Un contador y un abogado de 38 y 42 años, fueron imputados el lunes pasado por una tentativa de extorsión, defraudación, administración infiel, y violación del secreto. El primer sospechoso era el encargado de llevar los números de la firma que intentaron extorsionar para que le entregaran entre 300 y 400 mil dólares y el otro era su abogado. Tras la imputación ambos quedaron en libertad con restricciones, mientras avanza la investigación, y debieron pagar una caución de 3 millones de pesos.
Gabapel SRL, se dedicada a la fabricación de maquinarias, equipos y elementos mecánicos, electromecánicos y electrónicos, montajes industriales y comercialización de productos y materiales eléctricos. Estaba conformada por las hermanas Ana y Natalia T. cómo asociadas con un 50 por ciento de la empresa cada una, y por el administrador y gerente, Roberto T., padre de ambas.
Entre fines de 2014 y mediados de 2015 se constituyó una nueva sociedad denominada Gaba SA con idéntico domicilio y objeto social, pero sus socios fueron Natalia T. y su esposo Carlos D., quienes además de adquirir acciones se asumieron en la administración de la firma como director y presidente, contó una fuente fiscal..
Según la acusación, Gaba SA se nutrió fraudulentamente de los bienes de capital de la anterior, ocupando el mismo espacio físico en el que desarrollaba su actividad, manteniendo los mismos procesos productivos, mismo control de calidad, mismo layout de planta, y mismo personal en la administración, calidad, producción.
El matrimonio, su padre y los contadores fueron imputados por este delito y en mayo del 2023 pidieron la elevación a juicio del caso. La fiscalía requirió 4 años y medio para los primeros por el delito de defraudación y 6 años para los contadores Rubén y Santiago T.
Según el fiscal, se denunció el presunto trasvasamiento de empresas en 2019. Santiago T. fue denunciado en esa causa, en el 2023, entonces se presenta Pablo C. como abogado del primero y comienza a ejercer presión sobre la mujer para que arregle con dinero su causa penal, presión que va incrementándose hasta el mes de septiembre de 2023,cuando se enteran que la víctima presentó una denuncia y disminuye loa presión pero no la intención de obtener el dinero que le habían pedido.
La extorsión
Según la imputación que hizo el fiscal José Luis Caterina, el contador y su abogado comenzaron a reclamar e intimidar a la víctima Natalia T. Le pedían que entregara una suma de dinero a otras personas cercanas a los imputados. Además, el contador le decía que si entregaba el dinero mejoraría su situación procesal en la causa por defraudación. Los amedrentamientos se dieron en diversos encuentros durante el 2023, puntualmente entre junio y septiembre de este año.
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Desde junio del 2023 hasta septiembre se reúnen en distintas oportunidades para que la víctima acepte un acuerdo. Hasta que Santiago T. le dice que las opciones que tiene son: firmar el acuerdo, ir a juicio y terminar condenados o pagar una suma de dinero, entre 300 y 400 mil dólares para repartir entre otro abogado propuesto, los imputados y un funcionario. Dicha presión se extendió hasta el mes de octubre advirtiendo en todo momento que la causa iría a juicio, cuenta la fuente fiscal.
Ahora el fiscal imputó a ambos profesionales por los delitos de tentativa de extorsión, defraudación por administración infiel, violación de secreto y pidió la prisión preventiva.
Santiago T. además fue imputado de haber violado los deberes a su cargo frente a la firma «Gabapel», y en particular haber cometido actos de violación de secreto, al haber contribuido deliberadamente a colaborar en denuncias que dos abogados presentaran a la AFIP contra la empresa de la cual fue contador. Así el imputado colabora en la redacción de escritos, asesoramiento contrario a los intereses de la firma, y procuraba intervenir en la designación de un inspector o funcionario público de AFIP en específico que quedará a cargo de la mentada denuncia, con los fines de causar un perjuicio contra la víctima y demás asociados.
La jueza Paula Alvarez tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la libertad de los acusados con restricciones, entre ellos presentarse semanalmente en el Centro de Justicia Penal, prohibición de salir del país más la entrega del pasaporte y de comunicarse con el denunciante, su abogado o cualquier persona vinculada a la investigación o de acceder a cualquier documentación de la empresa por cualquier vía. Además de una caución de 3 millones de pesos.
