Por Somos Télam
Seis organizaciones de Derechos Humanos de Alemania y de cuatro países de América Latina denunciaron este jueves ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la empresa Bayer-Monsanto por su responsabilidad frente al impacto ambiental y en la salud de los pobladores causados por el modelo de negocios impulsado por las semillas transgénicas y el uso de agroquímicos.
Se trata de un recurso de queja que realizaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, Terra de Direitos (Brasil), Base-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), Misereor y el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ambos de Alemania).
La presentación toma casos testigos de cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia) con los que se pretende demostrar “la violación de los derechos humanos a la salud, a la alimentación, al agua, al medio ambiente, a la vivienda, a la tierra y/o territorio y a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”.
“Hemos presentado una denuncia contra Bayer ante el punto de contacto de la OCDE en Alemania porque encontramos que esta empresa no está respetando los Derechos Humanos y las empresas multinacionales en Alemania tienen este deber y para ello deben incorporar políticas de debida diligencia”, indicó Silvia Rojas Castro, asesora legal de empresas y derechos humanos, ECCHR (Alemania) durante la presentación a la prensa.
Y continuó: “Nuestra queja argumenta que Bayer está incumpliendo con las directrices sobre conducta empresarial responsable de la OCDE. Por un lado, las políticas de debida diligencia de Bayer en el sector de la soja genéticamente modificada y los pesticidas a base de glifosato son insuficientes”.
Añadió Rojas Castro que, “tras un cuidadoso estudio de la forma en la que opera la empresa en los cuatro países y las políticas actuales en la materia, encontramos que éstas son inadecuadas para identificar, priorizar, prevenir y mitigar los riesgos e impactos asociados al cultivo de soja y el uso de pesticidas”.
“Además, con los casos incluidos en la queja vemos cómo Bayer está claramente contribuyendo a la violación de los Derechos Humanos, incluyendo el derecho a un ambiente sano, alimentación, a la salud y a la tierra. Finalmente, Bayer no está tomando medidas para reparar los daños que actualmente ocurren”, sostuvo.
La OCDE es un organismo internacional que establece recomendaciones sobre cómo deben actuar las empresas multinacionales en temas como derechos humanos y medio ambiente.
Tras la presentación realizada ante el punto de contacto en Alemania, la OCDE tiene hasta tres meses para decidir si lo admite o no; en caso de ser admitida, el siguiente paso es una mediación con la empresa; de no llegar a un acuerdo, la OCDE no puede multar a Bayer pero sí puede emitir recomendaciones y monitorear su cumplimiento.
La empresa Bayer AG/Monsanto está a la cabeza del modelo de agronegocio en América del Sur, a través de la venta de semillas de soja genéticamente modificadas y pesticidas a base de glifosato en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.
“Monsanto (comprada luego por Bayer) fue la primera empresa que impulsó la introducción de la soja genéticamente modificada en los cuatro países representados en esta queja. En 1996, la entonces denominada Secretaría de Agricultura, de Argentina, autorizó por primera vez el uso de un evento transgénico, la soja “RR”, desarrollada a partir de tecnología de la empresa Monsanto. Dos años después el mismo evento transgénico se registró en Brasil, en 2001 en Paraguay, y en 2005 también en Bolivia”, recordó María José Venancio, abogada del CELS, al hacer un breve repaso de la responsabilidad de esta empresa en el modelo actual del agronegocio en Latinoamérica.
Y añadió que “desde entonces, la región experimentó un crecimiento acelerado de la agricultura transgénica, y especialmente del cultivo de la soja”.
La especialista detalló que se estima que en el Cono Sur, entre principios de la década de 1990 y 2017, “se desmontaron dos millones de hectáreas por año para dejar espacio a los cultivos de soja transgénica”.
En la actualidad, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia se encuentran entre los diez mayores productores de soja del mundo y más del 60% de sus tierras agrícolas se destinan a este cultivo. Además, el 90% de la soja cultivada en los cuatro países es transgénica.
“Este proceso vino acompañado de un crecimiento exponencial del uso de agroquímicos. En Bolivia el uso de agroquímicos se triplicó desde 1999. Paraguay en 2017 fue el importador del 6,4% del total mundial de agrotóxicos y casi la mitad de esas importaciones correspondieron a glifosato. En Brasil el uso del glifosato triplicó su volumen entre 2000 y 2010. En Argentina se multiplicó por 7 entre 1997 y 2017”, describió.
“Las zonas líderes en la producción de soja en Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina se caracterizan por la presencia de conflictos en los que se disputan los derechos de tenencia de la tierra”, explicó por su parte Daisy Ribeiro, directora Programa Iguaçu, Terra de Direitos.
Y continuó: “La tierra es el recurso más importante para el cultivo intensivo de soja en la región, lo que provoca una expansión creciente sobre los territorios de comunidades y profundiza los conflictos. En este contexto, las comunidades rurales, incluidas las presentadas en esta instancia, sufren desalojos ilegales, ataques armados, envenenamiento por fumigaciones intensivas o ilegales y criminalización por parte de los productores de soja”.
Si bien la denuncia es contra la empresa Bayer, las organizaciones remarcaron que frente a este avance del sector privado, “los Estados conceden poca o ninguna protección a su modo de vida tradicional, incluso en la concesión de títulos de propiedad”.
