La suspensión de la pauta oficial para los distintos medios dispuesta por el presidente Javier Milei llevó a los propietarios del Diario La Capital de Rosario a llevar adelante una presentación judicial para declarar inconstitucional del decreto que elimina la publicidad estatal por un año.
La presentación recayó en el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario, y en ella se manifiesta que el decreto es violatorio de los principios fundamentales y derechos constitucionales de libertad de prensa y por consiguiente el acceso a la información pública, según publicó el portal especializado Puntobiz.
La cautelar presentada por el Decano de la prensa argentina pide a la Justicia que defina una acción de «no innovar», ordenándose a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que se abstenga de disponer o declarar la caducidad de planes de pagos vigentes que registre la editorial y que la prohibición de innovar alcance a cualquier forma indirecta de coerción para la percepción de los tributos regularizados en los planes de pago vigentes.
Dentro de los fundamentos de la presentación se destaca que “esta nueva medida tiene entidad para representar el sello de muerte para varios medios de comunicación, sobre todo de aquellas empresas del interior del país con alcance local, como resulta ser la actora, que facturaban una porción importante de sus ingresos en concepto de publicidad oficial al Estado Nacional”, acompañando por el balance de publicidad oficial del año 2023 como modo de refrendar lo dicho.
Además, se apunta que la norma resulta irrazonable, por existir una ausencia de proporcionalidad entre los medios y fines propuestos, agregando que “si bien la misma está enderezada a profundizar los criterios de austeridad y eficiencia en el uso de los escasos recursos públicos existentes -tal como expresan sus considerandos-, lo cierto es que ello no puede derivar en la vulneración de principios constitucionales”.
La suspensión de la pauta publicitaria, según se expone, “tiene suficiente entidad para provocar la inviabilidad financiera, cuanto menos en el corto y mediano plazo, de los medios de comunicación, y por ende cercenar indirectamente la libertad de prensa de la actora”, sostiene la editorial en la presentación.
