Este viernes el fiscal Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía Regional Rosario, fue sometido a una audiencia imputativa en la sede local del MPA hasta donde viajaron las fiscales de la capital provincial a cargo de la investigación. La medida se llevó adelante a puertas cerradas y en total hermetismo.
La investigación penal contra uno de los fiscales más mediáticos de la sede fiscal rosarina se inició tras una serie de audios que se dieron a conocer en una audiencia donde imputaron a su informante, Mariana Ortigala, por tentativa de extorsión.
Sus pares Miguel Moreno y Pablo Socca radicaron la denuncia que hoy derivó en esta sindicación, por omisión de investigar en reiteradas oportunidades; encubrimiento agravado; violación de medios de prueba y prevaricato en reiteradas oportunidades.
Mariana y Rodrigo Ortigala son hermanos y tuvieron un fuerte protagonismo en la investigación que se llevó adelante desde la Justicia provincial contra Esteban Alvarado, principal enemigo de la banda de Los Monos. Ambos fueron testigos protegidos y brindaron datos sensibles que terminaron siendo cruciales en la pesquisa que finalizó con Alvarado condenado a perpetua.
La mujer, que había ingresado a un programa de protección a testigos allá por 2019, quedó vinculada a la banda de Los Monos (al igual que su hermano condenado por un tentativa de extorsión a una pena condicional) y fue imputada, junto a Ariel “Guille” Cantero, Lorena Mireya Córdoba, Bladimir Andrés Navarro, Kevin David Moreno, Brian Ezequiel Díaz, Daiana “Diabla” Leguizamón y Gonzalo Sarmiento por un intento de extorsión al dueño de la agencia de loterías El Califa, entre otros delitos, en septiembre pasado.
En esa audiencia donde la sindicación fiscal estuvo a cargo de Miguel Moreno y Pablo Socca, al pedir la prisión preventiva de Ortigala, los fiscales mostraron una serie de capturas de conversaciones por whatsapp entre Edery y Ortigala de un teléfono que le secuestraron a la mujer una semana antes. Según una fuente policial, Ortigala dijo que uno de los celulares que tenía era para comunicarse con el fiscal y lo usaba únicamente para ello.
Para Moreno y Socca esos audios trascienden la relación profesional. Dijeron que tras la audiencia que Ortigala era testigo protegida desde 2019 y en diferentes instancias judiciales se dijo que «se pasó de banda» y precisamente en este período se la incluyó en el programa de protección a testigos. Desde que el fiscal Edery informó que la incluyó como informante en el ámbito de la agencia, se hizo multimillonaria. “Por eso creemos que no es una testigo protegida sino una narcoprotegida”, apuntó Socca.
Los funcionarios dijeron que la Agencia de Criminalidad Organizada estuvo a cargo de la mayoría de las investigaciones complejas y se especializa en la banda de Los Monos. Y se preguntaron cómo nunca se dieron cuenta que Ortigala era miembro de esa asociación ilícita y se hizo millonaria. “En tres meses de investigación le encontramos 14 propiedades”, añadió el investigador fiscal.
Los chats seguidos por la denuncia penal generaron un caos institucional, que incluyó apartamiento de Edery en causas relacionadas a su informante y de Moreno y Socca de la pesquisa por extorsión, también hubo una revisión en la oficina de Edery en busca de información.
Por su parte Edery dijo que la circunstancia de que Ortigala era su informante fue notificada a su superior, la fiscal regional María Eugenia Iribarren en un sobre cerrado.
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Las denuncias
Se abrieron dos instancias tras el escándalo, por un lado se inició un proceso disciplinario. El auditor del MPA Leandro Mai envió el caso a la Legislatura para su trámite bajo el fundamento de que hay evidencia de una falta grave “de acreditarse las denuncias nos encontraríamos frente a un hecho de gravedad institucional. Las faltas que se imputarían al fiscal Edery tendrían que ver con el incumplimiento de sus funciones. Se debe ser prudente ya que la investigación disciplinaria está en estudios de la comisión de Acuerdos, ellos tendrán que darle la calificación que corresponde a las conductas endilgadas”, dijo en su momento.
A cargo de la investigación administrativa quedó el legislador Fabián Palo Oliver quien este jueves presentó acusación contra Edery, pidió la suspensión del fiscal por cuatro meses y una reducción del 50 por ciento de su sueldo.
Mientras que la investigación penal fue asignada a las fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de Santa Fe y, tras varios meses de investigación, citaron a Edery a imputativa.
Una circunstancia poco común es la presencia de las fiscales capitalinas en la ciudad. Medida que tuvo lugar en la sede local del MPA, y le achacaron los delitos de omisión de investigar en reiteradas oportunidades, encubrimiento, violación de las medidas de prueba y prevaricato en reiteradas oportunidades.
Desde fiscalía explicaron que los hechos ocurrieron entre julio de 2019 y septiembre del 2023. Según la imputación, en ese tiempo Edery dejó de promover investigaciones penales en contra de diversas peronas a sabiendas que existían elementos que acreditaban su participación en delitos vinculados a organizaciones criminales. También le achacaron haber alterado rastros de hechos delictivos con el fin de asegurar la impunidad de estas personas y haber asesorado a partes contrarias en un mismo juicio, en forma simultanea, actuando y velando por los intereses del imputado, perjudicando deliberadamente las causas que tenía a su cargo, refirió.
La fuente explicó que aún resta el diligenciamiento de numerosas evidencias y el análisis de las colectas probatorias. A lo que sumaron que la imputación fue notificada a la Fiscalía general, la Auditoria General de Gestión del MPA y a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial
