La decisión del gobierno nacional de liberar las importaciones de un grupo importante de productos de la canasta básica encendió las alarmas de la industria nacional, que desde distintos espacios pidió un cambio de rumbo al presidente Javier Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida afecta directamente a los fabricantes de productos alimenticios y bebidas y a los productores de artículos de tocador y limpieza. De hecho, se decidió después de dos reuniones entre el gobierno y representantes de la industria y el comercio en las que Caputo habría interpelado a las privadas por la constante suba de los precios minoristas.
En el ambiente de los supermercados plantean que la implementación de la medida será difícil y en el mejor de los casos no tendrá un efecto inmediato en la actividad.
En tanto, la Unión Industrial Argentina (UIA) visitó este miércoles al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, a quien manifestó su “preocupación por lo que consideran un trato desigual para la industria”.
La UIA aseguró luego que ante el funcionario comparó que “mientras los productores nacionales deben pagar en cuatro cuotas mensuales y con impuesto PAIS los insumos necesarios para la fabricación, los importadores de bienes terminados estarán exentos de impuestos y tendrán acceso total a las divisas necesarias en un solo pago a 30 días”, y concluyó que lo anunciado oficialmente “afecta seriamente la competitividad de las empresas que operan, producen y emplean en el país”.
En el comunicado oficial, la central fabril respaldó el objetivo del gobierno de atacar el déficit fiscal, así como las metas monetarias y cambiarias de la nueva administración, pero también lamentó la caída del mercado interno y el aumento de los costos de las empresas en el tramo inicial de 2024.
En ese sentido, abogó por la implementación de “nuevos instrumentos de política industrial”, como líneas de financiamiento, medidas tributarias, laborales, en simultáneo con otras acciones “para amortiguar el impacto en las pymes y en las economías regionales ante un escenario recesivo”.
Las quejas de la UIA, y de su rama de alimentos, la Copal, se producen luego de que la división alimentos y bebidas no alcohólicas arrojara una inflación en febrero por debajo del índice general (11,9% versus 13,2%). Pero una película más amplia muestra que el rubro subió por encima del nivel general (1060% versus 970%) desde 2019, según cifras que el economista Amilcar Collante publicó en la red social X.
La industria pyme, en peligro
Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA), el presidente Daniel Rosato vaticinó que la nueva política “provocará la quiebra de miles de Pymes industriales y una destrucción masiva de puestos de trabajo, lo que generará una espiral de la crisis económica y social de los argentinos”.
Rosato expresó que las pymes industriales no son las responsables por los aumentos de precios y dirigió la atención hacia “la suba de los costos de la producción, que generó la liberación de precios, luego de la devaluación de diciembre” y a la rentabilidad “inédita” de las grandes cadenas de supermercados que, remarcó, “llegaron a casi duplicar los precios que se envían desde las fábricas”.
Las pymes, e IPA en particular, ya venían alertando por la presencia de productos importados en las góndolas de los comercios: “La liberación de las importaciones, como pasó en otras épocas, no generará mejores precios, sino que competirá de manera desleal y los argentinos estaremos pagando trabajo extranjero a cambio de desempleo local”, proyectó el industrial.
Rosato además analizó que la baja de impuestos a las importaciones repercutirá en el achicamiento del sector y en la informalización de empresas como paso previo al cierre de las fábricas.
“Los importadores competirán en términos marginales con los productos nacionales, porque no habrá una baja de precios, sino que flotarán en la línea de ofertas actuales, pero con la diferencia de que pagarán menos impuestos y no tendrán los costos de producción locales afectados por la devaluación y la inflación”, sumó el empresario.
