El gobernador Maximiliano Pullaro convocó este martes a la primera reunión de la Junta provincial de Seguridad con representantes de los tres poderes del Estado. El encuentro que tuvo lugar en la Casa de Gobierno desde las 14 estaba previsto para principios de marzo, pero la ola de violencia en Rosario postergó los plazos y fue uno de los temas centrales de la reunión.
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Los secretarios de las áreas de Justicia y Seguridad expusieron las medidas tomadas y la situación general. En tanto, el ministro Pablo Cococcioni no participó del encuentro ya que permanece en Rosario.
Una de las hipótesis que maneja el gobierno es que los ataques y amenazas están vinculados con el endurecimiento en las condiciones de alojamiento de los presos de alto perfil.
En ese contexto, el oficialismo busca reformar el Código Procesal Penal, cuyo texto había sido enviado por el Poder Ejecutivo a días de comenzar la gestión, pero fue endurecido tras los graves hechos cometidos.
Otro de los puntos claves es la posibilidad de indultar a ex funcionarios policiales o policías condenados por abuso de armas en cumplimiento de su deber para dar un mensaje de respaldo a las fuerzas de seguridad.
Según trascendió, desde el Ejecutivo ya analizan dos casos concretos donde aplicarlo. Uno se refiere al oficial Luciano Nocelli, condenado en abril de 2022 a 25 años de prisión por homicidio calificado cometido en abuso de sus funciones como integrante de una fuerza de seguridad. El hecho se produjo en mayo de 2019 en Rosario y tuvo como saldo las muertes de Jimena Gramajo, de 25 años, y Maximiliano Adrián Rosasco, de 35.
Según la acusación del fiscal Adrián Spelta, Rosasco había intentado robarle las pertenencias a una mujer con un arma mientras que su acompañante lo esperaba a pocos metros en una motocicleta, en inmediaciones de Buenos Aires y 27 de Febrero. Por el lugar pasó un móvil policial que intervino. Se inició una persecución y hubo dos secuencias. En una hubo un intercambio de disparos y en la otra, Gramajo y Rosasco ya estaban tirados en el piso cuando fueron nuevamente baleados.
El tribunal entendió, tras evaluar las pruebas periciales, que los disparos mortales que recibió Gramajo se dan en el momento en que se desploma. A lo que sumaron que los disparos que la mujer sufrió en la espalda coinciden con la dirección desde donde se acerca Nocelli y fueron hechos a una distancia máxima de 70 centímetros. Luego, se ve a Nocelli acercarse caminando y efectuar al menos dos disparos sobre la espalda de Rosasco.
Los jueces entendieron que no contaba con permiso estatal cuando le disparó a Gramajo y a Rosasco. Y agregaron que disparó cuando ya no había peligro para los agentes ni para terceros que lo autorizara a realizar disparos a quemarropa. Entendieron que su accionar se encuadra en el delito de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego en dos ocasiones y lo condenaron a 25 años de prisión.
En 2022 cuando Pullaro era diputado provincial ya había expuesto su disidencia con el fallo al tiempo que reclamaba «racionalidad a la Justicia». «La condena contra el oficial Nocelli es injusta; no puede ser que un policía que puso en riesgo su vida para defendernos, sea condenado con más dureza que muchos narcos y asesinos. ¿Qué va a pasar la próxima vez que un policía presencie un robo en esas circunstancias? ¿La pena es justa? No», aseguraba en sus redes sociales.
El caso Nocelli volvió a ser mencionado por Pullaro tras su asunción como gobernador en un discurso ante la fuerza policial. «No los vamos a dejar solos, quiero que lo sepan. Vamos a presentar un proyecto de juicio por jurado para que si ustedes, ejerciendo el uso de la fuerza que el Estado y la ley les encomendó tienen un enfrentamiento, no terminen presos. Es ilógico, irracional», manifestó.
“Ahora esas situaciones van a ser juzgadas por civiles, y ahí ustedes van a ver que van a contar con el respaldo de las personas que sufren el delito», agregaba en referencia a la ley de Juicio por Jurado que fue sancionada la semana pasada.
Otro de los casos es el de Marcelo “Conejo” Gómez, quien era jefe policial en diciembre de 2019 pero fue destituido e imputado por haber retirado custodias fijas de edificios judiciales que luego fueron blancos de balaceras.
En un juicio abreviado Gómez reconoció que fue el autor de la orden y justificó la medida en el refuerzo de agentes policiales para garantizar la seguridad durante los festejos de fin de año.
La figura del indulto está contemplada en el artículo seis de la Constitución Provincial y la decisión de analizarlo para casos puntuales fue mencionada por el gobernador en la reunión del frente Unidos que se realizó el miércoles en el Comité Radical. De concretarse, Pullaro se convertiría en el primer gobernador de la historia de Santa Fe en utilizarla.
