Una medición de la oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, más los cálculos del propio gobierno provincial, sirvieron para determinar el costo –siempre sujeto a revisión- que podría tener en la provincia el recorte de gastos que el gobierno nacional encaró sobre las administraciones provinciales.
El frustrado debate de la ley Ómnibus, donde el gobernador Pullaro pasó a estar de parte de los “traidores” por el voto de los integrantes socialistas de su coalición, podría agravar ese escenario, si es que la cuerda entre el gobierno provincial y las administraciones provinciales sigue tensándose. De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que por el retiro del paquete fiscal y algunos de los puntos incluidos en la ley Ómnibus el ajuste para las provincias sería mayor.
Según la estimación salida del Congreso de la Nación, el costo del ajuste representaría el equivalente a una masa salarial, unos 140.000 millones de pesos. La cifra es parecida al déficit del gobierno de Perotti en 2023.
Uno de los puntos que más preocupan es el de la entrega de raciones a los comedores escolares, que cuenta con un refuerzo de parte de Nación. En el mismo ítem educativo, la extensión horaria que se implementó el año pasado cuenta con financiación del Estado nacional, un costo que debería enfrentar la provincia, según el análisis del escenario actual.
Otro punto que podría afectar, en el marco de la paritaria del gobierno provincial con los docentes, es el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
La asistencia a la Caja de Jubilaciones, un tema histórico que provoca choques entre provincia y Nación, podría agravarse frente a la cancelación de las transferencias que, muchas veces tardíamente hacía el Estado nacional.
Hay una deuda histórica de la Nación con las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales en los 90. Hoy esa deuda supera los 100 mil millones de pesos, pero hasta el momento, aunque la cuerda se tensaba, finalmente encontraba caminos de solución. Ahora todo es una gran incógnita.
Otro ítem para ir siguiendo de cerca es el Fondo Compensador al Transporte Público, fomrado por las transferencias del Estado nacional a las empresas de transporte, con las que se asegura el funcionamiento del servicio de colectivos.
Por último, habría que sumar el costo de las transferencias discrecionales, que Milei también prometió cortar.
