“Esperanza” era una cooperativa de trabajo que funcionó por treinta años y contenía e integraba a mayores con discapacidades mentales Fue creada por los padres de estas personas que no encontraban un lugar de contención y posibilidades laborales. Tenía su sede en Pichincha. Las dificultades para su sostenimiento vinieron dando señales durante los últimos años pero la pandemia terminó de complicar la situación. Ahora uno de sus ex integrantes de comisión que vio un cartel de venta en la sede de Esperanza, presentó una denuncia ante la Dirección de Cooperativas. El hombre se enteró que la propiedad se había vendido y la provincia replicó la presentación en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que investiga el hecho.
Juan Enrique Riz, fue vicepresidente de la cooperativa y fue quién dio aviso de la situación. “La entidad se dedicaba a la venta de insumos de limpieza, tenía una canchita de césped sintético y aparatos de gimnasia para los chicos. Todos recibían un salario por el trabajo que realizaban. Hasta antes de la pandemia funcionó bien, pero luego se cambió la comisión directiva, sin mi conocimiento, en forma irregular. Concurrí a la inmobiliaria a denunciar la situación, me mostraron papeles firmados y me dijeron que estaban en regla. Luego denuncié el hecho en la Dirección de Cooperativas, donde también me muestran documentos firmados por integrantes de la cooperativa, y finalmente hice una denuncia penal”, refirió el comunicado.
Desde el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, informaron que se presentó una denuncia ante el MPA por irregularidades en la venta de la propiedad que la cooperativa tenía en Richieri 139.
Desde el gobierno explicaron que esta decisión se enmarca en las acciones que desarrolla para prevenir maniobras inmobiliarias irregulares con el fin de proteger a las instituciones intermedias. Y en la denuncia piden que se determine si con la operación inmobiliaria se cometió un delito que perjudique a la cooperativa. Por lo que requieren la individualización de autores, cómplices o instigadores.
La información se conoció a través de un ex vicepresidente de la cooperativa que se enteró de la venta del inmueble “sin que conste la participación de ninguna de las autoridades legalmente constituidas de la cooperativa”. Ante esta información, autoridades del Gobierno provincial se acercaron a la institución para conocer los detalles del hecho y pudieron detectar que la propiedad había sido vendida y que quienes firmaban en representación de la cooperativa no eran autoridades inscriptas en el Registro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Santa Fe”, refiere la comunicación oficial.
Protección estatal
Debido a la detección de maniobras defraudatorias con propiedades y para proteger a los clubes de barrio y a las vecinales es el principal objetivo de dos disposiciones emitidas por el Gobierno de la Provincia, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble, mediante las cuales se establece un trámite obligatorio para las instituciones intermedias que quieran vender alguna propiedad de la entidad.
“Tenemos instrucciones del gobernador, Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, para desde las áreas del Estado detectar cualquier maniobra irregular que esté persiguiendo la realización de alguna estafa inmobiliaria en cualquier punto de la provincia”. Asimismo el funcionario enfatizó: “Vamos a ir contra quienes también cometen delitos de guante blanco. Muchas veces a quien realiza un arrebato en la vía pública le cae todo el peso de la Ley, pero quienes roban millones de pesos y en este caso inmuebles valuados en grandes sumas de dinero, también tienen que ser juzgados y tendrán que cumplir la condena que les corresponda”, dijo el secretario de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.
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