En agosto del 2023 se llevó adelante un juicio oral y público a 11 personas acusadas de participar en una asociación ilícita que se dedicó a estafar a personas a las que desapoderaron de distintas propiedades llegó a su fin. El caso tuvo gran repercusión en 2016 cuando se conoció a través de una estafa que tuvo como víctima a la viuda de un camarista. La investigación determinó que eran muchos los casos y determinó que había tres estamentos en esta organización, donde algunos de los implicados eran personas vinculadas socialmente y con poder adquisitivo, además de profesionales. Finalmente algunos accedieron a salidas alternativas y de los 11 enjuiciados 8 fueron absueltos. Ahora la Cámara Penal confirmó el decisorio.
Además del campo de Villa Amelia perteneciente a la viuda del camarista las estafas tuvieron por objeto : una casa en Viamonte al 5300 ; una fracción de campo lindera al referido predio en Villa Amelia de 4 hectáreas, donde sacaron a la persona que vivía allí por la fuerza; un local comercial en Eva Perón al 7000, un campo de 2,5 hectáreas y un lote de más de 42 mil metros cuadrados en general Lagos y 18 hectáreas y un terreno de 43 mil hectáreas en Arroyo Seco. También dos lotes en Presidente Roca y el río, el campo de 124 hectáreas en Villa Amelia, una casa ubicada en Pasco al 1000 que le vendieron a Bauen Pilay que se presentó como querellante en la causa y varias propiedades que un hombre tenía en Urquiza y Ovidio Lagos, más dos terrenos donde había una casa y pileta en Funes.
Entre los imputados hubo escribanos, empresarios, un operador de bolsa, un sindicalista y varias personas que hicieron las veces de testaferro.
Según la fiscalía estas personas eran parte de una estructura dedicada a cometer ilícitos, ubicaban propiedades con algún nivel de vulnerabilidad porque los dueños originales habían muerto y los herederos no las ocupaban, o los dueños eran personas grandes o vulnerables y se las sacó violentamente del lugar. O porque sus datos catastrales cayeron en manos de este grupo de personas.
Las “pescaban” y a través de escrituras falsas, operaciones en las que intervenían escribanos, simulaban la participación de los titulares registrales que no sabían de la operación, estaban muertos o fuera del país y efectivizaban el desapoderamiento del bien.
Algunos de los imputados firmaron acuerdos abreviados y otros dos, el corredor de bolsa y un jerárquico de un medio de comunicación local, accedieron a un principio de oportunidad que incluyó un pago millonario a una de las víctimas y el resto, llegó a juicio oral y público.
En el banquillo se sentaron: los escribanos Martín Torres, Juan Bautista Aliau, José Bordó y Luis María Kurtzemann. El gestor Juan Roberto Aymo y el sindicalista Maximiliano de Gaetano. Ramona Rodríguez, pareja de Aymo, el empresario Marcelo Jaef . Vanina Viglione, pareja de Andrés “Gitano” Fernández condenado por el crimen de Diego Demarre, Omar Buscellato y Andrés Alejandro Martín.
Tras el debate los jueces Ismael Manfrín, Román Lanzón y Nicolás Vico Gimena resolvieron condenar al escribano Torres a 12 años de cárcel y una multa de 90 mil pesos e inhabilitación. Mientras que González de Gaetano recibió 7 años de cárcel. El resto de los acusados: Ramona Rodríguez, Omar Buselatto, Andrés Alejandro Martín, Marcelo Jaef, Vanina Viglione y los escribanos Aliau, Gordó y Kurtzemann resultaron absueltos.
La sentencia fue apelada y el caso quedó en manos de los camaristas Javier Beltramone, Gabriela Sansó y Carolina Hernández resolvió confirmar el decisorio, aunque modificó la sanción impuesta al sindicalista, la que se redujo de 7 a 5 años.
