El Movimiento Sindical Rosarino y la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario firmaron un documento conjunto en rechazo a la política ambiental planteada en la llamada “Ley Ómnibus” enviada al Congreso por el gobierno de Javier Milei. El colectivo sindical, en el que varios de sus gremios integrantes coordinaron sus secretarías y áreas ambientales cuando arreciaban los incendios intencionales en el Alto Delta, y el espacio de investigación y educación ambiental se recunieron este jueves en el Sindicato de Luz y Fuerza para firmar el compromiso en defensa de los derechos ambientales que consideran “avasallados” por el proyecto oficial, que la gestión de La Libertad Avanza intenta que se vote a libro cerrado, “a todo o nada”, según dichos del propio jefe del Estado.
“El proyecto colectivo de Javier Milei, en general y en particular, focalizado con la problemática ambiental, es violatorio de la Constitución Nacional”, sostuvo el abogado y licenciado en ciencias sociales Aníbal Faccendini, fundador de la Cátedra del Agua, tras participar en una mesa con dirigentes sindicales locales.
En ese sentido resaltó la importancia del documento conjunto, en el que el espacio que funciona en la Facultad de Ciencia Política y el MSR alertan por el peligro de la Ley Ómnibus para distintas leyes, normas y artículos como la ley Ambiental 25.675, la ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, la ley 26.639 de Preservación de Glaciares y Ambientes Periglaciares, la ley 26.331 de Protección de Bosques y el convenio de la Organización de las Naciones Unidas 169, firmado por el Estado nacional y por tanto con rango constitucional, lo que da cuenta de la imposibilidad de derogarlo a través de normas de menor jerarquía. “Buscan mercantilizar los bienes comunes, vuelven a pretender privatizarlos. El ambientalismo universitario-sindical viene a plantear la necesidad de dar un rechazo a este proyecto”, continuó Faccendini. La Ley Ómnibus será tratada en comisiones a partir de estel 8 de enero y según el docente universitario “no va a traer beneficio para la ciudadanía y para la Argentina, sino daño”.
En la previa al debate en comisiones parlamentarias crece la discusión sobre la factibilidad de todos los cambios planteados y la posibilidad (¿adrede?) de utilizar ciertos artículos como medio de negociación para lograr la aprobación de otros. En este marco se encuentran los derechos ambientales que los gremios y la Cátedra del Agua plantean defender. “Tanto el DNU como la Ley Ómnibus, voluminosos en su presentación, no fueron redactados en 10 días, lleva mucho tiempo de trabajo y están muy cercanos a los grandes negocios empresariales”, apuntó el titular de Luz y Fuerza, Alberto Botto, quien además está al frente del Movimiento Sindical Rosarino.
“Nos ocupan con los derechos ambientales mientras que lo que verdaderamente les interesa a ellos son sus negocios, que, en definitiva, tienen que ver con el futuro del pueblo argentino, de la Nación y del sistema republicano”.
Si la Ley Ómnibus llega a ser aprobada, aseguró Botto, toda la sociedad quedaría “a merced del mercado”, completamente desguarnecida. “Y sabemos lo que eso significa porque ya lo hemos pasado. Es quedar a merced del mercantilismo, de los negociados, y eso no tiene nada que ver con la humanidad”, sostuvo el dirigente sindical.
En ese marco el titular de la Cátedra del Agua alertó que todo ataque a las leyes ambientales está relacionado a la “concepción de la vida y del menosprecio por los bienes comunes”. Y en particular el decreto de necesidad y urgencia 70/23 y la ley ómnibus avanzan sobre el andamiaje legal de protección ambiental “sin consultar a los involucrados”, como las ONG ambientalistas, referentes de cada partido y actores sociales, entre ellos investigadores y centros de distintas universidades públicas. “Tienen un rechazo al diálogo y a la construcción de sociedades armonizadas. Generan violencia”, advirtió.
Por su parte, Botto aseguró que el arco gremial, que logró dos medidas judiciales que dejan sin efecto el capítulo laboral del DNU 70 “está preocupado” también por la Ley Ómnibus: “Nosotros no estamos cerrados tampoco a una posición totalmente en contra, pero hay cuestiones que no podemos dejar pasar. En el tema ambiental aún no se sabe de la situación que atraviesa, parece que lo único visible es la cuestión económica. Sabemos que esto es fundamental, porque obviamente llevar un plato de comida no puede esperar, pero también, por otro lado, esta ley atenta contra la Madre Tierra y eso es muy perjudicial para el futuro de nuestro país”.
«Este proyecto mercantiliza la vida en todos sus aspectos. El proceso de mercantilización tiene su cristalización en normas, y obviamente esas normas luego se transforman en leyes, y esas leyes, que dominan la vida cotidiana de cada persona, quedan a disposición de las corporaciones económicas. Aunque tanto el mercado como las empresas deberían ajustarse al estado de derecho”, sostuvo el representante de la UNR.
Con todo, Faccendini alentó el debate en el Congreso y a la participación ciudadana para lograr revertir el intento de desarticular la legislación ambiental. Y depositó sus expectativas en “los niveles de convicción democrática de los diputados y senadores”, de quienes espera “que respondan a la Constitución Nacional y a la República”.
“Si todos están de acuerdo con esto, la respuesta tendrá que ser un rechazo, porque la Ley Ómnibus viola la Constitución Nacional”, insitió el referente de la Cátedra del Agua.
