“Los vouchers que impulsa el Estado significan una transferencia de recursos públicos a instituciones de educación privada. En simultáneo desfinancia la escuela pública al recortar el presupuesto, suspender el envío de los fondos salariales y de los programas educativos”, denunció Amsafé, que a través de un comunicado rechazó frontalmente el sistema anunciado por el gobierno de Javier Milei para asistir a alumnos que cursan en colegios privados en el pago de cuotas. “Como nunca antes en la historia, el gobierno nacional avanza en la privatización de la educación pública”, denunció el gremio de docentes públicos de la provincia.
Amsafé subrayó que el gobierno nacional avanza en una cesión de recursos públicos, tras haber desconocido y no girado a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo de Compensación Salarial. “Los vouchers han fracasado en todos los países en los que se aplicaron porque la lógica de mercado nada tiene que ver con una educación de calidad, ya que que precariza el salario docente, flexibiliza las evaluaciones, amplía la población escolar y atenúa la calidad de los proyectos educativos”, afirma el comunicado de Amsafé.
En ese marco, sostiene que la orientación de la política nacional “plasma una inversión diferenciada para la escuela privada respecto de la escuela pública”, ya que las instituciones privadas tienen un porcentual variado de subvención y el gobierno “se plantea abarcar hasta las que tienen 75% subsidiado”.
“Con los vouchers educativos y el subsidio estatal, la escuela privada se asegura sin arriesgar un peso más, el funcionamiento, el pago de los salarios y obtener amplias ganancias. Las garantías estatales se realizarán a través de dos transferencias mensuales: una directa a los dueños de las escuelas, y otra indirecta a través de las familias por medio del voucher para las cuotas”, da cuenta el gremio docente.
“Ante esta realidad, Amsafé denuncia la responsabilidad del incumplimiento por parte del gobierno nacional, porque tal como lo plantean la ley de Educación Nacional y la ley de Financiamiento Educativo, el Estado es responsable indelegable de la educación pública en todo el país”, completa, para plantear nuevamente al gobierno nacional la restauración del Fonid y del Fondo de Compensación Salarial. “La decisión del gobierno nacional de realizar un ajuste educativo y de transferir presupuesto para las cuotas de las escuelas privadas subvencionadas, privan a la escuela pública de importantes recursos para programas educativos”, puntualiza Amsafé, listando los programas de extensión de la jornada escolar 5ª Hora y Jornada Completa, las obras de infraestructura, los programas de tecnología y conectividad, de fortalecimiento de los aprendizajes en los niveles primario y secundario, entre más.
“Volvemos a exigir que se envíen los fondos para comedores escolares, copa de leche y becas Progresar. Destacamos especialmente nuestra preocupación por las infancias y adolescencias en contextos de mayor vulneración, que asisten mayoritariamente a escuelas públicas en todo el país, a las que debe garantizarle el derecho social a la educación con presencia estatal en política y financiamiento educativo”, remarca Amsafé.