Cinco hombres y una mujer, oriundos del conurbano bonaerense, fueron procesados por la Justicia federal de San Nicolás como integrantes de una organización especializada en secuestros extorsivos en Rosario y la región. En su resolución, el titular del Juzgado federal 2 nicoleño, Carlos Villafuerte Ruzo aceptó la atribución de la Fiscalía para cinco de los miembros por conformar una organización que cometió al menos dos hechos donde una de las víctimas vivía en la Torre Aqualina de barrio Martin y la otra en Ramallo. A su vez, dictó la falta de mérito para otro rapto cometido en 2021 a un financista también con domicilio en el mismo edificio. En tanto, al miembro restante sólo lo acusó por una participación en la compleja asociación ilícita que tenía recursos y roles bien definidos.
Los principales procesados fueron identificados como Claudio Daniel Coto, de 62 años y considerado como el cabecilla de la banda; su mano derecha Néstor Adrián Santabaya, de 59, junto a Silvia Beatriz López (42), Emiliano Mario Acuña (37) y Sebastián Pugliese (45).
Al quinteto, el juez federal les dictó prisión preventiva efectiva y dispuso trabarle embargos: para Coto y Santayana fue de 100 millones de pesos. A López, Acuña y Pugliese les impuso 50 millones y para Nicolás Santabaya (30), hijo de Néstor, lo fijó en 25 millones de pesos.
La investigación se conoció hace una semana tras 16 allanamientos solicitados por las Fiscalías federales de San Nicolás y N°1 de Rosario, de Matías Di Lello y Javier Arzubi Calvo, junto con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), de Santiago Marquevic.
Los fiscales pidieron la detención de ocho miembros de la banda que están sospechados por al menos tres secuestros extorsivos, uno en 2021 y los restantes este año. Tras esos procedimientos, fueron apresados seis de los buscados mientras hay dos personas que cuentan con pedido de captura, informaron en dicha oportunidad voceros judiciales.
Cómo operaba la banda que cometió al menos dos secuestros extorsivos en barrio Martin
Los casos
Los secuestros extorsivos que le atribuyó el juez federal de San Nicolás a la organización de Coto fueron dos mientras que en el tercero que data de 2021 les dictó la falta de mérito debido que consideró que las pruebas recolectadas por las Fiscalía aún no eran suficientes. En este punto hizo la aclaración de que no existe perjuicio en que en un futuro puedan ser acusados por este delito.
El último hecho fue cometido en la mañana del 10 de octubre pasado, cuando un grupo de hombres raptó al hijo y a la esposa del empresario farmacéutico Roberto Z. en el estacionamiento de la Torre Aqualina, de barrio Martín.
Le pidieron 3 millones de dólares, pero el empresario se negó a pagar e hizo la denuncia. Los captores lo vigilaban y tras hacerle saber que tenía a los policías en su vivienda, liberaron por la noche a la mujer y su hijo en un campo de la zona rural de San Nicolás. Roberto Z. fue el único blanco que, tanto él como su entorno, no lidiaba con causas penales, como pasó con las otras dos víctimas. Una de ellas fue Alejo, el hijo de un empresario –que falleció el mes pasado luego de que su helicóptero se estrellara en el río Paraná–.
El joven fue capturado el 24 de enero pasado por cuatro personas que llevaban uniformes de la Policía Federal. Lo interceptaron cuando iba en su camioneta 4×4 por Ramallo. Su familia pagó 600 mil dólares para que lo liberaran. Los pesquisas determinaron que el padre había sido imputado en 2020 por robar petróleo crudo de un oleoducto, luego fue sobreseído en un fallo que aún no estaba firme, ya que la Fiscalía había apelado.
En tanto, el tercero de los hechos que relacionaron los fiscales federales a esta banda que por el momento no se lo atribuyó la Justicia fue un secuestro extorsivo de 2021 en el que participaron de oficio porque la víctima, un financista que estuvo imputado por estafa, no lo denunció.
El rapto se perpetró en la mañana del 20 de julio de 2021: dos personas bajaron de un auto y le cortaron el paso al financista Jorge O. mientras caminaba por el parque en la zona del Monumento a la Bandera. Uno de ellos le dijo que tenía una notificación judicial, y que debía acompañarlo.
Jorge no sospechó porque estaba involucrado en la causa de la megaestafa inmobiliaria, en la que luego fue sobreseído. Al acercarse al auto fue encañonado, le taparon la cara, le sacaron el celular y lo ataron.
Con su teléfono llamaron a un socio y le exigieron un millón de dólares para liberarlo. Luego de una serie de negociaciones, los captores se conformaron con los 80.000 dólares y el 1.200.000 pesos que el entorno del financista pudo reunir.
Una banda sofisticada
De la pesquisa se supo que la banda tenía una compleja logística que incluía roles bien definidos y alta capacidad técnica y operativa. Preparaban celulares analógicos, tenían inhibidores de señal, hacían seguimientos de meses y tareas de inteligencia como también eran cuidadosos en elegir a sus víctimas. Además, la mayoría de sus blancos eran empresarios o sus allegados, los cuales preferían esquivar el contacto con autoridades por haber tenido problemas con la ley.
También trascendió que la mecánica era casi idéntica: la excusa para acercarse era alguna notificación judicial o la pertenencia a una fuerza policial y que no ejercían violencia física, pero eran efectivos en atormentar y amenazar tanto a los cautivos como a quien le exigían dinero. Las víctimas eran retenidas en viviendas que alquilaban en San Nicolás y luego las liberaban en zonas rurales descampadas.
La causa continúa debido a que aún restan ser apresadas dos personas que tienen pedido de captura mientras que los pesquisas llevan adelante medidas para determinar si existió alguna pata local que hubiera facilitado información sobre los blancos a secuestrar, concluyeron fuentes relacionadas a la causa.
