En Argentina la actividad librera está regulada desde 2001 mediante la ley 25.542, de Defensa de la Actividad Librera. En su primer artículo establece que “todo editor, importador o representante de libros deberá establecer un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe”. Eso quiere decir que el mismo libro tiene el mismo precio en cualquier librería física, aplica también en las ediciones digitales.
La conocida como Ley Ómnibus que el presidente Javier Miler envió al Congreso nacional promueve la eliminación de esta ley. Es parte del enorme plan de desregulación económica.
La Cámara Argentina del Libro es una de las voces que se expresó contra esta normativa que intenta aprobar el ejecutivo. En un comunicado plantearon su defensa a la ley: “Al no competir principalmente en términos de precio, los editores y autores se centran en contenidos, incentivando la producción de libros de mayor valor y calidad y las editoriales pequeñas y medianas apuestan de este modo a la innovación en contenidos, y a la pluralidad de voces en la edición, lo que conlleva a una mayor participación de colaboradores en el proceso editorial en su conjunto”.
Además, recordaron que esta legislación, que no había sido cuestionada hasta ahora, permite que se sostengan en el tiempo más de 500 editoriales pymes y más de 1500 librerías en todo el país.
En Rosario existe una veintena de librerías que verían su trabajo directamente afectado si se aprueba la derogación de la ley en el Congreso. El Ciudadano habló con uno de los encargados de El Juguete Rabioso, ubicada en Mendoza 784. Se trata de una librería especializada en literatura, poesía, psicoanálisis, filosofía y ciencias sociales.
“Ir en contra de la ley de Defensa de la Actividad Librera es ir en contra de una mayor cantidad de librerías, editoriales y libros”, define Blas Novillo. Agrega: “¿Por qué sería positivo derogar esta ley? En el fondo la idea que intentan instalar es que los libros estarían más baratos y eso es bueno para todos, pero es un engaña pichanga. El libro podría estar más barato un tiempo pero a largo plazo las librerías que sobrevivan a esa ley van a volver a nivelar a precios más altos”.
Para él “se ha demostrado que cuando no existe una ley o marco regulatorio como el que hay, ese tipo de cuestiones se dirimen en los términos de mercado, como suele decirse. En el corto y mediano plazo la cantidad de librerías tiende notablemente a decrecer y a largo plazo esas librerías que no casualmente son las que responden a las grandes cadenas de comercialización de libros tienden a recuperar el precio anterior en relación a otros bienes y servicios de la economía”.
Novillo insiste en esta pregunta: “¿por qué derogar algo y no proponer nada?”. Para él esto se traduce en “la supervivencia del más fuerte”. Lo explica así: “Nuestra manera de adquirir los libros es a través de las editoriales que son las que publican los libros y quienes tienen el contacto con los escritores, con los traductores, quienes tienen los derechos de publicación de los autores que se leen masivamente. Para conseguir mayores porcentajes de descuento tenés que comprar más. Acá no hay una cuestión personal, sino que los actores que tienen mayor capacidad de financiación pueden salir a pelear mejores precios porque lo que se desregularía es el precio del libro”.
Tal como indica la Cámara Argentina del Libro si la “competencia” entre libros es solo por el precio, perderían aquellas empresas más pequeñas. En cambio, con la legislación vigente, el foco puede ponerse en otros aspectos, por ejemplo la atención personalizada que pueden ofrecer librerías independientes como El Juguete Rabioso y tantas más a lo largo, sobre todo, del centro de la ciudad.
“Las grandes cadenas de comercialización dejan un poco en la sombra a las editoriales o a los libros que menor rentabilidad le generan. Y las editoriales que por ahí no son tan conocidas, aunque muchas de ellas a la larga terminan siendo de los escritores que a uno le da placer leerlos, no llegan a tener un lugar en estas librerías. Y para que esos libros existan tienen que existir las editoriales, para que esas editoriales existan tendrían que tener en cada librería un lugar de exposición, de visibilización, de libreros que más o menos conozcan y sepan de lo que están hablando y de por qué vale la pena leer a tales autores más allá de que no sean conocido, más allá de que la editorial tampoco sea conocida”, describe Novillo.
En definitiva, se trata de una legislación que promueve la multiplicación de librerías, libros y editoriales. Por lo tanto, de lectores.
La ley que intenta eliminar el gobierno de Milei había sido sancionada con un amplio apoyo de los sectores culturales que se dedican a la industria del libro. Esta ley se inspira en la Ley Lang, promulgada en 1981 en Francia.
Su búsqueda siempre fue proteger a las librerías frente a “grandes superficies”, como supermercados o grandes cadenas. Si el supermercado toma un libro que se vende muchísimo o dos y los pone muy baratos, porque maneja grandes volúmenes o porque eso le sirve como oferta, entonces las librerías venderán mucho menos. Para sostener esos comercios que se dedican exclusivamente o principalmente a los libros, se dictó una ley que impide las rebajas.
La Cámara Argentina del Libro repasó en su comunicado qué otros países, aparte de Francia, cuentan con leyes que establecen el precio fijo en la venta de libros: Alemania, España, Dinamarca, Austria, Grecia, Italia, Holanda, Portugal, Japón y Corea del Sur.
Además, la Cámara puntualizó que “en países como Inglaterra, luego que se derogó el acuerdo de precio fijo, desaparecieron un tercio de las librerías independientes”. Es lo que podría pasar en Argentina, entre otras cosas, si el Congreso no frena la ley Ómnibus.
