La Fiscalía Federal pidió hoy la condena de prisión perpetua para los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez en el juicio que se desarrolla en la ciudad de Córdoba por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
«Lo que pasó durante la dictadura fue lisa y llanamente un plan sistemático de exterminio de personas», dijo el fiscal Carlos Gonella en el juicio en el que se debatieron los hechos que derivaron en el asesinato de 31 presos políticos alojados en la UP1, en 1976.
Los fiscales Maximiliano Hairabedián y Carlos Gonella pidieron el máximo de la pena para Videla por los delitos de tormentos agravados, tormentos agravados seguido de muerte y homicidio calificado como autor mediato.
A Menéndez se le adjudica los mismos delitos y se le suma la privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones graves agravada.
Además de la prisión perpetua el pedido agrega la inhabilitación absoluta por igual período, accesorias legales y costas.
Gonella, al comenzar con su exposición dijo que la dictadura militar había implementado «el método de la violencia como herramienta para alcanzar objetivos políticos y económicos».
«El objetivo era muy claro, destruir al otro, barrer con todas las personas que representaban amenazas a sus pretensiones totalitarias que perseguían con el terrorismo de Estado», añadió Gonella
Y en ese sentido dijo que lo que pasó durante la dictadura «no se trató de una guerra contra la subversión, sino que se trató de un liso y llano plan de exterminio de personas».
Asimismo dijo que «el terrorismo de Estado contó con la actitud funcional y cómplice de magistrados y funcionarios de la Justicia».
Mencionó en ese sentido, entre otros, las actuaciones de los ex jueces federales Miguel Angel Puga y Adolfo Zamboni Ledesma, además del entonces defensor oficial Eduardo Luis Molina.
Incluso extendió esa complicidad a la cúpula de la Iglesia al sostener que “si (Raúl Francisco) Primatesta estuviera vivo, estaría aquí sentado”, dijo el fiscal Gonella al referirse al presidente del Episcopado Argentino al momento de los acontecimientos de la última dictadura militar.
Además de sindicar a Videla como el máximo responsable del terrorismo de Estado que se instaló en el país, el Fiscal dijo que Menéndez estuvo abajo en la cadena de mando y que por su rol de Comandante “tenía el control y el dominio completo de los actos” que cometían los represores subordinados en Córdoba.
En ese contexto atribuyó a Menéndez la “totalidad de los hechos que están contenidos en la plataforma fáctica del el auto de elevación a juicio”, resaltando en ese sentido que cuando pidió hablar en este juicio “asumió la responsabilidad de estos hechos como Comandante” del Tercer Cuerpo del Ejército.
Asimismo resaltó los aportes del preso político Carlos Raimundo “Charlie” Moore, militante del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), que “ayudó a esclarecer la causa y a fundamentar la responsabilidad penal” de estos hechos.
Asimismo refutó las declaraciones de los imputados en el sentido de desacreditar el testimonio de Moore, que realiza en Brasil cuando se fuga del Departamento de Informaciones Policiales (D2), argumentando que colaboró con los represores cuando “por su condición de secuestrado y amenazado de muerte no tenía posibilidades de autocontrolarse, por lo tanto jamás sería jurídicamente reprochable su actitud”, sostuvo Gonella.
Luego de la exposición de los fiscales la audiencia pasó a cuarto intermedio hasta las 9.30 del próximo martes para escuchar los alegatos de las defensas.
En este juicio, que comenzó el 2 de julio, se debaten los hechos que derivaron en el asesinato de 31 presos políticos alojados en la UP1, ocurridos en 1976 aplicando la Ley de Fugas, además de secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales (D2).
Los pedidos de prisión perpetua alcanzan también a los imputados Vicente Meli, Víctor Pino Cano, Juan Húber, Osvaldo Quiroga, Pedro Mones Ruiz, Miguel Angel Pérez, Mauricio Poncet, Jorge González Navarro, Raúl Fierro, Marcelo Luna, Calixto Flores, Yamil Jabour, Carlos Yanicelli, Luis Lucero, Juan Molina y Miguel Angel Gómez.
En tanto para Gustavo Alsina pidieron 25 años, Hermes Rodríguez 17 años, Fernando Rocha y Carlos Hibar Pérez 16 años, Gustavo Salgado y Mirta Antón 15 años, José San Julián 12 años y José Paredes 9 años.
Asimismo entendieron que corresponde la absolución para Francisco D`Aloia, Luis Merlo, Cayetano Rocha y Luis Alberto Rodríguez.
