El juez Federal de Victoria, Federico Ángel Martin, homologó dos acuerdos de reparación integral en materia de contaminación ambiental en dos casos abiertos por la realización de fiestas clandestinas en el Delta, conoció ERA Verde. Un corresponde al parador «Garden Island” de la isla La Invernada, de agosto de 2022, y el otro del parador “Varsovia”, de febrero de 2023. En ambos casos se acusa a los responsables de desobediencia judicial por la violación a la medida cautelar Federal vigente de protección de los humedales de las islas de Victoria. Esta instancia se realizó por pedido de la fiscal Federal a cargo, Rosana Luggren. Los culpables deberán abonar 500 mil y 300 mil pesos respectivamente, que serán destinados para solventar gastos de la Asociación Bomberos Voluntarios y el Hospital Geriátrico Domingo Cuneo de Victoria. Además, los imputados deberán comprar y plantar 50 y 30 plantines de ceibo cada uno y realizar un curso en materia ambiental ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.
El titular del juzgado federal de Victoria, Federico Ángel Claudio Martín, homologó el 25 de abril dos acuerdos de reparación integral en materia de contaminación ambiental para dos hombres acusados de desobediencia judicial por haber violado una medida cautelar tendiente a proteger de alteraciones en el medio ambiente en el Delta del Paraná. Se trata de dos expedientes iniciados por la realización de fiestas electrónicas ilegales en la zona donde se encuentra la isla “La Invernada”, ubicada en el ejido de la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos. La resolución del caso se dictó en línea con el pedido de la auxiliar fiscal de la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, Rosana Luggren, y conforme a los acuerdos a los que había arribado con la defensa de los imputados.
De esta forma, se apuntó oficialmente, uno de ellos deberá abonar la suma de 500 mil pesos y el otro 300 mil, los cuales se repartirán en mitades para la Asociación Bomberos Voluntarios y el Hospital Geriátrico Domingo Cuneo, ambas instituciones de la ciudad de Victoria. Además, los imputados deberán comprar y plantar 50 y 30 plantines de ceibo cada uno, “especie en extinción en la zona de humedales”, y deberán realizar un curso en materia ambiental ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, se agregó.
LOS CASOS
El primer caso por el cual ahora se arribó a los acuerdos se inició el 7 de agosto de 2022, en el marco de las actuaciones de prevención llevadas a cabo por la Prefectura Naval Argentina en el parador «Garden Island”, propiedad de Garden Producciones SRL, cuya cabeza visible es el abogado Federico Fernández Garrone. Este expediente se inició por el posible incumplimiento de la medida cautelar dictada en julio de 2020 por el Juzgado Federal N° 2 de Paraná, a cargo del juez Daniel Edgardo Alonso, que había dispuesto “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques o terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema”.
En esa oportunidad, tal como informó ERA Verde, se labraron las actas pertinentes, dado que la fuerza de seguridad constató la realización de trabajos hídricos y la presencia de maquinarias en el lugar. En las diligencias se identificó a un hombre responsable del parador, a quien se notificó de la existencia de la vigencia de la medida cautelar. Sin embargo, el 9 de octubre de 2022 autoridades municipales verificaron la realización de un espectáculo público, para el cual no se había emitido el permiso correspondiente.
Con esas constataciones, el juez Martín delegó la investigación del caso en el Ministerio Público Fiscal, en los términos del artículo 196º del Código Procesal Penal de la Nación.
La defensa del imputado ofreció una reparación integral del daño eventualmente ocasionado, como una salida alternativa a la sanción penal, y solicitó la extinción de la acción penal y consecuente sobreseimiento de su defendido.
Es así que finalmente, el 19 de marzo pasado, la auxiliar fiscal Luggren requirió en virtud de aquella solicitud al Juzgado Federal de Victoria que fije una audiencia de homologación. En su pedido, la representante del Ministerio Público Fiscal destacó que, cuando el daño es irreversible, como en el caso, se pretende la aplicación de medidas de mitigación. Indicó además que los instrumentos financieros destinados a apoyar la reparación “pueden utilizarse para restaurar o compensar daños ambientales, para prevenir daños futuros, para prestar asistencia a los grupos y las comunidades, o para emprender actividades de educación y sensibilización”.
Por otro lado, se refirió a las medidas alternativas para la resolución de conflictos previstas en las normas procesales vigentes y, al respecto, sostuvo que “es dable destacar el rol que debe asumir este Ministerio Público Fiscal, quien, conforme lo establece la Resolución PGN 92/2023, debe velar por la defensa y aplicación de los métodos alternativos de solución de conflictos, los criterios de oportunidad y las medidas de coerción que resulten compatibles con el sistema establecido en el Código Procesal Penal de la Nación y su par, de parcial aplicación, en materia Federal”.
En tal sentido, consideró que en este caso “resultaría aplicable –en principio– la solución pretendida por la defensa, consistente en la aplicación del instituto de la reparación integral, debiendo hacerse lugar a la a propuesta preparatoria esgrimida por la defensa”.
La segunda investigación se originó el 11 de febrero de 2023, en el marco de las actuaciones de prevención llevadas a cabo por personal de la Delegación en Islas de la Municipalidad de Victoria y de la Policía de Entre Ríos para constatar la realización de un espectáculo público en el parador “Varsovia”, perteneciente también a la Isla La Invernada. En las diligencias, por una fiesta “fantasma” –como describieron funcionarios de seguridad a ERA Verde– fue identificado un hombre que revestía el carácter de socio responsable del emprendimiento. En esa oportunidad, se hicieron presentes los efectivos, quienes verificaron el incumplimiento de la misma medida cautelar dictada en 2020 para la protección de la zona.
Una vez que tomó intervención la Fiscalía Federal de Victoria, y luego de recibirle declaración indagatoria, se le imputó al sujeto el delito previsto en el artículo 239º del Código Penal, esto es, desobediencia judicial, que reprime con pena de prisión de quince días a un año de prisión a quien «resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal». Tras el pedido de la defensa, el acuerdo se homologó en los mismos términos que el caso anterior.
Fuente: eraverde.com.ar
