Pocas cosas simbolizan tan claramente el futuro como una semilla. Fecundación y reproducción de la especie, continuidad, vida por venir. La Ley de Semillas que intenta modificar el Gobierno nacional pone en riesgo el futuro de la soberanía alimentaria. Así lo resaltan cientos de organizaciones socioambientales, asambleas y productores de todo el país en rechazo a uno de los 664 artículos introducidos en la Ley Ómnibus que se debe definir en el Congreso de la Nación: la adhesión de Argentina a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales de 1991, conocida como UPOV 91. Denuncian que de aprobarse, los derechos de propiedad intelectual de las semillas quedarán en manos de las grandes corporaciones transnacionales, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva, o las nacionales como Bioceres o Don Mario. Y que lo que está impulsando es la privatización de un bien común que se ejerce hace diez mil años a lo largo y ancho del planeta.
La adhesión de Argentina al UPOV 91, propuesta en el artículo 241, sumó el rechazo de más de 1.400 organizaciones de todo el país que adhirieron a un pronunciamiento público emitido por la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas) y difundido la semana pasada en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación donde se debate el proyecto de la Ley Ómnibus.
“Quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”, dijo Marcos Ezequiel Filardi en representación de la Red Calisas que nuclear más de medio centenar de espacios que defienden el modelo agroecológico y la soberanía alimentaria.
“Para el paradigma de la Soberanía Alimentaria las semillas son la base de la reproducción de la vida misma y un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad”, agregó Filardi que leyó parte del documento que rechaza la adhesión de Argentina a la UPOV 91.
Al respecto señaló que la Convención de 1991 es la última versión del tratado sobre propiedad intelectual de semillas, “un viejo anhelo de las corporaciones semilleras transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, y nacionales como Bioceres o Don Mario”.
En ese sentido sostuvo que “desde hace años este puñado de corporaciones a través de sus organizaciones, buscaron infructuosamente la modificación de la Ley de Semillas actual (N° 20.247 de 1973) que reconoce derechos de propiedad intelectual (de obtentor) para las empresas, pero también garantiza derechos de los y las agricultoras sobre los frutos de sus cosechas con semillas certificadas. Los intentos de modificación de la ley fueron sistemáticamente rechazados por un conjunto amplio de organizaciones de productores y de la sociedad civil”.
Según explicó Filardi, la incorporación de Argentina a la UPOV 91 implicaría la modificación de la actual Ley de Semillas que debería ser adecuada a las disposiciones, como sucede con los países que firman acuerdos de libre comercio, ya que por tratarse de una Convención Internacional tiene jerarquía de leyes.
“Una discusión que lleva más de una década de debate parlamentario sin consensos, pretende zanjarse por arriba, sin debate específico, en el marco del tratamiento express de una Ley Ómnibus y en sesiones extraordinarias”, esgrimió.
En esa línea recordó que la adhesión de Argentina a la versión 1978 de UPOV, realizada en 1994, llevó dos años de tratamiento y discusión en el Congreso de la Nación: “Ahora se pretende aprobar una versión mucho más restrictiva de los derechos en menos de un mes, sin dar a conocer el texto y sin una discusión profunda en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, como corresponde habitualmente”.
Al continuar con la lectura del pronunciamiento, Filardi expresó: “La adhesión a UPOV 91 representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria: reconoce mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, amputa derechos de las y los productores cercenando la posibilidad que tienen de hacer «uso propio» de sus reservas de semillas, extiende la «protección» también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas”.
Y agregó: “Lo que está en juego en el artículo 241 del proyecto es trascendental: quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”.
En ese sentido remarcó “que lo único que se opone al control absoluto de 4, 5 empresas es el uso propio «gratuito», reconocido por la Ley de Semillas actual y la versión 78 de UPOV a la que nuestro país ha adherido, y que se enmarca en una concepción del «derecho de las y los agricultores» tal como contempla el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA)”.
Por último dijo que las organizaciones firmantes reclaman al Congreso de la Nación el rechazo a la adhesión a UPOV 91 “en amparo de la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo”.
