La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) junto a la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y la Confederación Mapuche presentó un recurso de impugnación en contra de una resolución que acaba de revocar el embargo millonario que dos instancias judiciales habían dispuesto contra la empresa Comarsa y sus principales socios.
Las medidas cautelares habían sido dictadas por un juez de Garantías y luego confirmadas por un tribunal Revisor que avaló el embargo sobre bienes e inhibiciones generales del patrimonio de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales SA (Comarsa) y sus directivos.
La empresa es la encargada de recibir residuos petroleros de empresas nacionales e internacionales que trabajan en el yacimiento Vaca Muerta de Neuquén (como YPF, Chevron, Exxon y Shell) y está siendo investigada desde finales de 2020 por los presuntos delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta.
En ese contexto, los directivos de Comarsa fueron imputados el mes pasado por la Fiscalía Ambiental de Neuquén que además consiguió que se dicten medidas cautelares sobre sus bienes. La misma fue confirmada por tres jueces de alzada pero finalmente quedaron sin efecto, lo que motivó una conferencia de prensa realizada este lunes por los querellantes.
Las organizaciones se congregaron frente al Tribunal Superior de la Provincia de Neuquén para visibilizar ante la comunidad los “gravísimos impactos socio-ambientales que produce la basura petrolera del fracking sobre el territorio neuquino y, a su vez, para exigir mayores compromisos al Poder Judicial en relación a la criminalidad ambiental de los poderosos”.
Durante la misma jornada, la AAdeAA y APDH Neuquén presentaron un recurso de impugnación extraordinario contra la resolución que decidió revocar las medidas cautelares contra Comarsa.
“Lo que venimos a hacer, en realidad, es una manifestación de preocupación”, dijo el abogado de la asociación de Abogados Ambientalistas, Rafael Colombo, en las puertas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, tras impugnar el cese de la cautelar que le había impuesto embargos por siete millones de dólares a los empresarios acusados de contaminación y defraudación en el Parque Industrial Neuquén.
Colombo recordó que los embargos fueron dispuestos por cuatro jueces antes de que el tribunal de impugnación los dejara sin efecto y consideró que la Justicia debe estar “a la altura de las circunstancias”, reinstalar los embargos a los acusados y dar señales de avanzar en contra de la “criminalidad ambiental de los poderosos”.
Contaminación de Vaca Muerta: ratifican embargo millonario a directivos de Comarsa
En ese sentido Colombo señaló la importancia de que la Fiscalía de Delitos Ambientales avance hacia el juicio oral por contaminación generada de los desechos de la explotación de Vaca Muerta.
Además de apelar la revocación del embargo, las organizaciones exigieron la necesidad de que se aplique la “ley Yolanda” o la obligación de capacitación de los operadores judiciales en la temática ambiental. “Neuquén tiene su propia ley Yolanda provincial, pero se aplica solo a la administración pública”, reclamó Colombo para resaltar que el desborde que provocan unos 10.000 camiones de contaminantes cancerígenos en el predio de la empresa, frente a las narices de funcionarios provinciales y municipales.
Imputación
Según la acusación formulada por la Fiscalía de Delitos Ambientales, Comarsa acopió y abandonó residuos peligrosos sin tratarlos desde 2014 en adelante, con lo que generó ganancias y dejó un pasivo ambiental de envergadura en la planta de Parque Industrial de Neuquén Oeste (Pino) ubicada en la ciudad de Neuquén Capital.
El fiscal Maximiliano Breid Obeid imputó a Juan Manuel Luis (fundador y director de Comarsa SA) y a Héctor Basilotta (director suplente entre 2014 y 2021) como coautores de contaminación peligrosa para la salud pública en concurso real y administración fraudulenta. En tanto, a Federico Ponce (gerente general y responsable técnico de la firma entre 2013 y 2016) le achacó los mismos delitos en carácter de partícipe necesario.
Por ello, se ordenó el embargo sobre la empresa y las cuentas personales de los directivos acusados, a quienes también se les había prohibido salir del país.
De acuerdo a la investigación penal, el pasivo ambiental que deja Comarsa supera los 7.350.000 dólares. La causa está centrada en la planta que tiene la empresa en la ciudad de Neuquén, no en la que posee en la localidad de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta.
Otro de los puntos relevantes de la acusación es que el dueño de la firma, Juan Manuel Luis, tiene una fortuna millonaria y se estima que el enriquecimiento fue obtenido en Comarsa SA entre 2006 y 2007 con un monto de 2.300.000 dólares en concepto de ganancias y honorarios en su calidad de director.
La Fiscalía también dijo que la en la planta de Neuquén hay más de 200.000 metros cúbicos de residuos petroleros y que se necesitarían diez mil camiones para sacar todo lo acopiado.
Se trata de un enorme basurero visible a gran distancia junto a la ruta de circunvalación de Neuquén capital que viene juntando basura petrolera desde 2014, fecha en que comenzaron a denunciar irregularidades ya que la zona está rodeada de miles de personas que habitan el oeste neuquino.
En ese momento, la empresa se comprometió contractualmente con YPF SA, su principal cliente, a recibir y someter a tratamiento los residuos semisólidos, consistentes en lodo contaminado con hidrocarburos mediante un horno de desorción térmica. Pero nunca lo cumplieron.
Según la AAdeAA, los cargos contra dos empresarios y un encargado de operar la planta de residuos peligrosos se basan en que simularon ganancias a través de la realización de “tratamientos” que nunca se llevaron a cabo. Al respecto dijeron que Comarsa SA recibió residuos por encima de su capacidad de tratamiento, lo que generó una acumulación de residuos en el predio. Y que al mismo tiempo, la empresa emitió certificados y cobró por tratamientos que no se realizaron, permitiéndoles disimular la situación real y seguir recibiendo residuos peligrosos, mantener sus contratos y justificar ganancias, mientras que obstaculizaban la supervisión de la empresa.
La planta se encuentra a menos de 500 metros de barrios densamente poblados de la ciudad de Neuquén que desde 2014 han llevado a cabo manifestaciones públicas debido a los malos olores y humo negro provenientes de los hornos de la empresa.
