El Juzgado Federal N°4 de Rosario indagó este martes al condenado Esteban Lindor Alvarado en carácter de jefe de una asociación ilícita dedicada a cometer delitos contra las personas, contra la propiedad y contra la administración pública y, en particular, el lavado de activos provenientes de esas actividades ilícitas, de conformidad con el requerimiento formulado por el fiscal general a a cargo del Área de Investigación y Litigación de casos complejos de la Unidad Fiscal Rosario -litigio oral estratégico-, Federico Reynares Solari, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, el fiscal coadyuvante de la delegación Rosario, Juan Argibay Molina, y al fiscal federal a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos -narcocriminalidad-, Matías Felipe Scilabra.
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La declaración indagatoria de Alvarado fue realizada luego de que el juzgado, a pedido de los representantes del MPF, se declarara competente el 16 de mayo pasado para intervenir en una investigación remitida por el fuero provincial. La imputación a Alvarado estuvo centrada en el hecho de haber ejecutado acciones coordinadas junto a otras personas también imputadas, como la utilización de testaferros a efectos de «operar con, inscribir y/o registrar la titularidad de inmuebles, automotores, embarcaciones, aeronaves». También debió defenderse de la acusación de haber creado, capitalizado y utilizado -desde al menos mayo de 2022 hasta abril pasado- la distribuidora de carbón que opera en plaza bajo el nombre de Carbón Rosario, «un fondo de comercio mediante el cual se puso en circulación bienes de origen delictivo», señalaron los fiscales.
La imputación por estos hechos también se extendió a otras diez personas, en carácter de integrantes de la asociación ilícita dedicada al lavado de activos, quienes serán indagadas entre hoy y mañana.
De acuerdo con la imputación, Alvarado ejecutaba los delitos desde la cárcel federal de Ezeiza, donde se encuentra cumpliendo una pena a 15 años de prisión por transporte de estupefacientes. La fiscalía sostuvo que, desde allí, “ordenaba distintas actividades ilícitas a personas en particular, ordenando los pagos de sumas de dinero correspondientes y las maniobras financieras a realizar».
En efecto, según indicaron los fiscales, «entre otras maniobras delictivas en pos de la obtención de sus fines, se encuentra la utilización de testaferros para la adquisición de vehículos con dinero habido de sus negociados ilícitos, [y] las órdenes de usurpación de galpones en distintos puntos de la ciudad para resguardar los bienes adquiridos en su nombre valiéndose para ello del poder de fuego que posee la organización a los fines de concretar las acciones extorsivas que preceden a la ocupación efectiva de los inmuebles”.
