Los defensores del ex fiscal regional Patricio Serjal, pidieron la suspensión del proceso en contra su cliente hasta que se resuelva la situación penal del fiscal, Matías Edery. Este último está suspendido en sus funciones por disposición de la Legislatura y con una investigación penal en su contra donde fue imputado. El planteo fue realizado ante la jueza Eleonora Verón que, tras escuchar la oposición de la del fiscal José Luis Caterina al pedido, dispuso un cuarto intermedio para resolver el planteo.
El ex jefe de los fiscales rosarino quedó involucrado en un escándalo tras una investigación por juego clandestino que derivó en una pesquisa por coimas en dólares a cambio de protección al empresario del juego Leonardo Peiti. El caso ya está en condiciones de ir a juicio y la fiscalía adelantó en la audiencia preliminar que pedirá 12 años de prisión para Serjal.
En esa investigación Peiti y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad fueron condenados a tres años de prisión tras prestar colaboración en la investigación mientras que Serjal y el ex empleado del MPA Nelson Ugolini, que estuvo presente en la audiencia entre el público, siguen vinculados al proceso y esperan fecha de juicio.
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La denuncia
Rodrigo y Mariana Ortigala eran testigos protegidos desde 2019 en la causa que se siguió contra Esteban Alvarado y terminó en una condena a prisión perpetua. El año pasado la mujer fue imputada por una tentativa de extorsión al dueño de una agencia de lotería. En esa pesquisa surgió información de un vínculo estrecho entre esta mujer y el fiscal Matías Edery. En esa audiencia se ventilaron chats que derivaron en una denuncia penal por parte de los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca contra su par Edery al entender que el vínculo que surge del intercambio de mensajes podría constituir delito.
El fiscal se defendió diciendo que la mujer era su informante, lo que había notificado a la fiscal regional María Eugenia Iribarren. La funcionaria lo respaldó pero el hecho generó un caos institucional en el corazón del MPA que derivó en la apertura de una investigación disciplinaria que el auditor Leandro Mai, trasladó a la Legislatura al entender que se trataban de hechos graves que lo trascendía en sus facultades. El Legislativo resolvió suspender provisoriamente a Edery quién además enfrenta una investigación penal a cargo de fiscales funcionarias Bárbara Ilera y María Laura Urquiza donde fue imputado. Este caso tuvo además un coletazo que llegó hasta la fiscal regional María Eugenia Iribarren que fue suspendida por seis meses en la sede local de la fiscalía por disposición de la fiscal general María Cecilia Vranicich que dispuso la intervención, aunque seguirá en funciones para el resto de las localidades que incluyen la segunda circunscripción.
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El pedido
Ante esta situación los defensores Ignacio Carbone y Renzo Viga pidieron una audiencia que tuvo lugar este martes y reclamaron la suspensión del proceso en contra de su cliente hasta que avance la investigación contra Edery al entender que Serjal fue acusado por el mismo delito que Edery en relación a la omisión de investigar a pesar de saber que Peiti había sufrido una extorsión en julio del 2019.
Leonardo Peiti quedó involucrado en una investigación penal tras el secustro del celular de Maximiliano Cachete Díaz, allí figuraba un intercambio de mensajes donde le pedían información de dos detenidos. Para la fiscalía estas personas iban a atacar el casino pero fueron sorprendidos antes, el atentado se hizo unos días después con un desenlace fatal, el crimen de Enrique Encino en enero del 2020. Este hecho derivó en una pesquisa secundaria donde quedó involucrado el entonces fiscal regional Patricio Serjal, el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empleado fiscal Nelson Ugolini.
Los defensores contaron que, antes de que Peiti fuera “imputado colaborador” declaró en la localidad de Cañada de Gómez ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra donde dijo que los hermanos Rodrigo y Mariana Ortigala, tenían una participación primordial en las extorsiones que sufría y en la balacera a su propiedad, ubicada en Servando Bayo al 1000, lugar donde también habitaban los Ortigala.
Contaron que Peiti hizo el primer pago extorsivo de 15 mil dólares, en julio del 2019, a Rodrigo Ortigala. Y agregó que los hermanos tenían conexión con la fiscalía, especialmente con una empleada de nombre Carla, hipótesis que los fiscales nunca investigaron, dijeron los defensores.
