Prevención de Delitos (también llamada ley de Inteligencia).
Santa Fe se convierte así en la primera jurisdicción del país en tener una ley de este tipo, que proporciona herramientas adicionales al gobierno provincial para hacer frente al crimen organizado, evitar el espionaje ilegal y proteger a la ciudadanía.
«Va a significar que podamos hacer prevención y tener todos los elementos para investigar a las bandas criminales que tanto daños nos hacen», celebró el senador Felipe Michlig. Por otra parte, el senador Rodrigo Borla consignó: «Esta ley del sistema de inteligencia y análisis tendrá como órgano de aplicación al Ministerio de Justicia y Seguridad. Le brinda un marco legal a la producción y gestión de información con la finalidad de prevenir el delito».
La norma establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulan la actividad de producción y gestión de información, transparenta el presupuesto otorgado para dichas tareas, crea controles legislativos y delimita la actividad para enmarcarla en la Constitución nacional, provincial y los tratados de derechos humanos.
“Santa Fe será la primera provincia del país en contar con una ley de estas características. Desde el Socialismo vamos a colaborar para que se implementen rápidamente políticas públicas de calidad que nos permitan hacer frente a la complejidad de delitos que atraviesa nuestra provincia. La inteligencia con reglas claras y sistematizadas permitirá dar batalla al delito organizado y prevenir, por ejemplo, episodios como las balaceras en lugares públicos”, expresó la diputada del socialismo Lionella Cattalini.
“La complejidad del crimen en Santa Fe y el convencimiento que tenemos de avanzar contra las mafias, requiere que demos este paso en la creación de organismos enfocados en la producción y gestión de la información que nos permita prevenir el delito y proteger a los santafesinos”, señaló al término de la sesión la vicegobernadora y presidenta del Senado, Gisela Scaglia.
La ex vicegobernadora Alejandra Rodenas, por su parte, decidió abstenerse. Entre otros conceptos, fundó así su voto, al advertir que la regulación tiene muchos grises y que el Ejecutivo avanza sobre competencias judiciales y, a la vez, puede chocar con la ley nacional de inteligencia: “La prevención aborda todas estas variables: las que ocurren antes, durante y después de la comisión de los delitos. De ahí que hablar de inteligencia para la prevención del delito es abrir la puerta a hacer inteligencia sobre circunstancias equivocas sobre la trama social”.
“Por ende, la idea de prevención así entendida pareciera no tener «recorte» alguno. Se puede recortar sociológicamente hablando donde se decide intervenir. Entonces, pensar en hacer inteligencia sobre un horizonte de prevención tiene un primer problema, que es justamente la ausencia de límites. Se puede hacer, en el marco de esta ley, inteligencia sobre absolutamente cualquier situación y persona”, añadió.
“Una segunda consideración no menos importante y vinculada a la prevención, es que se puede generar reserva y confidencialidad sobre muchísima información, que de otra manera sería pública”, evaluó y más tarde agregó: “Si a ese tipo de monitoreo de datos se lo define como inteligencia, se puede generar reserva sobre un conjunto de datos o de información que debería ser de acceso público, y de ese modo se imposibilitan los controles”.
“Otro elemento presente, no menos preocupante, en esta iniciativa es que propone que cualquier investigación que quieran llevar adelante los fiscales, debe pasar previamente, por la jefatura de la PDI”, advirtió la legislatura peronista.
