El Tribunal también dictó los procesamientos de Adelina Dalesio de Viola, Mabel Behal, Jorge Pereyra de Olazábal, Ricardo Cossio, Santiago Lozano, Alberto Noé Carballo y Augusto José Rodríguez Larreta, con embargos que van desde los cien mil a los 650.000 pesos, al revocar las «falta de mérito» de que gozaban.
Entre los ex funcionarios de menor rango procesados por los camaristas como «partícipes necesarios» del delito de «peculado» se encuentran Raúl Castellini, Heriberto Jorge Baeza González, José Alberto Torzillo y José Domingo Coronel.
Para calificar la conducta de los ex funcionarios los camaristas recordaron que la figura penal del «peculado» reprime al «funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo».
Mediante esas maniobras «distintas sumas de dinero que originalmente estaban asignadas a gastos de carácter reservado» fueron a parar a «manos de una gran cantidad de funcionarios públicos -Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios», dijeron los magistrados.
«Se ha acreditado que durante los dos mandatos presidenciales de Carlos Saúl Menem se ideó, se ejecutó y se desarrolló» esa práctica, sostuvo el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi al dictar los procesamientos ahora confirmados por la Cámara.
Martínez de Giorgi explicó, en primera instancia, que de las maniobras participaron «funcionarios de más alta jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional».
Desde esos despachos se implementó «un sistema por el cual se destinó dinero público para el pago de sumas a funcionarios de ese poder del Estado, las cuales eran repartidas de manera discrecional e informal entre ellos».
«El origen del dinero que fue utilizado para alimentar el fondo general de sobresueldos, se reconoció en las partidas asignadas por Ley de Presupuesto a gastos reservados, las cuales fueron engrosadas considerablemente entre 1989 y 1999, y entre 1988 y 2001, que alcanzaron un total de 4.152.827.200 de pesos» explicó Martínez de Giorgi.
El juez recordó que «la existencia de dichos fondos y su carácter secreto responden a la necesidad de cubrir gastos de los organismos con competencia en seguridad e inteligencia nacional, conforme lo establecían las leyes cuyo carácter secreto ya fue levantado por la ley 26.134», no obstante lo cual fueron desviados para el pago de sobresueldos.
De esa resolución se desprende que Menem «fue quien habilitó el sistema de pago y que pudo haber evitado la distribución del dinero, pero no lo hizo», según estimó Martínez de Giorgi.
En el fallo ahora confirmado se señaló que «el uso de fondos reservados de manera indiscriminada» durante aquella gestión también fue para otros «fines ajenos a la seguridad e inteligencia nacionales».
«Más allá de esta intervención concreta en la maniobra en sí misma, varios testigos se refirieron a la utilización de fondos reservados para fines ajenos a la seguridad e inteligencia nacionales», remarcó el magistrado.
