La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, realizaron una conferencia de prensa para presentar una serie de proyectos de ley destinados a modificar la Ley de Seguridad Interior. Estas iniciativas buscan fortalecer la lucha contra el narcotráfico, en medio de la creciente violencia desatada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por parte de las bandas narco que operan en la región.
En las últimas semanas, la escalada de violencia resultó en el asesinato de trabajadores al azar, así como en amenazas dirigidas al nuevo gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, quien está impulsando medidas para reforzar las penas y la situación en prisión de estos grupos delictivos.
Los ministros anunciaron un paquete de medidas que incluye un proyecto para penalizar a los organizadores de piquetes y bloqueos, además de modificaciones a la Ley de Seguridad Interior. Estas modificaciones buscan redefinir el papel de las Fuerzas Armadas para permitir su intervención en Rosario, considerada por el gobierno como un caso de «narcoterrorismo».
La Ley de Seguridad Interior fue promulgada en enero de 1992, durante la primera gestión de Carlos Menem, y ahora el gobierno de Javier Milei busca modificarla para permitir a las Fuerzas Armadas «intervenir y realizar operaciones de seguridad interior para devolverle la paz y tranquilidad a los rosarinos».
El gobierno justifica estos cambios en la necesidad de actuar ante lo que considera como actos de terrorismo, es decir, «todas aquellas acciones y delitos destinados a aterrorizar a la población», según define el Código Penal.
De acuerdo a lo que sostuvo este jueves en conferencia de prensa el ministro de Defensa, Luis Petri, actualmente la Ley de Seguridad Interior ofrece dos supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior: Dar apoyo a las fuerzas de seguridad nacional y/o provinciales y decretar el estado de sitio en uno o más puntos del país.
Sin embargo, en estos últimos casos «se suspenden las garantías constitucionales, pero las FF.AA. no actúan bajo un procedimiento determinado y tampoco pueden preparase para actuar».
Ante esto, la modificación a la ley vigente busca sumar un tercer supuesto para los considerados actos de terrorismo que habilitará a las Fuerzas Armadas «a realizar tareas de seguridad interior como patrullaje, control de personas y vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediatamente intervención al juez o fiscal», dijo el ministro.
Además, también se les habilitará el uso de «medios coercitivos» en base a las mismas normas de las fuerzas de seguridad: «Es imprescindible la proporcionalidad, gradualidad y progresividad en el uso de la fuerza», agregó Petri.
El titular de Defensa confirmó que, en estos casos en los que las FF.AA. utilicen la fuerza de forma justificada, «sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en el uso del poder».
Finalmente, el funcionario agregó que serán capacitadas para actuar de esta forma en busca de cuidar a la sociedad civil de forma interna y prevenir delitos y tragedias.