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Los letrados dijeron que este planteo lo hicieron en su momento y ahora, tras la imputación penal a Edery, esta situación tomó mayor relevancia. Explicaron que a Serjal lo imputaron por omitir el inicio de una investigación a pesar de tener conocimiento que Peiti era víctima de extorsiones. Según contaron, el ataque ocurrió un día después de iniciar la feria judicial donde estaba de turno una fiscal. El caso quedó en sus manos y la llamó Ponce Asahad para decirle que al otro día vaya con el legajo al despacho de Serjal.
En cuanto a este punto, la defensa dijo que tras iniciar la actividad judicial el legajo fue designado a Edery y el fiscal no hizo ninguna medida mientras que Caterina argumentó que la fiscal recibió la orden de pasarlo a otra funcionaria, le dijeron que no hiciera nada y luego el caso quedó en manos de Edery.
Los hermanos
Los defensores dijeron que Peiti declaró que los hermanos Ortigala le dijeron que no denuncie la extorsión porque se iban a enterar enseguida “sabemos todo”, refirieron. Y que dos días antes que Peiti fuera allanado se presentaron en su casa. Como no estaba los Ortigala hablaron con un amigo y le dejaron un mensaje. Estaban desesperados, refirió y le dijaron dicho que en el teléfono de Maximiliano Cachete Díaz había un audio que involucraba a Rodrigo Ortigala y para zafarlo él tenía que ir a hablar con los fiscales de los que estaban más arriba.
La causa en la que Rodrigo Ortigala quedó involucrado fue la extorsión a un financista. Este hombre fue imputado, pero luego llevado a juicio con una calificación menor, participación secundaria en la tentativa de extorsión, finalmente llegó a juicio junto a la banda de Maximiliano Cachete Díaz y terminó condenado a una pena menor de un año y medio de prisión condicional, lo que generó un llamado de atención del tribunal.
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Los defensores refirieron que si Mariana Ortigala lograba que Peiti declarara en contra de los que estaban más arriba, como Serjal su hermano terminaba imputado en libertad y así ocurrió un día después del a declaracion de Peiti, dijeron.
Para los defensores la declaración de Peiti no fue ni espontánea ni voluntaria “fue Ortigala a extorsionarlo presumiblemente con el conocimiento de la empleada y de un fiscal”, aseguraron.
Había un pacto de impunidad, según lo que fue surgiendo de la evidencia, contaron. Pacto que se rompía cuando había algún incumplimiento y eso se ve en diversos mensajes entre el fiscal y por ejemplo Mariana Ortigala o Lorena Córdoba, quién era la pareja de David Perona investigado como parte de una asociación ilícita y por explotación de juego ilegal, este hombre murió producto de una enfermedad. En la investigación disciplinaria surgen varios textos intercambiados entre el fiscal y Córdoba con contenido de alto voltaje, dijeron.
Omisión
Los abogados recordaron que una de las imputaciones a Edery fue la ausencia de persecución penal contra Rodrigo y Mariana Ortigala entre otras personas sabiendo que había elementos que acreditaban la participación en hechos delictivos vinculados a la organización conocida como Los Monos además de alterar evidencia y asesorar a quien debía investigar, contaron.
Para los defensores Edery acusó a Serjal por omisión con la única intención de encubrir su complicada situación ya que Edery hoy está acusado del mismo delito que imputó a Serjal, dijeron.
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Aunque el fiscal Caterina, que pidió que no se haga lugar a la suspensión, tuvo una visión diferente. Dijo que ambos funcionarios son investigados por distintos hechos de omisión, Serjal para beneficiar a Peiti y Edery a los Ortigala,
Ante este panorama los defensores pidieron la suspensión de la investigación hasta tanto se profundice la pesquisa en contra del fiscal Edery y se incorporen las evidencias recolectadas en la causa que llevan adelante las fiscales santafesinas. Además hicieron reserva de pedir, en el momento oportuno, la invalidación de toda la actividad procesal defectuosa además de requerir a la jueza Verón que se informe de lo ocurrido al MPA y a la Corte Suprema de Justicia respecto a la empleada de nombre Carla.
Tras la exposición de ambas partes la jueza dispuso un cuarto intermedio para resolver el planteo, lo que se conocerá en los próximos días.
